CIUDAD DE MÉXICO (apro).– A unas horas de divulgarse la detención del empresario textilero Kamel Nacif Borge, la periodista Lydia Cacho consideró que “es un momento crítico para que se le juzgue por tortura, delincuencia organizada y pornografía” y testifiqué.

En su cuenta de Twitter, la autora de “Los Demonios del Edén” informó que Nacif Borge “está en libertad bajo fianza”, y que le fueron retirados sus pasaportes libanés y mexicano para evitar que salga del país de oriente medio.

Cacho anunció que viajará a Líbano, donde se llevará a cabo la próxima audiencia de Nacif, el 15 de junio, para participar en el juicio y “demostrar cómo un empresario vinculado a las más altas esferas del poder mexicano se convierte en tratante de niñas y de adultas en la explotación laboral”, así como “lavador de dinero” y “operador del Senado mexicano”.

Con motivo de la detención y próxima visita de Cacho a Líbano, la organización de defensa de la libertad de expresión Artículo 19, resaltó que la periodista y activista “está en desplazamiento forzado, protegida en el extranjero”, desde donde “ya ratificó su denuncia conta Kamel Nacif, por ser uno de los autores intelectuales de la tortura que sufrió en diciembre de 2005”.

Como representante de la periodista, Artículo 19 consideró que el proceso judicial que se lleva a cabo ahora en Líbano, “ocurre ante la ausencia de respuestas claras y de una persecución adecuada de los delitos cometidos por Nacif por parte de la Fiscalía General de la República (FGR)”.

En su libro, Cacho exhibe la red de complicidades y de trata de mujeres y niñas, en los que “involucra entre otros al ex gobernador de Puebla Mario Marín y al empresario Kamel Nacif”.

Al retomar una de las expresiones de Cacho, “hago esto porque nuevamente, la Fiscalía y el gobierno mexicano me dejaron sola y siguen sin responder mis peticiones de seguridad y protección”, Artículo 19 recordó que acompaña a la periodista desde hace 14 años, tiempo en que “ha exigido investigaciones no sólo por las agresiones contra ella, si no por los delitos de trata de personas, pornografía infantil, explotación sexual y lavado de dinero”.

En un pronunciamiento, en nombre de su representada, la organización exigió al Poder Judicial mexicano, “imponer la condena máxima por el delito de tortura a Mario Marín (detenido el 4 de febrero) y demás responsables”; a la FGR detener a “otros autores intelectuales, Kamel Nacif y Hugo Karam”; al Estado mexicano, “implementar las acciones necesarias para la reparación integral del daño y compensación adecuada para Lydia y su familia”, garantizando condiciones “óptimas y adecuadas para su regreso”.

La organización y la activista demandaron a las autoridades de todos los niveles de gobierno “combatir la impunidad en delitos contra a libertad de expresión y garantizar condiciones para la no repetición, a fin de que periodistas y personas defensoras de derechos humanos puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión”.

Asimismo, continuar con las indagatorias por el allanamiento de la casa de Lydia Cacho ocurriera en 2019, “para identificar, procesar y sancionar a todos los responsables” y una investigación “imparcial, pronta y exhaustiva sobre los hechos denunciados periodísticamente por Lydia”.