CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante el proyecto de liberación de personas privadas de libertad en condición de prisión preventiva, anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina del 29 de julio, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) remitió a la Secretaría de Gobernación (Segob) una serie de recomendaciones para esa iniciativa.
    
La organización enfocó sus consideraciones en el tema de la tortura, una de las condicionantes fijadas por el gobierno federal para excarcelar a personas que podrían ser sujetas al beneficio de preliberación, medida que podría empezar por revisar los casos de mujeres.
    
Según los condicionamientos del gobierno federal, las personas que podrían ser beneficiadas de la excarcelación son aquellas que  llevan más de 10 años sujetas a “un proceso en el fuero federal por delitos ‘no graves’ sin que hayan recibido sentencia; que sean adultos mayores de 75 años detenidos por algún delito federal ‘no grave’; que sean adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas, detenidos por algún delito federal ‘no grave’ ; o que acrediten haber sido víctimas de tortura a través del Protocolo de Estambul y se encuentran en centros de readaptación federales”.
    
Para el Centro Prodh, en los casos de sobrevivientes de tortura, las medidas anunciadas serían “efectivas” si “los dictámenes basados en Protocolo de Estambul no son la única prueba a considerar”.
    
Y alentó a que “las liberaciones comiencen en los casos de mujeres sobrevivientes de tortura sexual”, documentados por organizaciones sociales.

Se recomendó a la Segob “que no se excluyan de la medida casos probados sólo en razón del delito imputado” y que se aliente a los gobiernos de los estados a “adoptar medidas similares”. 

Finalmente, la organización social sugirió que para hacer efectivo el proyecto presentado por el gobierno federal, sería importante incorporar “asistencia técnica internacional”.