CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) omisiones del Estado mexicano en la atención de la niñez e infancia en centros de asistencia social, que han derivado en graves violaciones a derechos humanos, entre ellos abusos sexuales y tortura.

Durante la audiencia virtual “Situación de Niñas, Niños y Adolescentes en Centros de Asistencia Social en México”, realizada en el contexto del 179 periodo ordinario de sesiones, las organizaciones peticionarios destacaron que pese a los avances a nivel legislativo e institucional en materia de infancia, que ha colocado a México como un ejemplo en la  región, en la realidad sigue imperando la “invisibilización” de la infancia y la adolescencia en las políticas públicas del gobierno federal, que se manifiestan en la falta de presupuesto dirigido a los menores de 17 años.

Como ejemplo de la falta de atención a la población infantil interna en centros de asistencia social, Eduardo Verduzco Verduzco expuso su caso como víctima, ante los comisionados presididos por Antonia Urrejola.
 
Verduzco fue internado a los 12 años en el centro de asistencia social La Gran Familia o Mamá Rosa en Zamora, Michoacán, donde permaneció seis años privado de su libertad, fue víctima de abuso sexual y despojado de su nombre, sufrió castigos que consistían en encierros por días, y golpes, además de que la alimentación que se le proporcionaba estaba descompuesta.

Al recordar que en 2014 fue una de las 530 personas rescatadas por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y que fue trasladado a la Ciudad de México sin documentos, sostuvo que en su búsqueda por justicia y reparación del daño ha sido revictimizado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), mientras sus “violadores y captores siguen libres”.

“En 2019 la CEAV me mandó encarcelar cuando me manifesté, los policías que me detuvieron dijeron que me iban a desaparecer y me aventaron a un barranco por la carretera México-Puebla; gané un amparo después de tres años de litigio, pero no me quieren dar reparación, no he tenido atención médica ni psicológica. Me han roto como ser humano y es responsabilidad del Estado”, expuso Verduzco Verduzco.

Los representantes de la sociedad civil denunciaron que el Estado mexicano ha fallado en su obligación de vigilar, supervisar y revisar los centros de asistencia social, tanto que el último censo data de 2015 --Censo de Alojamiento de Asistencia Social--, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y reportó 33 mil 118 niñas, niños y adolescentes resguardados en 879 centros de asistencia social, públicos y privados.

Sin embargo, “se ha podido constatar que existen centros que operan de manera irregular, con falta de regulación y fiscalización gubernamental, propiciando la vulneración de niñas, niños y adolescentes”, expusieron los activistas ante la CIDH.

Verónica Valverde Chávez, de Conexiones para Aprender (Conexiones de BYDA), cuestionó que México mantenga una “cultura tutelar con programas de protección en los que los niños, niñas y adolescentes terminan institucionalizados”, mientras el Estado “no supervisa y muchos niños caen en la tortura, estando el origen en el incumplimiento del Estado en la atención, protección, respeto, garantía y restitución de derechos humanos, omitiendo sus obligaciones de revisión, supervisión y vigilancia de los centros de asistencia social; no se aplican estándares nacionales e internacionales que velen por los niños, niñas y adolescentes sobre el trato que debe recibir, ni las condiciones en que deben tener en esos centros porque no hay regulaciones”.
    
Los defensores resaltaron la persistencia de omisiones, a pesar de que existen recomendaciones de organismos de derechos humanos para albergues en Michoacán y en la Ciudad de México, en tanto que hay información periodística de abusos en Jalisco, Yucatán, Baja California y recientemente en Morelos.

Durante la audiencia, los representantes de la sociedad civil demandaron la intervención de la CIDH para pedir al Estado mexicano el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y de los instrumentos internacionales “de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en instituciones públicas y privadas”.

Asimismo, que se cree una mesa de trabajo “institucional y permanente que sea acompañada por la CIDH”; que se cumpla el artículo 112 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que se realice el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social, “y que se establezcan los mecanismos para que las Procuradurías de Protección cumplan con lo determinado por la legislación” y se asignen presupuestos suficientes.
    
Las organizaciones solicitantes de la audiencia --Conexiones de BYDA; Save the Children; Documenta, análisis y acción por la Justicia social y EDNICA-- pidieron que se determine la situación jurídica de los menores institucionalizados; la creación de protocolos para la determinación del interés superior de la niñez; que el Estado cumpla con su obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos; que se reconozca a las niñas, niños y adolescentes que hayan sido víctimas de abusos, que se les ofrezca una disculpa pública, se les repare el daño y se garantice la no repetición, “incluyendo el cierre definitivo de instituciones en las que se cometieron los agravios, y que el Estado mexicano realice campañas de difusión, actividades de capacitación y sensibilización hacia el público en general y los funcionarios relacionados con la protección de niñas, niños y adolescentes.

Los activistas pidieron a la CIDH “profundizar en el monitoreo de la situación y condiciones en las que viven niñas, niños y adolescentes sin cuidados familiares en México”. 
    
Durante la audiencia, los representantes del Estado mexicano, funcionarios de la Secretaría de Bienestar, del Sistema DIF Nacional y del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de México, (SIPINNA) reconocieron fallas, aseguraron que trabajan en los registros tanto de menores institucionalizados como de centros de asistencia, y se comprometieron a participar en mesas de trabajo para dar seguimiento a la audiencia y “promover soluciones conjuntas en las que se garanticen, protejan y respeten los derechos de las niñas, niños y adolescentes privados de cuidados familiares y en riesgo de perderlos, con el acompañamiento de la CIDH”.