CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El abogado de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, reveló que la fiscalía general de la República (FGR), “estaba perfilando acciones penales” contra el comandante de la fiscalía general del estado de Guerrero (FGE), Humberto Velázquez Delgado "El Guacho", quien fue ejecutado el pasado miércoles 16 en la ciudad de Iguala.

Vidulfo Rosales afirmó que "El Guacho", señalado como líder de una facción del grupo delictivo Guerreros Unidos, era investigado por la FGR porque existen indicios de su presunta relación con la masacre y desaparición de los estudiantes.

Además, advirtió que de 2015 a la fecha, han sido asesinados seis personas consideradas como pieza clave en el caso Ayotzinapa por su participación de forma directa e indirecta en la tragedia registrada en septiembre de 2014.

Incluso, dijo que la ejecución de personajes como "El Guacho", obstaculizan las investigaciones para esclarecer el caso Ayotzinapa, conocer la verdad y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas.

Las declaraciones del defensor de los padres y madres de los 43 normalistas desparecidos de Ayotzinapa, difundidas en una entrevista publicada en la edición del lunes en el periódico El Sur, contrastan con la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la semana pasada descartó que exista una campaña de silenciamiento de personas que pudieron aportar información clave de la tragedia de Iguala.

Al respecto, Rosales Sierra aseguró que la FGR estaba investigando a Humberto Velázquez Delgado "El Guacho", porque formaba parte del grupo de Los Peques o Los Tilos, dirigido por los hermanos Benítez Palacios y considerados como el brazo ejecutor de Guerreros Unidos, y participantes directos en la masacre y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

El abogado dijo que los familiares desconocen la participación de "El Guacho" en el caso Ayotzinapa porque no han tenido acceso a esa parte del expedienté integrado por la FGR, pero dijo que tienen conocimiento de que las autoridades ministeriales “estaba perfilando acciones penales en contra de Humberto Velázquez Delgado, ejecutado hace cinco días frente al cuartel militar de la ciudad de Iguala.

“Claro que estos asesinatos son un obstáculo y eso impide que las investigaciones sean prontas y evita acciones penales rápidas porque se cortan los hilos conductores para llegar al conocimiento de los hechos”, expresó el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Previo a la ejecución del jefe policiaco Humberto Velázquez Delgado, su hijo Jonathán Velázquez fue asesinado en noviembre de 2018 y dos años antes, en junio de 2016, su hermano Julio Velázquez Delgado también fue acribillado en la ciudad de Iguala en el contexto de una purga interna de Guerreros Unidos donde se mencionó a través de narco mantas a El Huacho como líder de una facción del grupo delictivo, indican reportes oficiales de ese entonces.

En julio del 2020, la pandilla de Los Peques o Los Tilos, brazo armado de los hermanos Casarrubias Salgado, anunció que junto con el grupo delictivo Los Tlacos buscaban el control de la plaza de Iguala y desplazar al último reducto de Guerreros Unidos. 

La alianza entre ambos grupos delictivos se hizo pública, a través de narcomensajes y asesinatos, luego de que el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, dio a conocer que solicitaron orden de aprehensión contra 46 servidores públicos de varios municipios de Guerrero, a quienes se vincula con el caso Ayotzinapa. 

Además, a mediados de junio de ese año (2020), la comisión del gobierno federal que investiga la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa realizó una diligencia en la zona minera de Carrizalillo, lugar actualmente controlado por Los Tlacos. 

Según reportes oficiales, en la mina canadiense localizada en ese sitio se refugiaron Los Peques en septiembre de 2014, cuando huyeron de Iguala, y también habrían trasladado a los estudiantes. 

El 11 de octubre de 2014, la agencia de Proceso informó que los integrantes de la pandilla Los Peques o Los Tilos, brazo armado de los Guerreros Unidos y señalados como responsables en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, salieron de Iguala y se refugiaron en el poblado de Carrizalillo, ubicado en el margen del río Mezcala y donde se encuentra asentada una de las principales minas de oro en el país, explotada por empresas canadienses como Gold Corp y Lea Gold. 

Incluso, en noviembre de 2015, habitantes de este pueblo minero, confirmaron la versión y además denunciaron la existencia de narcofosas y que tenían indicios de que los normalistas desaparecidos habrían sido trasladados a este lugar controlado por la industria minera. 

En ese entonces, las autoridades federales se enfocaron en desmantelar la estructura de Los Peques, grupo conformado por la familia Benítez Palacios, pero nunca investigaron la línea que apunta hacia la zona minera de Guerrero donde habrían sido trasladados los normalistas, de acuerdo con los mismos pobladores.