MEXICALI, BC.- Los seis consejeros ciudadanos del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) suspendidos la semana pasada por la Secretaría de Honestidad y Función Pública, reclamaron hoy ante la  Contraloría del gobierno estatal, la falta de legalidad del acto al alegar que no son servidores públicos.

Eduardo Arredondo, actual presidente del SEA, Jorge Topete, Claudia Téllez, Fermín Espinoza, Omar Marrón y Francisco Fiorentini, este último primer presidente del SEA, se ampararon también contra los actos de las autoridades del estado y entregaron a la Dirección Jurídica y Situación patrimonial de la Contraloría, el escrito de reclamo,

El presidente, Arredondo dijo en conferencia de prensa que algunos amparos no fueron admitidos bajo el argumento de que primero deben acudir al Tribunal Administrativo, sin embargo, Jorge Topete, quien lleva el tema jurídico, explicó que justo esa es la parte central del reclamo: que no son servidores públicos por lo que no tiene porqué acudir al tribunal, sino a la justicia federal para que los ampare contra actos ilegales de la autoridad

Claudia Téllez, a quien contradictoriamente sí le admitieron la solicitud de amparo, recordó que desde la sesión del 7 de marzo del año 2020, la titular de la secretaría de Honestidad, Vicenta Espinoza, operó para “tronar la sesión” utilizando para ello al consejero Zurita, quien se encuentra aliado con el sector de gobierno.

Jorge Topete, explicó que ellos fueron suspendidos por no acudir a las sesiones convocada por Ricardo Zurita y Edgardo Silva. Detalló que no asistieron porque se trató de reuniones espurias ya que el único facultado para llamar a un encuentro es el presidente legalmente constituido: Eduardo Arredondo.

A su vez, Francisco Fiorentini, también consejero suspendido, dijo que luego de que el SEA haría la recomendación de que se investigarán los presuntos “moches” en que incurrió el gobierno de transición de Jaime Bonilla con empresarios locales a cambio de contratos futuros, y de que se reclamó la entrega de notarías públicas a la familia del ex gobernador, Xicotencatl Leyva Mortera, decidieron “tronar” las sesiones del SEA, ya que es el único organismo que tiene firmado un convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera lo que implicaría que una vez aprobado el dictamen, esta tendría la capacidad de investigar.

Cauto en sus declaraciones, Fiorentini, expresidente del SEA, evitó señalar directamente al gobernador, Jaime Bonilla de ser el instigador de la remoción del secretario técnico, Luis Irineo y suspensión de los seis consejeros.

En cambio, culpó directamente a la secretaria de honestidad, Vicenta Espinoza de emprender una estrategia en contra del SEA y colocar como integrantes a “gente a modo para que no funcione el sistema”.

Dijo que por lo menos el gobierno de Morena ha demostrado con los ataques al SEA que el ataque a la corrupción “es una simulación”.

Lo que quieren es que se queden los cuates con las cuotas, y sí esta descabezado el Sistema porque el órgano interno de control no existe, se suspendió a la directora administrativa, se removió al secretario técnico, se suspendió a seis de los 8 consejeros ciudadanos que existen, y de los dos que quedaron su periodo concluye el 15 de julio.

“A partir del 15 de julio vamos a estar en el limbo…técnicamente no va a haber nadie desde ese día”, sentenció Fiorentini.