Mérida, Yuc. (apro).- El gobernador Mauricio Vila Dosal aseguró que está en contacto con la Fiscalía General del Estado (FGE) para dar seguimiento al caso del veracruzano José Eduardo Ravelo Echevarría, quien falleció luego de ser detenido, violado y torturado presuntamente por policías municipales. 

El muchacho, de 23 años de edad y quien emigró a Mérida en busca de empleo, fue detenido por policías municipales la mañana del pasado 21 de julio y liberado al día siguiente. Falleció en el hospital O´Horán a causa de las lesiones que sufrió al ser violado tumultuariamente y torturado. 

La víctima alcanzó a denunciar ante la FGE lo que le ocurrió. Además, su madre, antes de llevárselo a Veracruz, se plantó con el féretro que contenía el cadáver en la entrada del palacio de gobierno donde exigió al mandatario que no deje impune el crimen. 

También presentó su queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) porque además de lo que le ocurrió con los policías, en el hospital donde falleció el pasado 3 de agosto a causa de sus lesiones, en principio se le negó la atención y se le preguntó si era gay. 

Ayer, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) se sumó al reclamo de justicia por la muerte de José Eduardo y pidió a las autoridades investigar el caso con perspectiva antidiscriminación y de derechos humanos y determinar si hubo negligencia en el hospital al que acudió y en la asesoría legal que se le brindó para denunciar su caso. 

Hoy, en conferencia de prensa, Vila Dosal lamentó lo sucedido al joven y aseguró que se llegará al fondo del asunto y se sancionará a los responsables para impedir que estas situaciones se repitan. 

Dijo que en Yucatán no se solapará la discriminación ni el abuso y garantizó que quien incurra en esas prácticas será sancionado sin importar el rango que ostente.  

“Desde que se dio este lamentable suceso he estado en contacto con el fiscal y se está llevando a cabo una investigación, como ustedes saben ya hay cuatro policías municipales detenidos que tendrán una audiencia si mal no recuerdo el día viernes”, comentó. 

Insistió en que por parte del ayuntamiento hay desde el principio toda la disposición para esclarecer lo ocurrido “y vamos a llegar al fondo de esto porque los yucatecos merecemos saber qué fue lo que sucedió y sobre todo para que este tipo sucesos no se vuelvan a repetir". 

Afirmó que desde que salió a la luz el caso, su gobierno ha mantenido contacto con la madre de la víctima a través de diversas dependencias de gobierno y se le ha apoya a la familia en lo que se les ha permitido  

Finalmente, anunció que se reforzará la capacitación en materia de derechos humanos a los elementos en los 106 departamentos municipales del estado, así como de la policía estatal en materia de Derechos Humanos. 

“Es necesario tener a nuestros elementos policiacos sensibilizados en la materia y con esto prevenir cualquier tipo de abuso y discriminación”, reconoció. 

Alcalde interesado en el caso

El alcalde Renán Barrera Concha dijo ser el primer interesado en esclarecer las circunstancias de la muerte del veracruzano José Eduardo Ravelo Echevarría, en la que presuntamente están implicados cuatro policías municipales, y pidió a la ciudadanía no anticipar juicios respecto a lo ocurrido.   

Aclaró que nadie en su sano juicio defendería a un homicida o violar, menos si se trata de una autoridad encargada de cuidar a la ciudadanía, pero aseguró que aparentemente los hechos no ocurrieron como trascendieron a la opinión pública. 

En su primera entrevista en torno al caso, el munícipe explicó que el joven, de 23 años, no fue detenido solo por considerársele sospechoso o por sus preferencias sexuales, sino porque se recibieron dos reportes ciudadanos, a las 10:18 y 10:20 horas del 21 de julio, acusándolo de alterar el orden público en el Parque de San Juan. 

Precisó que uno de los reportes que se recibieron indicaba que el muchacho estaba arrojando objetos, al parecer piedras, y golpeó con uno en la cabeza a otra persona quien, junto con quienes le acompañaban, abordó a los patrulleros que estaban en su rondín para quejarse del incidente. 

Barrera aseguró que la detención no fue arbitraria y los policías lo trasladaron inmediatamente a la sede de su corporación para ingresarlo a la cárcel pública, de donde salió por su propio pie a las 11 horas del 22 de julio.     

Destacó que a su llegada se le practicó un examen médico donde consta el estado físico en que se le recibió y además se tiene registrado en video cada instante que permaneció en retención. Aseguró que esas evidencias se entregaron a la Fiscalía General del Estado antes de que el chico falleciera.    

“Tenemos el video de la agresión del joven al ciudadano hasta el momento que es detenido, ingresado, alimentado, procesado con agua para que se recupere y también donde hay un dictamen médico del estado de salud y de las condiciones de su físico. También está el video donde el joven se retira por su propio pie”, dijo el munícipe en una entrevista para el Heraldo Radio. 

“Al menos en el material que hemos proporcionado, en ningún momento se advierte que haya sucedido lo que se denunció”, recalcó, y añadió que fue hasta el 24 de julio, dos días después de que salió de la cárcel, cuando denunció en la FGE que había sido violado y torturado por los policías que lo detuvieron. 

El munícipe señaló que los cuatro policías presuntamente implicados, quienes desde el sábado están detenidos e imputados, acudieron por voluntad propia a dar su declaración en torno al caso. Reveló que entre está uno de los agentes que hace unos días participó en la detención de tres sicarios que mataron a una mujer y un policía.   

No obstante, dijo, los agentes tendrán que enfrentar un juicio donde se esclarecerá lo ocurrido.  

“Ni el gobernador, ni el fiscal, ni el presidente municipal de Mérida, ni ningún otro ciudadano se puede erigir de juez. Habrá que presentar pruebas y habrá que dirimir el asunto ante las instancias correspondientes”, acotó. 

Dijo que mientras tanto, el ayuntamiento continuará en contacto con la madre de la víctima para ofrecerle apoyo económico y en el esclarecimiento de lo que le sucedió a José Eduardo.