CAMPECHE, Cam. (apro).- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que en 2020 ese organismo presentó 130 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), 31 de las cuales tienen que ver con asuntos de corrupción. 

En entrevista telefónica que, durante su visita a Campeche, el viernes 26 de febrero, concedió al programa Fuertes Declaraciones que conduce Joaquín Repetto en la televisora local Telesur, el funcionario consideró que el expediente del gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, es sólido. 

Cabeza de Vaca afronta un proceso de desafuero para responder por las imputaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) le formuló por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Nieto Castillo comentó que respecto a ese caso que la UIF trabaja de manera conjunta con la FGR, la Fiscalía Anticorrupción y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y “hemos tenido datos importantes de las autoridades norteamericanas”. 

“Inclusive, ya hablamos de una cantidad importante de inmuebles en Estados Unidos pertenecientes a la familia del actual gobernador de Tamaulipas”, añadió.  

“El presidente (Andrés Manuel López Obrador) fue muy claro conmigo: que si había algún tipo de irregularidad no debíamos ser omisos y que se presentara la información y las denuncias en su caso ante FGR. Hay que recordar que la Fiscalía es un órgano autónomo y ella decidió solicitar la declaración de procedencia ante el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados”, expuso. 

Explicó que, si el desafuero se aprueba, el mandatario tamaulipeco podría ser procesado por los delitos de naturaleza federal, pero en el caso de los del fuero común, “evidentemente prevalece el fuero o la inmunidad constitucional local y tendría que irse al Congreso de Tamaulipas para que en su caso determinara si procede o no” su desafuero para ser juzgado en ese ámbito. 

Confió en que los congresos actúen en forma autónoma y valoren las pruebas aportadas e integradas en las carpetas de investigación por la PGR, la Seido, la Fiscalía Anticorrupción y la UIF, para no dejar ningún espacio a la impunidad.    

En ese sentido señaló que el combate a la corrupción se puede hacer desde muchos frentes, “desde el SAT (Sistema de Administración Tributaria), obligando a que los corruptos paguen los impuestos que deben; la UIF, congeniando cuentas; la Secretaría de la Función Pública (SFP), inhabilitando funcionarios que han incurrido en corrupción…”. 

Pero, resaltó, “el tema central tiene que ver con el combate a la impunidad y eso solo se logra cuando los responsables son llevados ante los tribunales, y eso en nuestro sistema constitucional es una atribución que tienen órganos autónomos como la FGR y las fiscalías locales”. 

Así mismo, abordó el tema de la mafia rumana, en torno al cual el pasado 4 de febrero la UIF congeló cuentas de empresarios, rumanos y mexicanos, y políticos presuntamente vinculados a ella, entre ellos varios de Quintana Roo. 

Al respecto, Nieto explicó que la mafia rumana “es un grupo de personas de nacionalidad rumana, pero también mexicana, que fueron denunciadas en diferentes países, particularmente en Canadá y en Estados Unidos, y en menor medida en México”. 

“Se trataba básicamente de turistas nacionales y extranjeros que llegaban a México y en los cajeros de las zonas turísticas, primero de Cancún, luego del resto de la Riviera Maya, y después en la Riviera Nayarita, Los Cabos, y Acapulco, y se les clonaban las tarjetas de crédito o débito, les aplicaban cargos en diversos lugares”, añadió. 

Expuso que esa situación, motivó un trabajo conjunto entre el FBI (la Agencia Federal de Investigación estadunidense, por sus siglas en inglés), la UIF, la FGR y la Fiscalía Anticorrupción “y se presentó la denuncia y se hizo un congelamiento de cuentas global de las personas que se encontró que estaban relacionadas”. 

Reveló que en relación a este caso “ahora hay 12 personas físicas y morales mexicanas y rumanas que han solicitado ante la UIF una garantía de audiencia, es decir, comparecer y presentar pruebas de descargo”, y recordó que el presidente López Obrador instruyó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana recibiera “al señor Tudor, que tendrá su garantía de audiencia en México en la UIF los primeros días de marzo”. 

Florence Tudor es un empresario de origen rumano radicado en Quintana Roo. A él se señala como presunto líder de la mafia rumana. 

“Creemos que es tema relevante. Se está afectando una de las actividades más importantes del país, que tiene que ver con el turismo, y nuestra posición fue generar una política pública en coordinación con otras instancias para hacer este bloqueo y presentar la denuncia correspondiente en contra de estos empresarios y gente de la vida pública que estaban relacionados con los hechos”, insistió. 

Y reiteró que “el asunto es lo suficientemente sólido, tiene una connotación internacional, hay casos relacionados con esta materia llevándose en Estados Unidos y, atendiendo la presunción de inocencia van a ser analizadas las pruebas que presenten estos grupos”.  

Aclaró que “no hay motivación de naturaliza política, pero si nos preocupa el tipo de transferencia que vemos porque en su conjunto hablamos de 240 millones de dólares, lo que ha sido denunciado”, ahondó, y explicó: 

“Hemos visto transferencias importantes a Rumania a otras partes del mundo, parte transferencias internacionales, y la constitución de empresas que en poco tiempo empiezan a recibir recursos de naturaleza relevante”. 

“Lo que queremos con este caso en particular es seguir trabajando en el fortaleciendo del sistema financiero mexicano, cumplir con los estándares internacionales y evitar que se utilice el sistema en forma ilícita además de afectar los turistas que vienen a disfrutar del país”, señaló.

En otro orden de ideas, respecto a Campeche, el funcionario reveló que en lo que va la presente administración federal, la UIF ha recibido 122 mil reportes de operaciones relevantes, 5 mil 600 reportes de operaciones inusuales, y más de 12 mil avisos por parte de los sujetos obligados por la ley en actividades vulnerables.

Explicó que la UIF recibe “dos tipos diferenciados de reporte; por un lado, del sistema financiero y ahí ha habido un incremento importante de la actividad reportada por los bancos, prácticamente tenemos dos modelos relevantes, que son cualquier operación mayor a siete mil 500 dólares, y el reporte de operaciones inusuales, que mayormente son los que nos ocupan con mayor profundidad, se trata de los vendedores de autos, joyas, arte, que tienen que dar avisos cuando tienen alguna adquisición que supera un determinado umbral”. 

“Ahí la novedad está en el espacio de las criptomonedas, de bitcoins y ese tipo de circulante que, si bien, no está autorizado por el Banco de México, existe en la realidad, pueden materializar dinero en México o pueden llevarse en un USB una criptomoneda y materializarla en cualquier parte del mundo”, indicó. 

Informó que “los montos en términos cuantitativos, estaríamos hablando que Campeche ocupa el lugar 31 en el país respecto a las operaciones relevantes, pero si ya hacemos un análisis por cada cien mil habitantes, se ubica en el lugar número 13 de la república mexicana y eso es un indicador relevante”, destacó. 

Y resaltó que los montos irregulares que se manejan rondan los 6 mil 500 millones de pesos, pero se tiene que revisar para detectar si hay alguna irregularidad. 

Precisó que en el cotejo por cada por cada cien mil habitantes, “lo reportado por el banco habla de 35 mil millones en las operaciones relevantes –de más de 7 mil 500 dólares-, pero en las inusuales, más de seis mil 500 millones de pesos”. 

“Finalmente, esa es parte de la actividad de la Unidad, revisar en efecto  que no exista algún tipo de operación con recurso de procedencia ilícita, sea en el ámbito de la corrupción política, de la trata de personas, tráfico de migrantes o temas vinculados inclusive con la delincuencia organizada, el tráfico de o armas”, comentó. 

“Es importante tener esas mediciones y a partir de ahí la Unidad lo que hace es investigar, colaborar con diversas autoridades, con las fiscalías locales,  la FGR, el SAT, recientemente con el Instituto Nacional Electoral (INE) para los procesos 2021, y es parte de la dinámica de la UIF”, agregó. 

Por último, aseguró que en las acciones de la UIF “no hay fin político, sino cumplimiento de las reglas del estado de derecho”.  

“Recientemente se ha acusado a la UIF, a la Fiscalía, de tener posición política, eso es absolutamente falso. Nosotros estamos refiriéndonos a hechos, además denunciados por los integrantes del sistema financiero, los bancos, casas de bolsas, entes financieros, para que nadie utilice el sistema financiero y la economía nacional de manera ilícita”, dijo.  

Señaló que en el combate a la corrupción y a la impunidad, aquellos servidores públicos que tengan calidad de garantes -como los de las fiscalías anticorrupción, de las contralorías o de las auditorías- que incurran en actos de omisión pueden tener responsabilidad de corte administrativo o penal. 

 La UIF, por su parte, “si hay algún requerimiento para investigar, actuara sin filias, sin fobias, y con absoluta imparcialidad y señalando las irregularidades que detecte”, advirtió.