CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–  La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General de la República (FGR), una sexta denuncia en contra de Emilio Lozoya Austin y 11 personas físicas más, así como 33 personas morales por los probables delitos de corrupción política y desvío de recursos públicos mientras fue director de Pemex.

Se explicó que en el análisis realizado, la UIF identificó un esquema de lavado de dinero en Pemex durante los años de 2012 a 2016 por medio de contratos otorgados a 34 empresas relacionadas con Odebrecht, por millonarias cantidades de dinero, que se integraron en tres niveles de operación para favorecer a servidores públicos mexicanos y posiblemente financiar campañas políticas.

En el primer grupo de operaciones, las empresas fueron las receptoras de los recursos públicos erogados por Pemex y organismos gubernamentales de forma injustificada, destacando que éstas guardan relación directa con Odebrecht, por medio de diversos vínculos corporativos, financieros y/o comercial, se informó en un comunicado.

Entre estos, la UIF destaca una empresa de Odebrecht la cual, durante la administración de Emilio registró de 2014 al 2016, transferencias por más de tres mil millones de pesos supuestamente por concepto de pagos por la prestación del servicio de “construcción” a favor del gobierno federal; sin embargo, dichos servicios no fueron realizados, por lo que posiblemente fue parte de la mecánica de las operaciones.

En el segundo grupo de la operación, las empresas recibieron los recursos del primer grupo y se encargaron de transaccionarlos y estratificarlos mediante un esquema de triangulación de recursos, para posteriormente enviarlos a empresas con características de fachada las cuales se encargaron de difuminar los rastros de los activos ilícitos mediante un esquema de dispersión de recursos.

Por medio del retiro masivo de efectivo en zonas donde se llevaron a cabo comicios electorales, como en Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y Ciudad de México, esta última ciudad pudiera estar relacionada con los pagos derivados de sobornos a favor de Emilio Lozoya.