CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras la publicación del informe “Es un secreto. La explotación sexual infantil en escuelas”, realizado por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), 36 organizaciones sociales, académicos y expertos independientes en temas de infancias y adolescencias, exigieron esclarecer los hechos señalados en el informe sobre abusos cometidos en 18 escuelas de siete estados del país.

Asociados en la Alianza por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México (AlianzaMx), los firmantes hicieron un “llamado enérgico a las autoridades competentes para prevenir, atender y sancionar todas las violencias que se ejercen” contra los menores de 17 años en el país, y que se atiendan los abusos sexuales denunciados por ODI, situación que “vulnera los derechos de miles de niñas, niños y adolescentes desde hace mucho tiempo”.

Al reconocer la labor de docentes de las 230 mil 424 escuelas públicas y privadas de nivel básico en el país, y con la convicción de fortalecer las garantías de la infancia y adolescencia en México, la AlianzaMx exigió que la Fiscalía General de la República “investigue y sancione a las personas que vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

Las organizaciones y los expertos en temas de infancia pidieron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que “fortalezca sus mecanismos de supervisión, prevención y sanción de las personas que incurran en cualquier vulneración de los derechos” de la niñez y adolescencia, y urgieron a que se atiendan “las necesidades de promoción, sensibilización y capacitación” sobre los abusos sexuales en Ciudad de México, Baja California, Morelos, San Luis Potosí, Oaxaca, Jalisco y Estado de México, donde se localizan las 18 escuelas mencionadas en el documento elaborado por la ODI.

La AlianzaMX recomendó “fortalecer la capacitación sobre prevención de abuso sexual infantil al personal docente, madres, padres y personas adultas cuidadoras, así como a niñas, niños y adolescentes”; diseñar políticas públicas integrales “para prevenir, atender y sancionar la explotación sexual infantil en todos los espacios (familia, escolar, comunitario)”, así como apoyar con “presupuesto, capacitación y autonomía de ejecución y decisión a la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes”.

Para garantizar los derechos de 30.4 millones de menores de 17 años, los firmantes consideraron indispensable diseñar el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Pronapinna), como se establece en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y que “se priorice el interés superior de la niñez en todas las ejecuciones de gobierno”.

Firmaron el pronunciamiento la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario; Centro Interdisciplinario de Derechos, Infancia y Parentalidad; Corresponsabilidad Social Mexicana; Ch’ieltik Ideas; El Hijo Rojo. Un espacio para la adopción; Fundación México Juega; Infancia Común; Morritos; Pro Niños de la Calle; Fundación Casa Alianza, y la experta independiente Jimena del Castillo.