CIUDAD DE MÉXICO (apro).-  La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez informó que de septiembre del 2020 a febrero del 2021 se registraron 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos, en los cuales hubo 64 víctimas de homicidios y los estados más violentos son Guerrero, Chihuahua, Guanajuato, Veracruz, Oaxaca y Jalisco.

Para el proceso electoral 2021, dijo, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) reportó al menos 15 incidentes de violencia política: 11 homicidios, dos agresiones, un secuestro y una extorsión.

En la conferencia mañanera, la funcionaria federal afirmó que el régimen anterior dejó instalado un “partido del crimen” que intenta competir en los comicios de julio próximo y lanzó un llamado a partidos políticos y órganos electorales para que vigilen que los candidatos no tengan nexos con “la delincuencia organizada y de cuello blanco”.

La titular de la SSPC explicó los detalles del Plan de Protección para políticos que el gobierno federal diseñó y dijo que el esquema será implementado por la Secretaría de Gobernación (Segob); la Consejería Jurídica; la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Anunció la implementación de “protocolos territoriales especializados” de acuerdo al nivel de incidencia delictiva y riesgos y remató:

“Esta revisión no sólo sirve para este seguimiento, sino para acciones concretas. Es claro, como dijo el presidente, que se heredó el partido de la delincuencia y no permitiremos que decidan o amenacen. Haremos lo necesario para proteger a los aspirantes”.

En su presentación, informó que de septiembre de 2020 a febrero de 2021 se documentaron 73 diferentes tipos de delitos contra precandidatos y aspirantes, de los cuales 64 fueron homicidios y los hechos de violencia política se enfocan en los estados de Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su llamado a la clase política para que denuncien las amenazas y agresiones, así como los intentos de extorsión para intimidarlos.

Dijo que en el plan de protección también participarán los órganos electorales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“Que se garantice la libertad de todos y sean los ciudadanos que elijan, no los grupos de intereses creados, no la delincuencia organizada, no la delincuencia de cuello blanco.”, expresó para justificar el plan del gobierno electoral para tratar de revertir los efectos de la violencia en el proceso electoral.