CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El senador Salomón Jara, de Morena, anunció que propondrá un punto de acuerdo para llamar a que el Instituto Nacional Electoral (INE) sancione a quienes busquen boicotear la consulta popular del próximo 1 de agosto, sobre si la ciudadanía está de acuerdo en que se emprenda un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas del pasado para garantizar justicia a las víctimas.

El legislador señaló que existe una campaña para coartar la participación ciudadana en la consulta popular y la autoridad electoral debe investigar y sancionar a los responsables, quienes con sus descalificaciones y llamados a no participar “atentan contra el derecho constitucional de las y los mexicanos a ejercer su derecho al voto y a la participación”.

“El PAN se ha empeñado en desacreditar la consulta, incluso desde la tribuna del Senado, lo que es muy grave porque se trata de un instrumento de participación ciudadana que aprobamos en esta Cámara”, acusó Jara.

“Una democracia participativa es el mayor temor que tienen los sobrevivientes del régimen neoliberal para mantenerse impunes y reinstalarse en el poder en el corto plazo, por eso Vicente Fox y Felipe Calderón, entre otros personajes de la oposición, están tan activos en redes sociales descalificando la consulta y llamando a no participar”, añadió.

Por ello, Jara dijo que, para “neutralizar el boicot”, propondrá un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicite al INE que tome medidas ejemplares para evidenciar y, en su caso, sancionar a los actores que buscan boicotear la consulta popular.

En su propuesta de punto de acuerdo, el senador también solicitará al INE un informe sobre los avances de la organización de la Consulta Popular y cuya difusión oficial comenzará este 15 de julio, como quedó establecido por ley.

En 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó la consulta popular para enjuiciar a expresidentes, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) modificó la pregunta sobre los expresidentes para que no resultara inconstitucional, quedando como sigue:

“Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”.

En una entrevista reciente con el diario español El País, el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, explicó que la pregunta que redactó el máximo tribunal es ambigua y general porque una consulta de este tipo no es una apelación a procesos judiciales, sino a una especie de comisión de la verdad.

“A instrumentos no jurisdiccionales que pudieran generar una salida a conflictos y a sucesos dolorosos para el país. No se podía acotar una pregunta de otro tipo, porque entonces sí hubiéramos tenido un problema de constitucionalidad. Los procesos judiciales no se consultan, pero sí se puede consultar a la gente si quiere o no que se lleven a cabo procedimientos de investigación o de sanación nacional. De justicia transicional”, argumentó.