CIUDAD DE MÉXICO (apro).—La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) impugnó la exoneración de José Luis Vargas, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), acusado de corrupción.

No solo eso, también presentó una nueva denuncia el pasado 22 de junio en contra de seis personas, dos físicas y cuatro morales, los cuales operan instrumentos financieros y corporativos, donde se identificaron diversos depósitos en las cuentas bancarias de un familiar, mismos que no guardan relación directa con lo declarado ante la autoridad hacendaria.

Asimismo, la UIF señaló que se conocieron transferencias con destino al extranjero y constitución de personas morales cuya finalidad no se justifica, al haber funcionado únicamente como captadoras de recursos provenientes de empresas con características de “posibles fachada”, para posteriormente dejarse sin funcionalidad.

Desde diciembre de 2020 la UIF investiga supuestas irregularidades en el patrimonio del magistrado, por erogaciones superiores a sus ingresos reportados.

Los datos que circulan se refieren a que en los siete años previos al inicio de esas investigaciones Vargas gastó en inmuebles y otras adquisiciones 36.7 millones de pesos, aunque ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó percepciones por 16.7 millones.

Respecto al ejercicio de la no acción penal que el Ministerio Publico propuso el día 15 junio por el delito de enriquecimiento Ilícito, la UIF a través del personal de la Dirección General de Procedimientos Legales consultaron la información en la que el MP argumentó y se pronunció únicamente en dicha determinación por enriquecimiento ilícito.

Por tal motivo y conforme al artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la UIF impugnó la determinación ante el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, misma que se radicó el medio de impugnación en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte.