CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Pleno del Senado aprobó en lo general la reforma a la Ley de Hidrocarburos del presidente Andrés Manuel López Obrador, pese a los votos en contra de PAN, Movimiento Ciudadano (MC), PRI, PRD y la abstención del PVEM.

En sesión virtual, con 64 votos a favor, 47 en contra y seis abstenciones fue avalado el dictamen con el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Hidrocarburos para establecer la revocación de permisos en caso de contrabando de combustibles, así como los requisitos de almacenamiento mínimo de petrolíferos a las empresas.

Además, se instaura la figura de negativa ficta en el procedimiento de trámite de permisos, y la revocación de éstos a los permisionarios que alteren la cantidad, calidad y medición de hidrocarburos y petrolíferos.

El dictamen de la reforma que el presidente envió a la Cámara de Diputados, donde ya fue aprobada, señala que su objetivo es reordenar diversas actividades económicas en el sector energético, con el fin de combatir la corrupción, garantizar el abasto y proteger la economía nacional y los ingresos que percibe el Estado.

Los grupos de oposición aseguraron que la serie de reformas viola acuerdos internacionales como el T-MEC y la Constitución, y que desalentarán la inversión en el sector energético al promover las prácticas monopólicas, inhibir la competencia y reducir los espacios para las empresas privadas en actividades que no están reservadas en exclusiva a la participación estatal.

Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Energía del Senado, Rocío Adriana Abreu, precisó que el robo y contrabando de combustibles tuvo un incremento sustancial en la última década, a la par de la liberación de la importación de hidrocarburos, lo que afectó gravemente el erario y generó una competencia desleal.

“Los permisos de importación han provocado distorsión y prácticas ilegales en el mercado, como la venta ilícita de combustibles al amparo de esta figura”, dijo la legisladora.

Para hablar en contra, Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Revolucionario Institucional (PRI), sostuvo que la iniciativa se construyó sobre la base de la confusión, entre defender la soberanía nacional e impulsar prácticas monopólicas para beneficiar a las empresas productivas del Estado y el desconocimiento de la jerarquía normativa, que pretende introducir en el orden legal disposiciones contrarias a las que establece la Constitución.

“La confusión entre garantizar la seguridad energética y obstaculizar la competitividad del sector, creando barreras de acceso al mercado para los particulares, y el desconocimiento del régimen constitucional que organiza la participación de las empresas públicas y privadas en las actividades relacionadas con el sector de los hidrocarburos”, aseguró la priista.

Por su parte, Xóchitl Gálvez, del Partido Acción Nacional (PAN), expresó que coincide con el concepto de fondo de la propuesta de Morena, pero no con la forma de implementarla, porque esto hace que la reforma se vuelva inconstitucional, como el hecho de que, por ejemplo –dijo--, exijan capacidad de almacenamiento antes de poder tener un permiso, y que tiene efectos retroactivos al plantear que de no contar con infraestructura suficiente de almacenamiento al momento de entrar en vigor el decreto, sufrirá la cancelación de sus permisos. 

“No le bastó al presidente de la República que su iniciativa de reforma a la Ley de electricidad fuera suspendida, por la cantidad de amparos que la declaran inconstitucional. Próximamente será el caso de esta iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la ley de hidrocarburos”, abundó.

“Una vez más, por no moverle una coma, los legisladores de Morena y sus aliados aprueban una ley que terminará en la Corte, porque, así como está la iniciativa, más tardará en ser publicada en el Diario Oficial de la Federación que en llegar a la Corte y luego ser letra muerta”, añadió la panista.

En respuesta, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que la reforma no viola el T-MEC ni la Constitución, y afirmó que garantizará la soberanía energética y fortalecerá la capacidad del Estado para combatir de manera frontal la corrupción y las diversas actividades ilícitas en materia de hidrocarburos y petrolíferos. 

“Miren, yo fui legislador del 12 al 15. Advertimos que la Reforma Energética, de la cual votamos en contra, se iba a modificar. Nadie debe llamarse sorprendidos. Nosotros somos congruentes con lo que afirmamos y lo sostuvimos.  Además, la reforma privatizadora del sector energético mexicano de esta época trae un pecado original, aceptémoslo, un vicio de origen: la prevaricación”, lanzó Monreal a los grupos opositores.

Al respecto, el líder de la mayoría recordó las revelaciones de Emilio Lozoya, director de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio anterior de Enrique Peña Nieto, en el sentido de que la reforma energética del llamado Pacto por México habría sido aprobada a cambio de sobornos.

“Me pregunto y les pregunto: ¿Es legítima una reforma cuya aprobación es producto del soborno, del cohecho y de la corrupción? Es decir, de la compra del voto de legisladores con dinero público-privado, del cual ya hay proceso, ya hay personas sujetas a proceso, sin adelantar vísperas”, cuestionó.

En ese sentido, el zacatecano, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), manifestó que, de confirmarse las acusaciones de Lozoya, la reforma podría ser derogada.

“En la mayor parte de los parlamentos democráticos, la compra del voto de un integrante del Legislativo para aprobar una ley es un acto de prevaricación, que se castiga de dos formas: con la inhabilitación del parlamentario en cuestión, o con la derogación del ordenamiento legal, cuando se corrobora que la conducta fue sistemática, recurrente y afectando el interés del país”, añadió.

La reforma propone facultar a la Secretaria de Energía (Sener) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para revocar permisos, cuando los titulares de los mismos cometan el delito de contrabando de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos. 

Asimismo, plantea que se puedan suspender los permisos expedidos a permisionarios, cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, energética o para la economía nacional. 

Mientras que el permisionario podrá solicitar la terminación de la suspensión, cuando demuestre que las causas que la ocasionaron ya fueron subsanadas y no se hayan originado ilícitos penales o infracciones administrativas. 

También establece la revocación de permisos de operación para los concesionarios que reincidan en el incumplimiento de las disposiciones relacionadas a la cantidad, calidad y medición de hidrocarburos y petrolíferos.  

Por otro lado, plantea que, en el supuesto de no emitirse una resolución por parte de la Secretaría de Energía o de la Comisión Reguladora de Energía, en cuanto a la resolución de permisos dentro de los términos que marca la ley, esta se entenderá en sentido negativo.  

Eleva a rango legal las disposiciones normativas establecidas en la política de almacenamiento mínimo de petrolíferos, y dispone que el otorgamiento de los permisos estará sujeto también a la capacidad de almacenamiento que determine la Secretaría de Energía, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

Luego de un amplio debate, Morena y sus aliados rechazaron las reservas de senadoras y senadores de todos los partidos, y avalaron el dictamen en  lo particular, por 63 votos a favor, 45 en contra y cuatro abstenciones. El decreto fue enviado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.