CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El consejo consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) recomendó al organismo autónomo interponer una controversia constitucional en contra del decreto que crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).

El consejo considera que el decreto genera una afectación a la esfera competencial del IFT al obstaculizarle la promoción del desarrollo eficiente del sector de radiodifusión y telecomunicaciones, garantizando los derechos de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. 

Tales derechos están garantizados en los artículos 6 y 7 de la Constitución, bajo el principio de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad.

“El decreto impide que el IFT ejerza de manera adecuada sus atribuciones para garantizar el derecho de acceso a las telecomunicaciones condicionando el ejercicio de éste y otros derechos humanos interdependientes a la entrega de datos personales y biométricos con fines de una política de seguridad pública”, señala el consejo consultivo.

Lo anterior, abundó, “con la independencia de la violación de otros derechos fundamentales como el de la presunción de inocencia que, si bien no necesariamente es la materia de una controversia constitucional que se centra en la determinación del ámbito de atribuciones del Instituto, constituyen preocupaciones que no pueden pasarse por alto”.

Las y los consejeros que avalaron la recomendación destacan que ante el incumplimiento de la entrega de los datos biométricos la sanción es la desconexión del servicio, por lo que el decreto anula el ejercicio del derecho al acceso a las telecomunicaciones, así como el ejercicio de otros derechos fundamentales, provocando la desprotección masiva de derechos. 

Además, cuestionan si el Congreso puede atribuir al Instituto prerrogativas de otras entidades públicas, como por ejemplo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en materia de tratamiento de datos personales, pues según la nueva ley será el encargado de resguardar los datos biométricos de los usuarios de telefonía móvil.

“Asimismo, debe preguntarse de forma subsidiaria si la función legislativa permite desviar al Instituto de su función en materia de garantizar derechos fundamentales sin que se haya debidamente cumplido con los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad”, puntualiza la recomendación.

El consejo manifiesta que el Pleno del IFT “tiene una responsabilidad histórica, institucional y jurídica, en un asunto de relevancia nacional, para proteger y tutelar los derechos fundamentales de los mexicanos”.

La recomendación fue aprobada el pasado 6 de mayo con los votos de Sara Gabriela Castellanos Pascacio, Isabel Clavijo Mostajo, Ernesto M. Flores-Roux, Gerardo Francisco González Abarca, Erik Huesca Morales, Luis Miguel Martínez Cervantes, Jorge Fernando Negrete Pacheco, Lucía Ojeda Cárdenas, Eurídice Palma Salas, Fabiola Alicia Peña Ahumada y Salomón Woldenberg Esperón.

Los consejeros y consejeras que manifestaron su abstención son: Mario de la Cruz Sarabia, Salvador Landeros Ayala, María Catalina Ovando Chico y Armida Sánchez Arellano.

No obstante, varios comisionados del Instituto fueron incluso partícipes en el diseño de la ley, de acuerdo con oficios que fueron revisados por la reportera, como publicó este semanario en el reportaje titulado: “El de datos biométricos, un padrón que causa desconfianza”, con fecha 2 de mayo de 2021, edición número 2322.

Por ejemplo, cuando la iniciativa del diputado con licencia Mario Delgado todavía no era avalada en la Cámara de Diputados y tampoco en la de Senadores, el comisionado Sóstenes Díaz González envió, con independencia de la opinión del Instituto, dos documentos con una propuesta de redacción y funcionamiento del Registro de Usuarios de Telefonía Móvil.

Lo anterior, según un oficio, a nombre también de los comisionados Mario Germán Fromow Rangel, Javier Juárez Mojica, Arturo Robles Rovalo y Ramiro Camacho Castillo, con independencia del comisionado presidente, Adolfo Cuevas Teja.