CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la conmemoración del día de la libertad de expresión en México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó sobre la prevalencia de las agresiones a trabajadores de los medios de comunicación en lo que va de este año, manifiesta en la “radicación de 109 expedientes, de los cuales 38 corresponden a actos cometidos en perjuicio de periodistas”.
    
De esa cifra de quejas de 2021, procesadas por la Quinta Visitaduría a través del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, el organismo destacó que 26 corresponden a casos en los que “se investigan presuntas violaciones a derechos humanos”, lo que habla de la situación de riesgo en que se encuentra el gremio periodístico.
    
“Este contexto preocupa sensiblemente y ocupa a este organismo nacional, ya que la libertad de expresión, de prensa y de acceso a la información, constituyen los pilares fundamentales, junto con el derecho de las audiencias, para el fortalecimiento de las sociedades democráticas”, destacó la CNDH en un pronunciamiento.
    
De igual manera, reconoció la “sensible problemática que enfrentan las personas periodistas y comunicadoras en todo el país, debido a la subsistencia de agresiones en su contra, la incidencia de homicidios vinculados a su labor informativa, así como la impunidad prevaleciente en el esclarecimiento de tales crímenes”.
    
Tras recordar que en reiteradas ocasiones ha llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que “se asegure el pleno ejercicio a la libertad de expresión, de prensa y de acceso a la información”, y que se reconozca públicamente la labor de periodistas y comunicadores, la CNDH lamentó que “México continúa siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina”.
    
Sin proporcionar datos de los agravios, admitió que en México prevalecen agresiones graves como “el secuestro, la desaparición, los atentados a la integridad corporal con armas de fuego y el homicidio”, situaciones que “siguen presentándose de manera alarmante”.
    
De la misma manera, apuntó que las agresiones “por medios indirectos” se mantienen en el país, “como el uso de los tipos penales de injurias, calumnias y difamación, conocidos como ‘delitos contra el honor de las personas’, que subsisten en las legislaciones de algunas entidades federativas; las campañas de desprestigio, y los controles sobre publicidad oficial, entre otros”.

Al destacar que la violación a los derechos al acceso a la información y a la libertad de expresión “no solamente afecta de manera individual al periodista o comunicador al inhibir el ejercicio de su labor, sino también a la sociedad destinataria de la información”, impactando a la colectividad y al tejido social, el organismo llamó a “crear un frente común para apoyar y defender a quienes, inclusive a riesgo de su propia vida, ejercen su libertad de expresión para comunicar, difundir y denunciar públicamente temas que nos atañen a todos, y cuyo fin último es asegurar la participación consciente e informada de la ciudadanía”.

De acuerdo con la CNDH, durante el proceso electoral  “solicitó a diversas autoridades a nivel federal, estatal y municipal de las 32 entidades federativas, la implementación de medidas cautelares para que se garantizaran las condiciones de seguridad, a fin de que todas las personas periodistas y defensoras  de derechos humanos en la República Mexicana estuvieran en aptitud de ejercer libremente su labor informativa y de defensa, durante las etapas del proceso electoral de este año, con especial atención en las mujeres periodistas y defensoras para cesar la violencia de género en su labor, entre otros puntos”.

Tras informar que durante este año la CNDH impartió “once acciones de capacitación, dirigidas  tanto a periodistas y comunicadores como a servidores públicos en general”, el organismo reiteró su llamado a las autoridades federales, estatales y municipales a observar el pleno ejercicio de la libertad de expresión y de prensa como “prioritario en la agenda pública, porque sólo así se asegurará el fortalecimiento del Estado democrático de derecho y, en consecuencia, el irrestricto respeto a los derechos humanos”.