Decenas de organizaciones y activistas que forman parte del colectivo Espacio OSC alertaron sobre el preocupante incremento de las agresiones contra defensores de derechos humanos y el territorio, así como contra periodistas, y la “ausencia de medidas y políticas” de los tres órdenes de gobierno del país “para prevenir y sancionar los ataques a la vida, integridad y labor de las personas defensoras y periodistas”.

La preocupación compartida por decenas de organizaciones y activistas fue expuesta en una conferencia de prensa, en la que condenaron los asesinatos de los defensores del pueblo yaquis Tomás Rojo, quien había sido desaparecido, y de Luis Urbano Domínguez, así como de los periodistas Saúl Tijerina en Coahuila, Enrique García en Estado de México y Gustavo Sánchez en Oaxaca, este último beneficiario del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras y Periodistas.

“La falta de campañas de reconocimiento sobre la defensa de derechos humanos; ausencia de investigaciones y sanciones penales a las agresiones previas; poca coordinación entre instituciones de los tres niveles de gobierno para garantizar la labor de personas defensoras y periodistas; falta de debida diligencia en la realización de análisis de riesgo e implementación de medidas de protección, en especial con enfoque de género, colectivo y comunitario, y la ausencia de políticas de seguridad dirigidas a la desarticulación de bandas criminales”, son parte del diagnóstico de las deficiencias institucionales que “han posibilitado que personas defensoras y periodistas no cuenten con condiciones seguras para poder realizar su labor”, coincidieron las organizaciones en un posicionamiento dado a conocer este lunes por la directora de Servicios y Asesoría para la Paz (Seapaz), Diana Lepe Sánchez.

Ante los asesinatos de los defensores del territorio y agua, Luis Urbano Domínguez, el 9 de junio, y de Tomás Rojo, quien fue reportado como desaparecido desde el 27 de mayo y su cuerpo localizado sin vida el 17 de junio, el vocero de la tribu yaqui Mario Luna sostuvo que en el noroeste del país y en Sonora hay un “incremento de la violencia” derivado de que “bandas criminales se han apoderado de territorio, dejando a los defensores de derechos humanos y defensores de territorio más vulnerables y  en la mira de los intereses y poderes de facto que operan estas bandas criminales”.

Luna resaltó que el pueblo yaqui arrastra más de una década de agravios, derivados de su oposición a la construcción del acueducto Independencia, que se mantiene en operación a pesar de los amparos ganados por el pueblo originario.

La lucha en contra del megaproyecto impulsado por el ex gobernador Guillermo Padrés, fue reprimida a través del retiro de “recursos económicos, se nos quitaron becas, apoyos para vivienda todas estas acciones provenientes del Estado mexicano, situación que no ha cambiado”, a pesar de que ha habido alternancia de partidos políticos en el gobierno del estado y a nivel federal.

Luna destacó que pese a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto para “hacer llegar la justicia al pueblo yaqui”, en los hechos “hay un recrudecimiento de acciones de represión”, a través de “la criminalización de la protesta, las campañas de desprestigio contra las acciones de resistencia, la desaparición de personajes que tienen peso político, la falta de cumplimiento de las sentencias de amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordenan la suspensión el Acueducto Independencia, que se mantiene em construcción y operación sin manifiesto de impacto ambiental”.

El vocero indígena señaló que paralelo a lo anterior, hay también un incremento de las “acciones violentas del crimen organizado de la región de Sonora y la región noroeste, y desde el año pasado a la fecha, las desapariciones de mujeres y hombres jóvenes pertenecientes a la tribu yaqui se ha incrementado, mientras que la Comisión Nacional de Búsqueda y las autoridades locales “dicen que están rebasadas para atender el problema”.

Paula Saucedo de Artículo 19 alertó que “cada 13 horas se agrede a un periodista”, y recordó que en el último informa de la organización registró 692 ataques a medios y periodistas, lo que representa 14% más que en 2019, mientras que 49% de ellos fueron cometidos por funcionarios públicos.

Puntualizó que en este mes de junio ocurrieron 73 ataques al gremio periodístico, destacando los asesinatos de Saúl Tijerina, en Ciudad Acuña, ocurrido el 22 de junio; el de Enrique García, en Metepec, Estado de México, el 17 de junio, y de Gustavo Sánchez, el 16 de este mes, en Tehuantepec, Oaxaca.

Sobre el último caso, Saucedo resaltó que una semana antes de su muerte, fue notificado de que había sido integrado al registro de beneficiarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, luego de más de un año de haber solicitado ingresar, tras haber sido víctima de amenazas y un intento de homicidio.

Saucedo destacó que desde 2002 a la fecha, Artículo 19 tiene registrados 140 asesinatos de periodistas, 12 de ellos contaban con protección del Mecanismo, y que los ataques contra la libertad de expresión, ocurre ante un gobierno que “estigmatiza, calla y no rechaza la violencia”

Edith Olivares Ferreto de Amnistía Internacional apuntó que en el último informe de la organización, se destacó el asesinato de 24 defensores del territorio en 2020, situación que evidencia que “los riesgos a los que están expuestas en México las personas que quieren defender derechos humanos”.

Al señalar que el año pasado el Mecanismo tenía registrados como beneficiarios a mil 313 personas, entre ellas 887 defensores y 426 periodistas, Olivares cuestionó que hasta ahora el Mecanismo cumpla una función reactiva y no preventiva de la violencia contra esos gremios, a pesar de las recomendaciones de organismos internacionales y de que México ha firmado el Acuerdo de Escazú, que obliga al Estado a proteger a los defensores del medio ambiente.

“Claramente el Estado mexicano no ha estado a la altura de las obligaciones que ha adquirido, como lo muestra la persistencia de ataques y del riesgo de quienes defienden derechos humanos, así como la persistencia de una narrativa que estigmatiza a quienes defienden la tierra, el territorio y el ambiente, hostilidad que legitima los ataques, y que lejos de defender escuchamos un discurso que deslegitima las protesta sosteniendo que provienen de la ‘oposición conservadora”, apuntó Olivares.

Ante el incremento de la violencia, las organizaciones y activistas integrados en el Espacio OSC urgieron a la creación de mesas de trabajo “con la participación de autoridades con facultades para aprevenir, proteger, investigar y reparar el daño” y de personas defensoras y que se implemente el Plan Nacional de Derechos Humanos presentado en diciembre de 2020; exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) que a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) se combata la impunidad en que se encuentran los asesinatos de periodistas y que se aplique el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, y contra defensores, para que las indagatorias “partan de la hipótesis  de su labor de defensa e información”.

Al Mecanismo de Protección, que depende de la Secretaría de Gobernación, el Espació OSC exigió “dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones establecidas en el Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, elaborado por la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en tanto que solicitó a los relatores de Libertad de Expresión y sobre la Situación de Defensores de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Pedro Vaca, Irene Khan, Mary Lawlor y Joel Hernández García, “continuar la observancia sobe la situación en México, y les exhortamos respetuosamente a pronunciarse sobre la situación de violencia y la necesidad de las políticas eficaces para garantizar el derecho a defender y de ejercicio de la libertad de expresión”.