CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La periodista Lydia Cacho y la organización Artículo 19 reprocharon al gobierno de Andrés Manuel López Obrador  y a la Fiscalía General de la República (FGR) haberlos marginado de la coadyuvancia en el proceso que se sigue al empresario Kamel Nacif, acusado de ser el autor intelectual de la tortura infligida contra la defensora y escritora en 2005.

En un comunicado, la periodista y la organización civil acusaron a la FGR y a la Secretaría de Relaciones Exteriores de no haberles notificado que Nacif Borge fue detenido el 12 de octubre de 2020, en Líbano, y presentado ante un juez que le otorgó libertad bajo fianza. 

Resaltaron que fue hasta el 16 de febrero que se enteraron de la situación de Nacif, luego de que el exgobernador de Puebla, Mario Marín, fue detenido (el 3 de febrero) para ser procesado por la tortura cometida contra Lydia Cacho los días 16 y 17 de diciembre de 2005.

Recordaron que, en julio de 2020, después de que se libró una orden de aprehensión en contra del empresario del ramo textil, se les informó que se encontraba en el Líbano, y siete meses después conocieron de la detención de Nacif y su libertad bajo fianza.

Asimismo, reclamaron que “las autoridades no notificaron ni a Cacho ni a Artículo 19 sobre ningún acto de autoridad encaminado a conocer el estatus jurídico del empresario en la República de Líbano, tampoco se informó a la víctima ni a sus representantes legales sobre el lugar o fecha de localización, o sobe su presentación ante autoridades judiciales libanesas. Eso sucedió hasta mediados de febrero, después de la detención de Mario Marín”.

Al no haber sido informados, se “redujo la capacidad de coadyuvancia por parte de la víctima y sus representantes para participar de forma activa en el proceso, así como su derecho a estar plenamente informada de los avances del proceso”, puntualizaron.

La periodista y su representante legal calificaron como “preocupante” que no hayan contado con “garantías mínimas que permitan igualdad entre las partes” en el procesamiento de Kamel Nacif en Líbano, como sería la garantía de audiencia y el derecho a la defensa, “derechos mínimos que tendrían que ser respetados en cualquier proceso penal”.

Evaluaron como “desconcertante” que no haya habido coordinación entre la Cancillería y la FGR para informar a la activista sobre la situación de Nacif en el Líbano, lo que podría considerarse “un obstáculo en el acceso a la justicia de Lydia Cacho, ya que, según consta en el expediente ministerial, la FEADLE (Fiscalía Especializada en la Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión) fue directamente informada sobre las gestiones realizadas a nivel diplomático hasta finales de enero de este año”.
 
Al señalar que la información con que cuenta Cacho y su defensa es que las actividades judiciales en el Líbano están detenidas por la pandemia, destacaron: “no hay certidumbre sobre las siguientes etapas procesales ni las imputaciones que se realizan con base en la información enviada a Líbano por FGR por conducto de la SRE”, en tanto que se les ha notificado que “se busca una reunión entre autoridades mexicanas y libanesas para aclarar la información sobre el proceso”.
 
Para Artículo 19 y la escritora, esta situación “no abona a la confianza que debe construirse entre instituciones del Estado y víctimas de violaciones a derechos humanos”, sino por el contrario, “dichas omisiones ponen en peligro el acceso a la justicia, la seguridad y protección de la periodista y personas cercanas a ella, por la probable comisión de actos de represalia en su contra”.

La organización de defensa de la libertad de expresión y la autora de ‘Los demonios del Edén’ formularon nueve peticiones a la SRE, a la FGR, a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al gobierno de Líbano, por las que exigen acceder a la justicia.

De igual manera, urgieron a la Cancillería a procurar que se lleve a cabo “un proceso imparcial en que se respeten los derechos de la víctima” y que se le facilite información a la FEADLE, a la víctima y a su representación para coadyuvar en el proceso; a la FGR, que se apegue a la Ley General de Víctimas para poner al tanto a Cacho y a sus representantes “de todo hecho relacionado con la localización, cambio de estatus jurídico, acciones legales impulsadas por los presuntos  responsables y cualquier otro que pueda implicar cambios en la estrategia para la garantía de acceso a la justicia, así como evitar la revictimización de la periodista y los obstáculos a la coadyuvancia.

En tanto, se pidió a la Segob considerar la situación como una falta de cumplimiento del Plan Integral del Daño, emitido a partir del Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, relacionado con el caso de Lydia Cacho.

A la CIDH, la periodista y su defensa solicitaron considerar las omisiones del gobierno federal como faltas a las medidas cautelares dictadas por el organismo regional en 2009, ante los riesgos en que se encuentra la periodista. Y, finalmente, al gobierno de Líbano le urgieron a garantizar el debido proceso para la víctima, y se generen condiciones para que sus representantes y el gobierno mexicano “abonen a la acusación ante los tribunales nacionales”, y se  continué con el proceso de extradición de Kamel Nacif, quien también cuenta con nacionalidad mexicana.

Se recordó al gobierno libanés que, dado que su país rarificó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, “se cumpla con las disposiciones del instrumento internacional y se tome en cuenta la gravedad de la conducta imputada a Kamel Nacif con base en la interpretación más protectora de los derechos de Lydia Cacho”.