Ciudad de México (apro).- Un peritaje en tecnología fue determinante para que la jueza de control Rosa María López Aguilar resolviera que la causa del fallecimiento de la doctora Beatriz Hernández Ruiz, quien estaba bajo custodia del municipio de Progreso de Obregón, fue un suicidio y no feminicidio. 

Durante una audiencia que se prolongó más de 14 horas en los Juzgados penales del distrito de Mixquiahuala y estuvo bajo resguardo de la policía estatal, un perito en tecnología mostró videos del circuito cerrado del municipio, el cual muestra que la joven de 29 años, en estado de crisis, se coloca una tela blanca alrededor de su cuello, de 37 por 40 centímetros, trepa por los barandales de la galera y se deja suspender. 

Según el dictamen médico presentado ante la jueza, Beatriz murió por asfixia mecánica por suspensión incompleta. Al afirmar que los sietes policías de Progreso de Obregón detenidos fueron omisos para preservar la vida e integridad de la joven de 29 años mientras estaba bajo custodia municipal, la juez decidió vincularlos a proceso, aunque reconfiguró el delito a homicidio culposo. 

Con base en las grabaciones expuestas durante el desahogo de pruebas, la primera persona que encuentra a la médica sentada de espaldas a la puerta de galera, inmóvil, es la directora de la corporación municipal, Estefanía H.D. Ella declaró que Beatriz, que había sido detenida, según los testimonios de los oficiales que atendieron en vía pública el percance, por alteración del orden, tenía la tela blanca alrededor del cuello y que su mano derecha la tenía ennegrecida, por la asfixia. 

En ese momento, añadió, pidió ayuda a los demás oficiales y llamaron a protección civil. Uno de sus compañeros, Ismael, intentó desatar la tela, pero fue hasta instantes después que el comandante Antonio pudo quitarla; no obstante, ya no tenía signos vitales. 

Es cuando el papá de la víctima la observa en el piso mientras intentan practicarle maniobras de resucitación. Él había hablado con ella 15 minutos antes, le pidió que la sacara de ahí y afirma que estaba buscando la forma de hacerlo según los trámites del ayuntamiento.  

La doctora, egresada del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y que hacía su residencia médica en el Hospital General de Pachuca, murió el 9 de junio. Por los videos de su detención, donde se observa el uso de la fuerza por parte de los agentes, colectivas feministas y sociedad civil protestaron para exigir el esclarecimiento de los hechos. 

La madrugada del 11 de junio siete servidores públicos de Progreso, adscritos como policías y trabajadores administrativos, fueron detenidos por la Procuraduría General de Justicia del Estado su posible responsabilidad en el delito de feminicidio. 

Chocan gobiernos estatal y municipal 

De opuestas filiaciones políticas, los gobiernos estatal (PRI) y municipal (Morena) se confrontaron públicamente por el caso de la médica Beatriz, se acusaron mutuamente de inacción, omisión, manipulación de los sucesos y de buscar rédito político a través de la víctima.  

El viernes 11 de junio, tras una manifestación para demandar una investigación apegada a derecho y sin irregularidades, personas incendiaron el Palacio Municipal de Progreso. Los colectivos feministas aseguraron que se habían retirado horas antes. El municipio acusó que estos actos fueron orquestados por el secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, y acusó a la administración de Omar Fayad de usar políticamente este fallecimiento. 

La postura de la alcaldía a través de comunicados, que, de acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, revictimizó a la joven, también avivó la inconformidad, a través de marchas en Pachuca, en Progreso y durante el sepelio en Tezontepec de Aldama, lugar de origen de Hernández Regino.  

El lunes 14 de junio, en un acto público para dar inicio a la modernización de los taxis en el estado, el gobernador Fayad se pronunció sobre el caso: expresó su “repudió” por los hechos que derivaron en la muerte de Beatriz y aseguró que “en los separos de este municipio, arteramente un puñado de criminales privaron de la vida a una doctora que estuvo en la primera línea de la batalla contra el Covid-19”. 

Con esto, inclinó los hechos hacia la posible responsabilidad de los policías, cuando aun no se desahogaban todas las pruebas ante la juez durante la audiencia inicial.     

Ambos poderes, en esos momentos, sugirieron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador.