CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En una inédita audiencia pública, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados que el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca recibió un crédito para la compra de un departamento en Santa Fe de una sociedad financiera que ha recibido recursos de empresas fachada vinculadas con el Cártel de Sinaloa.

Aclaró que no estaba relacionado directamente al mandatario tamaulipeco con esa organización criminal, pero que “lo relevante” era que la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) con la que García Cabeza de Vaca realizó la transacción crediticia “ha recibido recursos de dos empresas fachada, relacionadas con empresas del Cártel de Sinaloa".

Nieto Castillo y el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda se presentaron este mediodía como testigos ante la sección legislativa en el inicio del desahogo de pruebas sobre la solicitud de desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas.

En su oportunidad, el titular de la UIF informó que en la denuncia que presentó ante la FGR en noviembre pasado incorporaba investigaciones que se habían iniciado “en sexenios anteriores” contra García Cabeza de Vaca, con lo que dijo, se descarta que se trate de una persecución política del actual gobierno.

El mandatario estuvo acompañado por su abogado Alonso Aguilar Zinser, quien al inicio de la diligencia pidió que se cancelara la presentación de los dos funcionarios federales porque ambos estaban legalmente impedidos de proporcionar información sobre la carpeta de investigación y con ello se violaría la presunción de inocencia de su defendido.

Dicha petición fue rechazada por los cuatro miembros de la Sección Instructora que encabeza el diputado de Morena, Pablo Gómez Álvarez, por lo que se dio curso al inicio de la exposición de Romero Aranda y Nieto Castillo.

En un hecho inédito, la comparecencia de los funcionarios federales se transmitió por el Canal del Congreso y las cuentas que la Cámara de Diputados tiene en Youtube, Facebook y Twitter.

Nieto Castillo inició su exposición informando que la investigación en contra de García Cabeza de Vaca se originó por la adquisición y venta de un departamento en Santa Fe.

Explicó que, para la compra de ese inmueble, el gobernador pidió un crédito por 14.5 millones de pesos a una Sofom que ha recibido recursos de empresas fachada relacionadas a su vez con empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa.

También sostuvo que diversas operaciones financieras de Cabeza de Vaca no son acordes con sus declaraciones patrimoniales.

“En general tenemos una disparidad entre los inmuebles pertenecientes a las asociaciones y a la familia y el ingreso que pudo haber tenido en sus años de servicio”, indicó Nieto Castillo.

En su exposición, Nieto Castillo mostró fotos y montos de diversas propiedades adquiridas por el gobernador, familiares y socios, tanto en Estados Unidos como en Tamaulipas.

El abogado Aguilar Zinser, defensor en su momento de Raúl Salinas de Gortari, le hizo algunas preguntas a Nieto Castillo quien reiteró una y otra vez que las respuestas estaban contenidas en la denuncia presentada ante la FGR.

Antes del titular de la UIF compareció Carlos Romero Aranda, quien en su breve participación señaló que la querella presentada contra el gobernador tamaulipeco se inició tras recibir documentos en los cuales “se podría configurar algún delito”.

La audiencia realizada por la vía telemática tuvo una duración de aproximadamente dos horas y media.

La Sección Instructora está compuesta por cuatro diputados federales. Además de Pablo Gómez, la integran Martha Ramírez Lucero, de Morena, Ana Ruth García Grande del PT y Claudia Pastor Badillo del PRI.

El martes 23 de febrero, la FGR presentó en la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero en contra de García Cabeza de Vaca por delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal equiparada, misma que fue ratificada el viernes 26.

El 13 de marzo inició el periodo probatorio que durará 30 días naturales. Después de este lapso la Sección Instructora debe elaborar un proyecto, mismo que presentará al pleno de la Cámara de Dipu­tados.

En esa sesión participarán la FGR y el inculpado y se abrirá un espacio para réplica del Ministerio Público y una contrarréplica del inculpado.

Ya sin la presencia de acusador y acusado, los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias podrán hacer uso de la palabra y al final de esta deliberación se someterá a votación el proyecto presentado por la Sección Instructora.

Si la mayoría resuelve a favor del desafuero, se envía al Congreso de Tamaulipas que actualmente tiene mayoría panista y que será la instancia que finalmente resuelva si procede la separación del cargo del gobernador García Cabeza de Vaca.