CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas dar medidas de seguridad para Sanjuana Martínez Montemayor, directora de la agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex, al considerar los daños a “su integridad psicológica y moral”, así como por “las amenazas a su familia en medios, son agresiones que se deben a su labor periodística”.

En un posicionamiento, el organismo dio cuenta de los señalamientos de Martínez Montemayor en contra de la organización de defensa de la libertad de expresión, Artículo 19, el portal Aristegui Noticias, el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SUTNOTIMEX), la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y la Secretaría del Trabajo, e incluso la revista Proceso para solicitar al Mecanismo que brinde a la funcionaria “medidas preventivas necesarias y de protección, encaminadas a garantizar sus derechos humanos que le asisten como periodista”, pues negarle las medidas “por laborar en un medio de comunicación estatal contravendría el principio de no discriminación”.

En el documento, difundido por el organismo presidido por Rosario Piedra Ibarra, se informa que el pasado 30 de abril la directora de Notimex notificó sobre su petición al Mecanismo para que le brinde medidas de protección, así como de la negativa a tener acceso al mismo.

Para el organismo “al no permitírsele operar a la Agencia Notimex y, en especial a su directiva Sanjuana Martínez Montemayor, ha privado a la población mexicana de un medio de comunicación del Estado, en detrimento del equilibrio y la pluralidad informativa que debe existir en una democracia, pudiendo vulnerar el derecho a la información de la población”.

En comunicado, se considera a Martínez Montemayor como periodista, pese a que las supuestas agresiones denunciadas ocurrieron siendo funcionaria federal, situación que no está considerada en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.

El artículo primero de dicha ley establece que el objetivo del Mecanismo es garantizar “la vida, integridad, liberad y seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo”.

La CNDH justificó la petición de protección para Martínez Montemayor con base en la consideración que hace la misma ley sobre los periodistas que son: “personas físicas, así como como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen”.

El organismo consideró que la funcionaria, designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y avalada por el Senado, tendría que recibir protección “al verse vulneradas y agredidas su integridad psicológica y moral por parte de diversas personas integrantes del sindicato de SutNotimex, así como de la organización Artículo 19 y del medio informativo Aristegui Noticias”.

En su argumentación, la CNDH ubica como el origen de las “agresiones”, las acciones que llevó a cabo la directora de Notimex como lo fueron los “reajustes de personal para dar cumplimiento a las medidas de Austeridad Republicana y por las irregularidades encontradas al inicio de su encargo en dicha agencia informativa”.

De acuerdo con organismo, las actividades de Martínez como funcionaria pública propiciaron “montajes mediáticos y la emisión de información sesgadas y falta en su contra por parte de SutNotimex, por lo que acudió a Artículo 19, quien aceptó su caso, sin embargo, posteriormente, personal de dicha organización informó que no podía defenderlos porque eran ‘periodistas de gobierno”.

Como parte de los agravios, la CNDH consideró los señalamientos de Martínez Montemayor contra la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y la Secretaría del Trabajo por validar la huelga de trabajadores, que lleva más de un año y diez meses “a pesar de las necesidades informativas existentes”.

Entre los agravios contra la funcionaria también se identifica el trabajo de investigación realizado por Artículo 19 y Signa Lab, sobre ataques en redes sociales contra periodistas críticos al régimen lopezobradorista ordenados por Sanjuana Martínez y que fue publicado por Aristegui Noticias y la revista Proceso

“En el mes de enero de 2021, personal de Artículo 19 seguía enviando a decenas de ONGs y organismos internacionales de derechos humanos su ‘informe’ donde muestra a la periodista Martínez Montemayor como violadora de derechos humanos, como agresora de periodistas, afectando severamente su imagen construida durante 35 años de periodismo independiente y honesto”.

Según el organismo “la Ley de la materia protege a toda persona periodista que ha sido agredida sin importar si laboran en medios de comunicación y difusión públicos, es decir, no hace distinción alguna, advirtiéndose en este caso de daño a la imagen de la periodista Sanjuana Martínez Montemayor, a su integridad psicológica y moral, las amenazas y ataques a su familia en medios, son agresiones que se deben a su labor periodística; negarle la protección por laborar en medio de comunicación estatal contravendría el principio de no discriminación”.

El organismo dice también que los funcionarios de las dependencias encargadas de brindar la protección, la Secretaría de Gobernación y la Junta de Gobierno del Mecanismo, “tienen como obligación constitucional, el garantizar el respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas y, de manera particular, de las y los defensores de derechos humanos periodistas”.

La CNDH alertó que “dará un seguimiento puntual al presente caso, en espera de que el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas actúe, en cumplimiento a la responsabilidad que le confiere la ley en la materia”.