Tras la detención de Genaro García Luna en Estados Unidos, avanzaron en México las investigaciones contra el exsecretario de Seguridad Pública y quien fuera su brazo derecho, Luis Cárdenas Palomino. Por ahora las indagaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera no han logrado relacionar las redes financieras de ambos exfuncionarios de Felipe Calderón, pero sí se descubrió un abanico de empresas fachada que se utilizaron para adquirir inmuebles y realizar transferencias sospechosas.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Este no parece ser el fin de esa historia. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado de dinero a Luis Cárdenas Palomino, quien en el sexenio 2006-2012 fue director general de la Policía Regional Federal y brazo derecho de Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad en el gabinete de Felipe Calderón.

Preso desde el 10 de diciembre de 2019 en Estados Unidos, García Luna es acusado de recibir "sobornos" de organizaciones del narcotráfico, principalmente del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, Cárdenas Palomino es el primer personaje cercano a Genaro García Luna en ser investigado y denunciado.

En entrevista señala que el expresidente Calderón no tiene vínculo con la red financiera de lavado de dinero que se les detectó a los dos policías encargados de la seguridad en su sexenio.

Una semana después de la detención de García Luna, Nieto anunció el congelamiento de cuentas de Cárdenas Palomino. Esto fue el detonante para iniciar la investigación que llevó a la UIF a detectar empresas "simuladoras" mediante las cuales el que fuera brazo derecho de García Luna recibía millonarios depósitos.

Esas firmas, así como nueve propiedades que adquirió, forman parte de la denuncia presentada hace un mes contra él por lavado de dinero ante la FGR. La carrera de Cárdenas Palomino, quien llegó a tener bajo su mando a más de 36 mil agentes, quedó marcada por la balacera entre policías federales que se desató el 25 de junio de 2012 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por un problema de tráfico de drogas y causó la muerte de tres uniformados.

Cárdenas Palomino culpó a tres policías, pero dos de ellos -Daniel Cruz García y Zeferino Morales Franco- dijeron a Proceso en julio del mismo año que el entonces jefe de Seguridad Regional de la Policía Federal protegía las actividades del narcotráfico en el AICM. Al concluir el sexenio de Calderón, Cárdenas Palomino encontró cobijo de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, Elektra y Banco Azteca. Desde enero de 2013 ocupó la dirección de

Adamantium, filial de Grupo Salinas dedicada a la seguridad privada y el espionaje, como publicó este semanario en su edición del 22 de diciembre de 2019. No por eso cortó sus vínculos con el gobierno federal. Durante la administración de Enrique Peña Nieto -cuyo consejero jurídico, Humberto Castillejos Cervantes, fue cuñado de Cárdenas-, Adamantium recibió por lo menos 24 contratos públicos por un total de 510 millones 470 mil pesos.

Dichos contratos, que Proceso detectó en la plataforma Compranet, abarcaron servicios de seguridad en infraestructuras estratégicas del país: el AICM, estaciones de combustibles operadas por Aeropuertos y Servicios Auxiliares, así como los puertos de Manzanillo y Veracruz. Según Nieto Castillo, la investigación de la UIF detectó que Cárdenas Palomino recibió sueldos y salarios de las empresas Cofimsa S.A. de C.V., y de Soluciones y Administraciones Muran, la cual tiene una averiguación previa ante la FGR en 2014.

Las dos están enlistadas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como empresas "fachada" para la adquisición de inmuebles. Se descubrió que en 2014 Soluciones Administrativas Muran le mandó 1 millón 500 mil pesos en forma directa a Cárdenas Palomino, en tanto que entre 2015 y 2016 le envió 300 millones de pesos a la empresa JAZ-AM Constructions.

Ésta, a su vez, le depositó a Cárdenas 1 millón de pesos. JAZ-AM tiene su domicilio fiscal en la Ciudad de México; sus accionistas son María Angélica Anaya Cadena y José de Jesús Reyes Alpízar.

Según los datos que subió a internet, JAZ-AM tiene su domicilio fiscal en avenida Baja California número 274, piso 2b, entre Villahermosa y Chilpancingo, colonia Hipódromo, delegación (sic) Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Señala que se dedica a la asesoría y consultoría de carácter integral, comercial y legal, financiera, económica, corporativa, administrativa, contable, fiscal laboral que abarquen las actividades profesionales de empresas turísticas, avícolas, agrícolas, ganaderas y de servicios; la comercialización y distribución de productos enfocados en refacciones, materiales de construcción y materias primas. Al consultar la liga de Facebook a la que envía su sito oficial, aparece el mensaje: "Este contenido no está disponible".

Proceso envió un correo electrónico a la cuenta contacto@jazam.com.mx para solicitar una entrevista. No hubo respuesta. Ese mismo año Cárdenas Palomino recibió otras transferencias: La empresa Esfaga SC le envió 2 millones de pesos.

Dicha firma, que tiene como objeto proveer servicios de contaduría, también fue clasificada en el SAT como simuladora en 2019. Sus accionistas son Francisco de Jesús González Villegas, Pamela Pérez Medina y María Leticia Medina García. Tanto Esfaga como JAZ-AM se constituyeron en 2012, al concluir el encargo de Cárdenas Palomino en la División de la Policía Regional Federal.

Por las operaciones financieras de Cárdenas Palomino se detectó que estas empresas le enviaron dinero "sin justificación aparente", ya que no existe ninguna factura que ampare esas sumas. Incluso la Secretaría de Hacienda publicó en el Diario Oficial de la Federación del 1 de julio de 2019 una lista de empresas que "emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes".

Esfaga SC aparece en la lista de esos contribuyentes, y aunque recibió la primera notificación al respecto el 24 de enero de 2016, en tres años no logró desvirtuar legalmente la acusación. Acusaciones La UIF inició la investigación contra Cárdenas Palomino en diciembre de 2019 y en abril pasado presentó ante la FGR una denuncia por lavado de dinero, con la cual puede configurarse el delito de corrupción.

Al analizar las triangulaciones financieras de las empresas mencionadas, la UIF detectó la adquisición de varios inmuebles: En 2012, al finalizar el sexenio de Felipe Calderón, Cárdenas Palomino adquirió por 4 millones de pesos un inmueble en Privada de Montecarlo (no se consigna la ubicación exacta); en 2014 compró otro en el estado de Guerrero por 400 mil pesos. Posteriormente vendió tres propiedades: una en 2014 por 5 millones de pesos; en 2018 una por 4 millones 200 mil pesos y otra por 2 millones. En el periodo que abarca la investigación financiera no aparece cuándo adquirió estos inmuebles.

Además, la compañía Smart Chet Consulting, propiedad de Cárdenas Palomino, no tiene operaciones financieras registradas, pero se le liga con la compra de seis departamentos en 2016, todos en calle Lago de Zurich número exterior 168, en la exclusiva zona de Polanco, en la Ciudad de México.

Tres de esos inmuebles le costaron 1 millón 500 mil pesos cada uno; otro 1 millón 500 mil pesos, uno más en 900 mil pesos y el último en 800 mil. La UIF considera que el exjefe policiaco no demostró la procedencia legal de los recursos con que adquirió esas propiedades y lo denunció ante la FGR.

En el expediente se consigna que los sueldos del exfuncionario no son congruentes con las compras. Por ejemplo, de 2013 a 2018 declaró ingresos por 3 millones de pesos, mientras que en 2016 -año de las adquisiciones- declaró 700 mil.

Después de analizar la red de operaciones financieras de Cárdenas Palomino también se detectó un depósito que le hizo en 2014 a su madre, la señora María del Pilar, por 200 mil pesos. Ella utilizó el dinero como parte del pago de un inmueble con valor de 4 millones de pesos en el Estado de México.

Este es el único vínculo familiar en la red financiera investigada. No obstante, hasta ahora la UIF no ha detectado ningún indicador contundente que vincule a Cárdenas Palomino con su exjefe García Luna. El único lazo demostrable es la relación laboral que los unió, razón por la cual se les denunció por separado.

Después de que Nieto Castillo dio a conocer que la UIF ordenó el congelamiento de las propiedades de Cárdenas Palomino, éste no interpuso ningún amparo para que se le devuelvan ni recurrió a la garantía de audiencia, recurso de defensa del que se vale un acusado que puede justificar la procedencia lícita de sus bienes.

Con todo, Cárdenas Palomino no es ajeno a los señalamientos que el gobierno de Estados Unidos hace contra Genaro García Luna: en noviembre de 2018, casi en paralelo al juicio de Joaquín El Chapo Guzmán en una corte de Nueva York, se llevó a cabo otro proceso judicial en la Corte de Distrito Norte de Chicago.

Ahí se procesó al excomandante de la Policía Federal Iván Reyes Arzate, arrestado por las autoridades de Estados Unidos en abril de 2017 bajo el cargo de colaborar con los cárteles de Sinaloa y de los hermanos Beltrán Leyva. Un testigo clave fue Sergio Villarreal Barragán, El Grande, lugarteniente de los Beltrán Leyva.

De acuerdo con la periodista Anabel Hernández, quien tuvo acceso a las declaraciones del Grande, el narcotraficante reveló que Genaro García Luna y su "compadre" Luis Cárdenas Palomino colaboraban para el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva cuando ambos trabajaban en la Secretaría de Seguridad Pública, durante el sexenio de Felipe Calderón. Concretamente, El Grande describió encuentros de Cárdenas Palomino con Arturo Beltrán Leyva.

Texto publicado en la edición 2271 del semanario Proceso cuya versión digital puedes adquirir en la tienda digital.