CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó sobre la extrema vulnerabilidad en que se encuentran cientos de personas en condición de migración, varadas en la Plaza de la Revolución en la ciudad fronteriza de Reynosa, Tamaulipas, por lo que urgió a los gobiernos de Joe Biden y de Andrés Manuel López Obrador a asumir su responsabilidad internacional con esa población.

De acuerdo con la organización, cientos de personas migrantes, la gran mayoría procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador, están expuestas al “secuestro y la violencia y sin bienes básicos de primera necesidad como agua potable, refugio, así como servicios sociales de salud”.

MSF, que al día brinda al menos 150 servicios médicos, psicológicos, sociales y de promoción de la salud, destacó que de marzo de 2020 a la fecha Estados Unidos ha deportado 618 mil personas --bajo un concepto en su legislación migratoria denominado Título 42--, de las cuales más de 104 mil fueron expulsadas en marzo de 2021.

Marcos Tamariz, jefe de Misión adjunto para México y Centroamérica de MSF, precisó que a cien días de la administración de Joe Biden se ejecutaron “un tercio de todas las deportaciones bajo el Título 42”

En entrevista explicó que, si bien Biden prometió que “iba a luchar en contra de las medidas represivas de la administración (de Donald) Trump, estamos viendo que las consecuencias son todavía más fuertes”, en buena parte derivado del incremento de la migración a partir de la falsa información que pasó de boca en boca de que en cuanto entrara Biden las fronteras se iban a abrir”.

Apuntó: “No sólo no se abrieron las fronteras, sino que siguen las mismas políticas discriminatorias e ilegales del Título 42, y agrava la crisis en la frontera”.

En ese escenario, para el representante de MSF tanto el gobierno de Estados Unidos como el de México comparten responsabilidad en la situación de los migrantes, por los acuerdos a que han llegado y que ponen en riesgo a personas expuestas al crimen organizado que opera en ciudades fronterizas como Reynosa.

De acuerdo con los reportes de MSF, en los últimos días había aproximadamente 400 personas en la plaza pública de Reynosa, la mayoría de ellas migrantes que cruzaron a Estados Unidos y que fueron deportados a México bajo el concepto de Título 42, “una política perniciosa y discriminatoria de la era Trump que ha continuado bajo la administración Biden” y que “aprovecha la pandemia para cerrar esencialmente la frontera, bloqueando rápidamente a los migrantes y a las personas que buscan asilo, para expulsarlos directamente de regreso a México o sus países de origen”.

Luego de que México aceptó que Estados Unidos enviara a su territorio a personas deportadas, “no estableció los mecanismos para gestionar esta situación”, dijo Tamariz, y recalcó la situación de riesgo que viven cientos de personas que están en la Plaza de la Revolución en Reynosa, sin ningún tipo de protección, que las deja vulnerables ante la operación de grupos delincuenciales.

“Durante las consultas nos enteramos por los mismos migrantes de desapariciones, secuestros y todo tipo de agresiones, una situación que no es nueva; ya se ha denunciado anteriormente por MSF y por organizaciones como Human Rights First, que documentó 492 ataques violentos a migrantes” desde noviembre y hasta el 21 de enero de 2021.

En la relación de agresiones a migrantes reportada por Human Rights Firts se destacan secuestros, violaciones, torturas, amenazas, robos y asaltos “contra personas varadas en la frontera entre Estados Unidos y México o expulsadas a México”.

De acuerdo con Tamariz, México no está haciendo lo suficiente para atender a la población vulnerable, situación que se agrava en el caso de niñas, niños y adolescentes. Aprobó modificaciones legislativas para que “los menores entren a los centros de detención migratoria, muy bien, pero no están preparadas las estructuras necesarias para recibir a estas personas por el Sistema DIF”, abundó.

En el caso de Reynosa, dijo que a pesar de que la Universidad Autónoma de Tamaulipas dispuso de un espacio en su campus para albergar a migrantes, está “lejos de ser capaz de atender el tamaño de la problemática”, lo que ha generado que ante la falta de capacidad “se estén repitiendo situaciones de gran vulnerabilidad; mujeres con hijos están acampando en la calle y hay personas que diariamente están desapareciendo”.

Tamariz resaltó que cuando las personas migrantes dejan las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), “ahí son directamente víctimas del secuestro del crimen organizado; buscan albergues, todos están llenos y no hay nadie que les comunique cuáles son sus derechos”, y si bien ya no se deporta en la noche, “no hay respuesta por parte del Estado mexicano en esta situación de vulnerabilidad”.

De igual manera señaló que, ante el cambio de legislación, a las familias con menores no se les retiene en las estaciones migratorias, “se abre la puerta a la calle y se les dice: ‘suerte’. Muchas de estas familias hacen intentos de entrar a Estados Unidos, se multiplica el trauma, es un círculo vicioso”.

MSF instó a la administración Biden a “rescindir de inmediato el Título 42 y reiniciar el procesamiento de solicitudes de asilo en la frontera sur. El Título 42 es una política ilegal y discriminatoria que pone en peligro la vida de las personas y las devuelve a la violencia y el peligro en México y en sus países de origen”, abundó.

La organización llamó a las autoridades mexicanas a “adoptar de inmediato medidas para aumentar la capacidad de vivienda, atención médica y protección de las personas en tránsito en su territorio, especialmente para familias y menores”.