CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La Comisión Federal de Electricidad (CFE), a cargo de Manuel Bartlett, acusó al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) de responder a intereses empresariales y políticos que se oponen al rescate de la propia Comisión.

El pasado 20 de julio, el IMCO presentó un estudio en el que acusa a la CFE y sus subsidiarias de distorsionar los estados financieros.

De acuerdo con el Instituto, a cargo de Valeria Moy, la CFE incurre en transferencias entre las empresas subsidiarias que tienen utilidades y las que presentan pérdidas, en contra del espíritu de los Términos para la Estricta Separación Legal (TESL) publicados en 2016 y que obligan a la paraestatal a participar en las distintas actividades que conforman la industria eléctrica como son: generación, transmisión, distribución, comercialización y proveeduría de insumos primarios.

"De esta forma, los estados financieros no reflejan la situación real de las distintas subsidiarias de la CFE, pues ocultan las transferencias de recursos o subsidios cruzados. Esto no solo tiene implicaciones negativas en términos de transparencia, sino que afecta los incentivos de las distintas subsidiarias que son partícipes, así como el funcionamiento y la competencia en el mercado eléctrico", explicó el IMCO.

En respuesta, en un comunicado firmado por Luis Bravo Navarro, coordinador de Comunicación Corporativa de la CFE, señala que dicho estudio es “malicioso”, que es falso que la Comisión incurra en prácticas indebidas, pues únicamente emplea instrumentos contables convencionalmente aceptados en México y a nivel internacional.

Sostiene la CFE que el IMCO no es un centro de investigación en política pública, apartidista y sin fines de lucro, centrado en la promoción de la competitividad de México, sino que sus directivos, financiamiento y posiciones responden a intereses más allá de lo académico.

“Su Consejo Directivo está conformado por miembros de una élite firmemente posicionada, beneficiaria de privilegios que hoy se combaten. Se encuentran, por ejemplo: un exsecretario de Hacienda y un exembajador del sexenio de Salinas; negociadores del Tratado de Libre Comercio; una funcionaria de la Secretaría de Gobernación con Vicente Fox; algunos de los empresarios más ricos del país y personajes que abiertamente se han declarado opositores al gobierno del presidente López Obrador”, señala la CFE.

Además, acusa que la composición de dicho Consejo responde a sus fuentes de financiamiento: el Consejo Mexicano de Negocios es su principal patrocinador; también tiene apoyos internacionales como la William and Flora Hewlett Foundation y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

“El IMCO existe y subsiste por empresarios y actores internacionales (bajo el velo de filantropía y cooperación para el desarrollo) cuya agenda energética es afín a la apertura del sector a la iniciativa privada, en detrimento de las Empresas Productivas del Estado”, acusó la Comisión.

Según la CFE, el IMCO fue un activo promotor de la reforma energética de 2013, pronunciándose en sus publicaciones a favor de que los recursos naturales del país fueran explotados por inversión privada y extranjera.

“De tal magnitud era el interés del IMCO en la aprobación de aquella reforma que Juan Pardinas, por su entonces director y actualmente director editorial del periódico Reforma, señaló que, en aras de imponer la reforma energética, el gobierno de Peña Nieto debía actuar con contundencia, por encima de los intereses o de conflictos con la izquierda y los sindicatos. Añadía que no se le debía temer al conflicto, ya que realmente las cosas no podían cambiarse sin cierto grado de conflicto”, señala la CFE en su largo comunicado difundido en su portal.

Explica que las operaciones no constituyen subsidios cruzados, ya que no caen en las definiciones económicas ni fiscales de estos conceptos, y en cambio son aplicaciones de mejores prácticas internacionales, descritas por ejemplo en las “Guías para Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales”, emitidas por el Consejo para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Asegura que cada año los resultados de estas operaciones y su registro son revisados y validados exhaustivamente por diversas instancias. Primero, por un Comité de Auditoría compuesto exclusivamente por los consejeros independientes de la CFE, en el cual ha participado un miembro del Consejo Directivo del IMCO y el actual coordinador de Energía del propio instituto, al haber sido asesor de los consejeros independientes.

Además, asegura que los estados financieros son también dictaminados por auditores externos y transparentados ante las autoridades fiscales y bursátiles en México y en los mercados, en los cuales la CFE es un emisor de reconocida solvencia y alto cumplimiento de estándares.

La propia publicación del IMCO refiere que estas prácticas se han realizado desde el 2015, pero es hasta hoy, seis años después, que lo señalan.

“Se reitera, las afirmaciones del IMCO son mal intencionadas y forman parte del ataque permanente al que está sujeta la CFE”, sostiene la institución a cargo de Manuel Bartlett.