CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) urgió al Estado mexicano a atender el abandono institucional en que se encuentran la niñez en México y que se refleja en las siete muertes diarias, en más de 2 mil denuncias por violencia y en los más de 14 mil niñas, niños y adolescentes desaparecidos, según las cifras oficiales.

En el contexto del Día Internacional del Niño, Redim retomó cifras ominosas de instituciones federales en los primeros cuatro meses de 2021 que revelan las condiciones de vulnerabilidad de las personas menores de 18, que, de acuerdo con el censo de población 2020, representa a uno de cada tres mexicanos, 38.3 millones de personas.

Tras señalar que de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)  en 2018 49.6% de las niñas, niños y adolescentes vivían en situación de pobreza, la Redim resaltó que “alrededor de 411 personas, entre 0 y 17 años, fallecieron víctimas del delito de homicidio de enero a febrero de 2021, lo que se traduce en siete muertes cada día”, según registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Alertó que las agresiones que sufre la infancia confinada por la pandemia se ve reflejada en las 2 mil 720 menores atendidos por violencia, en algunos casos de tipo familiar, del primero de enero al 11 de abril. De esas cifra, 77.1% corresponde a mujeres, según reportó la Secretaría de Salud en su informe “Cubos dinámicos de lesiones a abril 11 de 2021”.

La Redim citó información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), organismo que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob), que hasta el 28 de abril contabilizaba 14 mil 800 personas de entre 0 y 17 años desaparecidas.

La red de organizaciones civiles dedicadas a la defensa de la infancia en México, agregó que durante la pandemia “el derecho a la educación también se ha visto mermado por un incremento del abandono escolar”, lo que agrava la “crisis de aprendizaje en la población infantil y adolescente”.

Apuntó que a los 5.3 millones de niños, niñas y adolescentes que en 2020 no asistían a la escuela en 2020, “hoy sabemos que por motivos asociados a la covid-19 o por falta de recursos, no se inscribieron 5.2 millones de personas en el ciclo escolar 2020-2021”.

Para la organización, “esas cifras conforman una vez más la gran deuda del Estado mexicano en el cumplimento de la Convención sobre los Derechos del Niño”, pese a la existencia del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), institución a la que “no se le ha otorgado la fuerza política y el presupuesto necesario para constituirse como un sistema de alto nivel jerárquico que articule acciones, programas y políticas de la federación, las 32 entidades federativas y los más de 2 mil municipios, en coordinación con las secretarías de Estado y organizaciones sociales”.

La Redim, a  través de su director ejecutivo, Juan Martín Pérez, acusó a la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador de mostrar “desprecio” por el SIPINNA, “amenazando su viabilidad y la protección internacional que lo respalda”, al no asistir a las reuniones como presidente de ese Sistema, en los dos últimos años.

“Los retrocesos de esto dos últimos años han regresado a indicadores negativos de hace cinco o diez años atrás, según el indicador oficial que se analice”, sostuvo Pérez García en un pronunciamiento.

“En este día 30 de abril, Día del Niño y de la Niña, hacemos un llamado urgente a todos los niveles de gobierno para que se comprometa a cumplir con su obligación de garantizar los derechos de todas las niñas y niños, sin importar su condición social, características o residencia.

“El Estado mexicano y las autoridades no pueden conformarse en intervenir solamente en situaciones de emergencia o vulnerabilidad, pobreza o abandono”, resaltó el  director de Redim.

Asimismo urgió a cumplir los compromisos que asumió el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la audiencia publica del 6 de marzo de 2020, relacionada con el reclutamiento armado de menores, y que “se avance con urgencia” en las tareas del Grupo de Trabajo para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes ante la Violencia Armada, presentada el 15 de febrero, y que se dé paso a la creación de “una comisión especial para atender a la niñez indígena participante de las guardias comunitarias indígenas en el estado de Guerrero”.