CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El general Francisco Gallardo Rodríguez, conocido simplemente como "General Gallardo" y colaborador de Proceso, y quien fuera el principal impulsor de la creación de un ombudsman militar, lo cual le costó ser llevado a la cárcel, falleció este jueves 29 de abril víctima de covid-19, confirmó su familia.

En su cuenta de Twitter, el reportero Juan Velediaz dio a conocer el deceso del General Gallardo quien, hasta su muerte ocurrida a sus 74 años de edad, se caracterizó por ser un crítico de las violaciones y abusos ocurridos dentro del ejército Mexicano.

El general, nació en Atotonilco el Alto, Jalisco el 6 de octubre de 1946., fue encarcelado entre 1993 y 2002, por lo que fue considerado por Amnistía Internacional un preso de conciencia.

En diferentes ediciones, Proceso dio cuenta puntual de la historia de General, quien se graduó en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Además, obtuvo el grado de maestro y doctor en Administración Pública en la misma institución. Al momento de su muerte, se desempeñaba como profesor de la UNAM.

Fue encarcelado el 9 de noviembre de 1993​ por haber propuesto un ombudsman militar,​ un defensor de los derechos humanos tanto para civiles como para militares por el indebido actuar del Ejército, dicha propuesta publicada en la revista Forum es un extracto de su tesis de maestría.

Por ello, Amnistía Internacional lo catalogó como preso de conciencia el 5 de mayo de 1997, por lo que solicitó al gobierno de México que fuera inmediatamente liberado.

Posteriormente, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) instauró dos Consejos de Guerra en contra del general Gallardo y lo sentenció a 28 años de prisión, aun cuando fue absuelto por Tribunales Federales en 7 de 9 causas penales, otorgándole 36 Amparos de la Justicia Federal donde fueron eliminados 24 de 27 delitos de las 16 averiguaciones abiertas en su contra.

Esta situación fue considerada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos como una desviación de poder gubernamental con tal de mantenerlo en prisión a través de actos aparentemente legales, violentando así sus derechos a la integridad personal, garantías, honra, dignidad y protección judicial.

Por estas razones, solicitó al Gobierno de México su inmediata liberación, como parte de su Informe Oficial 43/96 indicado en el segundo enlace externo.

El Alto Mando Militar, en ese entonces el General Enrique Cervantes Aguirre durante el gobierno del expresidente  Ernesto Zedillo, intentó retirarle el grado de general el 8 de octubre de 1998.

Sin embargo, el 21 de septiembre de 1999, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa le otorgó el amparo y protección del Poder Judicial de la Federación, por lo que todos los señalamientos como exgeneral quedaron sin efecto legal.

No obstante, la campaña de difamación, persecución y hostigamiento en contra del general Gallardo prosiguió abiertamente durante varios años más, hasta que finalmente fue denunciada, dictaminada y detenida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.​

El Gobierno de México decidió liberarlo el 7 de febrero de 2002, otorgando además las medidas de protección para el general Gallardo y su familia.