CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció que interpondrá una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (LOFGR), publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), “ya que no garantiza el derecho de las víctimas a coadyuvar activamente con el Ministerio Público, ni cumple con los estándares internacionales en la materia, ni con el principio de progresividad, entre otros”.

El organismo informó que, junto con organizaciones civiles y de víctimas, analiza el Decreto de la LOFGR, “para detectar todos los vicios de inconstitucionalidad y promover la demanda de acción de inconstitucionalidad” ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Y recordó que, ante las discusiones en el Congreso de la Unión de la iniciativa impulsada por el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, el 23 de abril, a través de un comunicado de prensa exhortó al Poder Legislativo a reconocer “los derechos y la participación activa de las víctimas de violaciones a derechos humanos”, así como que se dieran garantías de no repetición y de coordinación interinstitucional “para la aplicación de protocolos homologados y asociados a los derechos de búsqueda e investigación de las personas desaparecidas, a la escucha, acompañamiento y atención a las familias agraviadas y a los colectivos que históricamente realizaron labores de búsqueda que el Estado obstruyó”.

Ante la publicación de la nueva LOFGR, que modifica más de 60 ordenamientos, la CNDH señaló que en dicha ley “no se establece una obligación clara y fortalecida de la FGR frente a los mecanismos de derechos humanos, (…) no se determina la autonomía de gestión de la FGR, ni existe claridad o certeza jurídica sobre la forma en cómo participará el Mecanismo de Apoyo al Exterior, en el que se incluye el Sistema Nacional de Búsqueda”.

La institución advirtió que en el texto de la LOFGR no se garantiza “la participación activa de las víctimas de violaciones a derechos humanos en los planes de investigación”, en tanto que se excluye a la FGR “como integrante en los órganos colegiados de toma de decisiones de diversas instituciones relacionadas con las víctimas”.

Que la LOFGR sostenga que el interés social” está por encima de la “protección de los intereses de la víctima”, puede ser considerado “regresivo y atentar contra el principio de progresividad”, toda vez que “se eliminan las funciones de intervenir en los procesos de ejecución penal, dejando de lado los derechos de las víctimas y su acceso a la justicia”, apuntó.

A lo anterior se suma que “la facultad de atracción con que cuenta la Fiscalía es limitativa del ejercicio de acceso a la justicia de las víctimas de derechos humanos”.

En el pronunciamiento, la CNDH lamentó “la aprobación, promulgación y publicación del Decreto por el que se expide la LOFGR”, misma que abrogó la ley vigente y a través de la cual “se adicionan y derogan diversas disposiciones de distintos ordenamientos legales”.

El organismo insistió en que estudia el decreto para recurrir a la SCJN, al considerar que la LOFGR “no garantiza el derecho de las víctimas a coadyuvar activamente con el Ministerio Público, ni cumple con los estándares internacionales en la materia, ni con el principio de progresividad, entre otros”.