CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Ley de Hidrocarburos, con la que busca desincentivar el comercio ilícito del petróleo, garantizar su abasto y la soberanía nacional en su distribución, así como proteger la economía nacional y los ingresos que percibe el Estado.
 
Con las reformas que promueve el Ejecutivo se pretende incidir en el almacenamiento mínimo de petrolíferos establecido por la Secretaría de Energía e incorpora la negativa ficta en el procedimiento de trámite de permisos.
 
A su vez, plantea la revocación de permisos en caso de reincidencia en el incumplimiento de diversas disposiciones aplicables en materia de hidrocarburos y petrolíferos.
 
También prevé sancionar y desincentivar el contrabando de combustible, y la suspensión de permisos por peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad estratégica o la economía nacional.
 
"Es imperativo el fortalecimiento de las empresas productivas del Estado mexicano como garantes de la seguridad y soberanía energética y palanca de desarrollo nacional, para detonar un efecto multiplicador en el sector privado", señala la iniciativa.
 
Y faculta “a la Sener y la CRE, en el ámbito de sus competencias, para revocar los permisos expedidos en los términos establecidos en la Ley de Hidrocarburos cuando los titulares de los mismos cometan el delito de contrabando de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, y éste haya sido así determinado por resolución firme de autoridad competente".
 
En los considerandos, la iniciativa presidencial argumenta que están pendientes de resolver los ilícitos que cometen los distribuidores de combustibles que despachan cantidades menores a las que los usuarios pagan.
 
Detalla que, de acuerdo con una estimación realizada por la Cámara de Diputados, la cantidad de litros diarios no entregados a los consumidores por este concepto asciende a un millón 736 mil litros, lo que a un precio promedio de 19.32 pesos implicaría que las gasolineras que utilizan el software conocido como “rastrillo” o componente, obtienen ganancias que ascenderían a 33 millones 539 mil 520 pesos diarios.
 
Resalta que el contrabando de combustibles representa una grave afectación para el erario y una competencia desleal para los permisionarios legalmente establecidos.
 
La iniciativa reforma los artículos 51; 53, párrafo segundo; 56, fracción XI, y 57, y se adiciona una fracción XII, pasando la actual fracción XII a ser fracción XIII, al artículo 56; el artículo 59 Bis, y un párrafo segundo a la fracción II del artículo 86, de la Ley de Hidrocarburos.
 
El documento ya se publicó en la Gaceta Parlamentaria y se turnó a la Comisión de Energía, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Por vacaciones de Semana Santa, la próxima sesión de la Cámara de Diputados está programada para el 7 de abril.