CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El comandante de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del estado de Guerrero (FGE), Humberto Velázquez Delgado, ‘El Guacho’, considerado pieza clave en el caso Ayotzinapa, fue ejecutado esta tarde por un comando que irrumpió en su negocio, ubicado frente a las instalaciones del III batallón de Fuerzas Especiales del Ejército, en plena zona urbana de la ciudad de Iguala.

Desde 2016, los padres de los estudiantes desaparecidos habían solicitado por escrito al extitular de la Oficina de Investigación del Caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal, una “orden de presentación y localización” en contra de Velázquez Delgado, señalado como líder del grupo delictivo Guerreros Unidos y por su presunta relación directa con los hechos ocurridos en 2014, con base en indicios extraídos de la indagatoria PGR/SDHPDSC/O1/2015.

Reportes oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) indican que a las 13:20 se reportó el asesinato de una persona al interior del establecimiento comercial denominado El Sargento, dedicado a la venta de artículos y uniformes policiacos.

La víctima, identificada como el comandante de la Policía Ministerial, Humberto Velázquez Delgado, ‘El Guacho’, presentaba cuatro impactos de bala calibre .9 milímetros, uno de ellos en la cabeza, de acuerdo con los reportes oficiales.

El negro historial de ‘El Guacho’

En diciembre de 2016, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos señalaron a Humberto Velázquez Delgado como personaje clave para aclarar la relación entre criminales y autoridades de Iguala, debido a que era mencionado en investigaciones ministeriales como líder del grupo Guerreros Unidos.

Meses antes, en junio de ese mismo año, ‘El Guacho’ reapareció públicamente tras salir ileso de un atentado en el que murieron cuatro agentes ministeriales; en esa ocasión se deslindó de los señalamientos sobre sus presuntos nexos con la delincuencia y anunció que demandaría a este reportero por documentar la purga interna de Guerreros Unidos después de la tragedia de Iguala, en septiembre de 2014.

En el reportaje “Donde ya debería imperar la justicia gobierna el narco”, publicado en septiembre pasado en la revista Proceso, se informó que Iguala es considerada por el gobierno federal como la cuna de Guerreros Unidos; fue ahí donde hace cuatro años fueron agredidos por las autoridades municipales los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, y desaparecieron 43 de sus compañeros.

Desde antes de la desaparición de los normalistas, Proceso documentó las pugnas intestinas de Guerreros Unidos por el control de la estructura criminal en Iguala, así como los nexos de sus integrantes con autoridades de los tres niveles y de oficiales del Ejército Mexicano con el narco.

Humberto ‘El Guacho’ Velázquez no aparecía públicamente desde el 28 de junio de 2016, cuando organizó la conferencia de prensa en el centro de Iguala para rechazar sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Las autoridades federales nunca investigaron por qué el exalcalde priista de Iguala, Esteban Albarrán, mantuvo a Ulises Velázquez –hermano de ‘El Guacho’– como subdirector de la Policía Auxiliar municipal de 2015 a 2016, cuando solicitó licencia para incorporarse como senador, en sustitución de su padrino René Juárez Cisneros.

En septiembre de 2017, Proceso publicó el reportaje “Caso Ayotzinapa: Un sospechoso al que nadie busca”, en el que informó que personal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro (UEIDMS), que atrajo la investigación del caso Ayotzinapa en diciembre de 2016, tomó la declaración ministerial de Ernesto Pineda Vega, recluido por secuestro en el penal de Acapulco, para que hablara de la estructura de Guerreros Unidos.

Pineda Vega sostuvo que desde 2007 y durante siete años fue “extorsionado”; cada mes pagaba un mínimo de 9 mil pesos, dinero que “entregaba al comandante de la Policía Ministerial Humberto Velázquez Delgado o a su hermano Ulises Velázquez (exagente ministerial), quienes me manifestaban que iban de parte de la señora María de los Ángeles Pineda Villa”, esposa del defenestrado alcalde José Luis Abarca Velázquez, ambos en prisión.

Según el testimonio recabado por la UEIDMS, los hermanos Velázquez Delgado le decían que “dicho dinero era para la organización criminal Guerreros Unidos, a la que pertenece desde entonces María de los Ángeles Pineda Villa”. Las sospechas sobre Velázquez Delgado en el caso de la desaparición de los jóvenes normalistas van más allá de su presunto involucramiento con el crimen organizado.

Dentro de los 400 tomos del expediente del caso Ayotzinapa hay un documento proporcionado por la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Iguala, que incluye los nombres de 165 policías que operaron desde las 20 horas del 26 de septiembre de 2014, a las 08:00 del día siguiente.

En esa relación están los nombres de Ulises Velázquez Delgado, Omar Velázquez Nájera y Jonathan Uriel Velázquez Ruiz, hermano e hijos de Humberto Velázquez, entonces comandante de la Policía Ministerial estatal, que estaban asignados a un área denominada “recuperación de vehículos”.

Hasta ahora, ni la Fiscalía General de Guerrero ni la FGR llamaron a declarar a esos funcionarios para que expliquen qué papel jugaron en las horas trágicas en las que desaparecieron los 43 normalistas. Proceso tuvo acceso a documentos integrados en el expediente PGR/SDHPDSC/O1/2015.

Un policía del sistema

A lo largo de las 795 fojas, señala el reportaje de ese entonces, se refleja la vida de un agente policiaco en el que no hay reconocimientos para su trabajo y sí está plagado de denuncias en su contra; evidencia a un funcionario incrustado en la estructura del estado que sobrevivió nueve mandatos, los de Alejandro Cervantes Delgado, José Francisco Ruiz Massieu, Rubén Figueroa Alcocer, Ángel Aguirre Rivero, René Juárez Cisneros, Zeferino Torreblanca Galindo, Ángel Aguirre, Rogelio Ortega Martínez y Héctor Astudillo Flores.

Prevalecen las notificaciones de inicio de procedimientos administrativos en su contra, a partir de denuncias de ciudadanos por su mal proceder como funcionario público, algunas presentadas directamente ante la Contraloría Interna, por conducto de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Coddehum).

En la revisión del expediente laboral se contabilizan 34 registros de pliegos de responsabilidad dentro de la Contraloría Interna, aparece mencionado 23 veces en recomendaciones y oficios de Opiniones y Propuestas de la Coddehum desde 1991, en tanto que se le abrieron al menos ocho averiguaciones previas en la extinta Procuraduría y la Fiscalía local.

Velázquez Delgado comparte señalamientos en muchos de los casos con su hermano Ulises en delitos como extorsión, allanamiento de morada, privación ilegal de la libertad, tortura, golpes, ejercicio indebido de la función pública, cohecho y desaparición forzada, entre otros.

En marzo de 2005 se pidió su destitución y procesamiento penal, tras ser acusado de violar a una mujer en Tecpan de Galeana, a la que habría detenido sin orden de aprehensión y retenido en la comandancia de la Policía Ministerial, y supuestamente la extorsionó con 300 mil pesos para dejarla en libertad.

Entre la larga lista de casos que se le achacan resalta otro por desaparición forzada de un policía ministerial de Iguala, Gerardo Delgado Delgado; otro por tortura y extorsión contra un anciano en Teloloapan; uno más por allanamiento de morada y lesiones en Huamuxtitlán; un despojo de propiedades en Iguala…

Pese a su negro historial, en toda su carrera sólo tuvo una amonestación pública y dos suspensiones –de 30 y 60 días– como coordinador regional de la Policía Ministerial.

Lo que se advierte es una tendencia reiterada para favorecer a Velázquez y a sus acusados, con el simple hecho de negar las acusaciones de sus víctimas y poner en entredicho la función de la Coddehum, organismo del que dijo en uno de sus testimonios que “justifica su existencia” emitiendo recomendaciones en su contra.

Entre los documentos se incluyen también oficios de los últimos años dentro de la corporación, cuando empezó a solicitar licencias médicas por presuntas afectaciones derivadas de un disparo en la cabeza, en 1991. Las secuelas físicas de lo anterior habrían sido el pretexto para su separación definitiva de la Fiscalía General, como consta en su carta de renuncia fechada el 25 de noviembre de 2015 y dirigida al titular de Administración de Desarrollo de Personal de la Fiscalía, Jaime Ramírez Solís. Ahora parece que nadie lo busca.