CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– Durante el primero año de gestión de Andrés Manuel López Obrador, los programas sociales prioritarios que implementó el gobierno tuvieron profundas deficiencias, tanto en el censo, el diseño, la implementación y la operación –a través de los Servidores de la Nación–, las cuales se reflejaron en irregularidades financieras y preguntas en torno a los resultados reales de la política social de la llamada Cuarta Transformación.

Así, a pesar de la voluntad anunciada de López Obrador y su gabinete de borrar la política social del pasado, basada en el reparto dádivas e intermediarios, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó más de una docena de auditorías a las nuevas estructuras y estrategias implementadas por el gobierno federal en su primer año, y detectó numerosas irregularidades que ponen en duda el éxito de la política de combate a la pobreza.

Las auditorías, de desempeño y de cumplimiento financiero, analizaron los Servidores de la Nación, el Censo del Bienestar –que “no puede considerarse un censo” según la ASF–, los programas de pensiones, así como los de Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, ello en el marco de la Cuenta Pública 2019, relativa al primer año de gobierno de López Obrador.

Así, la ASF confirmó irregularidades en la nómina de los más de 18 mil funcionarios que desempeñan como “Servidores de la Nación”, la pieza clave de los programas sociales del gobierno actual.

Los Servidores de la Nación, quiénes en su mayoría eran operadores electorales de Morena durante las elecciones de 2018 y fueron incorporados en una estructura nueva de la Cuarta Transformación, son coordinados desde la Presidencia de la República por Gabriel García Hernández, el cerebro electoral de López Obrador, y responden a las instrucciones de llamados “superdelegados” en los estados.

La semana antepasada, el reportero Arturo Rodríguez reveló, en Proceso las observaciones preliminares de la ASF respecto al primer año de operación de la estructura dirigida por García a través de la coordinadora de delegaciones de la Secretaría de Bienestar, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún; en aquel entonces, el organismo fiscalizador había señalado irregularidades por más de 3 mil millones de pesos en 2019.

En la versión definitiva de la auditoría, publicada hoy, la ASF determinó que existe un monto por aclarar de más de 561 millones de pesos en la contratación de Servidores de la Nación, y determinó que la Secretaría de Bienestar “no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”.

Entre sus observaciones, la ASF destacó la falta de justificativos para pagos de nómina, “inconsistencias” en la base de datos de los Servidores de la Nación –relativos a RFC que no corresponden, CURP duplicadas, CLABES asociadas a varias personas, entre muchas– y en el llamado “Censo de Bienestar”, que elaboró la estructura desde el periodo de transición con el objetivo de tener un padrón de beneficiarios de programas sociales.

Además, señaló que la Secretaría de Bienestar no pudo justificar con reporte de percepciones y nóminas el pago de 321 millones 90 mil pesos a los Servidores de la Nación, que a principios de 2019 eran contratados bajo la figura de “honorarios” y personal de carácter eventual.

En cuanto al Censo del Bienestar, la ASF destacó una serie de “deficiencias en su diseño e implementación”, e incluso planteó que “no puede considerarse un censo, debido a que no levantó información del total de viviendas de ninguno de los 2 mil 457 municipios para los 119 millones de habitantes”.

Más personas censadas que habitantes

No solo esto; en su informe de auditoría número 1387-DS, la ASF exhibió que las cifras fueron “sobreestimadas”: en decenas de municipios hubo más personas “censadas” que habitantes, como en Santa María Chilchotla, Oaxaca, donde los Servidores de la Nación reportaron 140 mil personas, cuando ahí viven 21 mil 469 habitantes, o en Guazapares, Chihuahua, donde en lugar de los 8 mil 169 habitantes, los Servidores de la Nación censaron 62 mil 085 personas, ¡Seis veces más!

La propia Secretaría de Bienestar puso en duda la utilidad del Censo del Bienestar: aseveró que “los datos contenidos en el Padrón Único de Beneficiarios (PUB) no derivan de la información que se obtuvo en el desarrollo del Censo del Bienestar, es decir, cada una de las Unidades Responsables de los Programas de Desarrollo Social son las responsables de enviar la información correspondiente de su padrón de beneficiarios a la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios, para su incorporación al PUB”.

Ello, según la ASF, “denotó que a 2019 no precisó la utilidad del Censo de Bienestar para la actualización de la población beneficiaria de los programas sociales”.

Universidades para el Bienestar

El programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez, que plantea la construcción y operación de 140 nuevas universidades en municipios marginados, también presentó “deficiencias e insuficiencias estratégicas y operativas”, que “de no corregirse limitarán su repercusión en la atención del problema público relativo a que los jóvenes que proceden de municipios de alta marginación carecen de opciones de formación superior en sus lugares de origen”.

En la auditoría de desempeño 144-DS, relativa a estas universidades, la ASF detectó que el programa a cargo de Raquel Sosa Elizaga –una incondicional del presidente– entregó más de 828 millones de pesos en subsidios para la construcción de 100 sedes, a pesar de que ocho de cada diez proyectos no reunían los requisitos de elegibilidad establecidos en sus propios lineamientos; lo anterior, según el organismo fiscalizador, “podría representar un riesgo de que no se esté atendiendo a la población objetivo del programa”.

Aparte, deploró que el programa no identificó con precisión a la población potencial, objetivo y beneficiaria al presentar diferencias significativas entre las definiciones de cada una de éstas”, y tampoco estableció “mecanismos de coordinación entre dependencias y entidades del Gobierno Federal a fin de evitar duplicidad en el ejercicio de los recursos”.

El organismo fiscalizador también señaló que el programa “no focalizó la instalación y/o rehabilitación de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez en las comunidades y municipios que definió como población potencial”; tampoco “contó con un programa de trabajo en el cual se establecieran objetivos, indicadores y metas para dar seguimiento y supervisión de los apoyos otorgados” y, peor aún, no tuvo “la documentación comprobatoria del ejercicio del gasto”.

En julio pasado, cuando el Coneval señaló las fallas del programa –tanto en su diagnóstico como en su implementación–, la Coordinación del programa envió una respuesta muy molesta, en la cual fulminó contra “la rigidez de los parámetros impuestos” y la “imposición de diseños, mediciones de desempeño y evaluación de resultados llevada a cabo por organismos internacionales en gobiernos anteriores”.

Pensiones

Respecto a los 8 mil 295 millones de pesos que el gobierno invirtió en 2019 en el programa de Pensiones para el Bienestar de Personas con Discapacidad, la ASF determinó, en la auditoría de desempeño 243-DS, que la administración “no identificó y cuantificó a la población potencial y objetivo” y tampoco “definió las características de las personas con ‘discapacidad permanente’”, por lo que no pudo dar cuenta de la cobertura del programa, ni mostrar “en qué medida contribuyó al bienestar social y la igualdad”.

Al analizar la aplicación de programa, que consiste en la entrega de mil 275 pesos mensuales a personas con discapacidad, la ASF señaló la falta de coordinación, la ausencia de un reglamento interno y, peor, la inexistencia de “proyecciones financieras y de metas” para su implementación, por lo que la Secretaría de Bienestar no tiene estimaciones para atender a la población objetivo.

En el padrón de beneficiarios, que contaba con 837 mil 427 personas, la ASF detectó que no hubo “una adecuada rendición de cuentas”, pues éste no incluyó la fecha de incorporación de todas las personas, ni información básica como el tipo de discapacidad o las coordenadas geográficas; la dependencia tampoco definió una estrategia para promover el programa, con el afán de identificar e incorporar a más personas.

Más grave: la ASF estimó, con un 95% de certeza, que la Secretaría de Bienestar no acreditó el pago de la pensión a “entre el 71.3% y el 81.3% de los 837 mil 427 beneficiarios”.

Aparte, la ASF observó que, en su programa de Pensión para Adultos Mayores, la Secretaría de Bienestar necesitaba aclarar el destino de 992 millones 680 mil pesos, debido a carencias en el registro de beneficiarios.

Jóvenes Construyendo el Futuro

El programa de capacitación de jóvenes desocupados, Jóvenes Construyendo el Futuro, que consiste en otorgar un subsidio a personas en capacitación, también tuvo fallas en su primer año de aplicación, pues dejó sin atención a la mitad de su población objetivo, y no generó información que permita evaluar sus resultados.

La ASF refrendó que, a pesar de contar con un presupuesto de 40 mil millones de pesos en 2019 –de los que solo usó 23 mil 520 millones–, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) no “delimitó” ni “conceptualizó con claridad” el problema que pretendió atender, y durante ocho meses no tuvo ninguna unidad formal responsable de su operación –lo manejaba directamente Horacio Duarte, otro operador electoral de López Obrador–.

La ASF determinó que el programa atendió a un millón 120 mil jóvenes en 195 mil centros de trabajo, pero observó falta de transparencia en la “información de los beneficiarios del programa”, y consideró que “los sistemas de información y control interno de la entidad fueron insuficientes y representaron un riesgo para el otorgamiento de los apoyos económicos a la población objetivo y para asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas del programa”.

Aparte, reveló que a finales del año solo quedaban 745 mil jóvenes en sus centros de trabajo; que la dependencia a cargo de Luisa Alcalde Luján “no acreditó el mecanismo para evaluar y asegurar que los egresados del programa adquirieron o fortalecieron las habilidades técnicas y socioemocionales señaladas en las constancias de capacitación entregadas a los becarios que concluyeron con la capacitación”.

En otras palabras: “No fue posible conocer el impacto de los beneficios de la capacitación acompañada de becas y seguridad social, la atención al problema identificado y el cumplimiento del objetivo del programa”.

Sembrando Vida

En Sembrando Vida, otro programa estratégica del gobierno de López Obrador –que contempla un apoyo de 5 mil pesos mensuales a campesinos a cambio de que cultiven árboles frutales–, la ASF estimó que la Secretaría de Bienestar debe aclarar el destino de mil 823 millones de pesos, en parte por no acreditar el otorgamiento de apoyos, ni que guardó recursos del ahorro en el Banco de Bienestar.

En su auditoría 248-DS, la ASF determinó que, en el marco del programa –que ejerció 14 mil 647 millones de pesos en 2019 y benefició a 244 mil 657 sujetos agrarios–, la Secretaría de Bienestar no pudo entregar la documentación que justificara la entrega de 338 millones de pesos a 61 mil 602 personas, ya sea a través de canjes, autorizaciones de pago, o estados de cuentas, ello debido a la “supervisión deficiente respecto al pago de sujetos de derecho”.

En otra auditoría –número 249-DS–, la ASF observó que, en 2019, Sembrando Vida opera por fuera del reglamento interior y de manuales de organización, y con lineamientos deficientes, que no identifican con precisión a la población objetivo y los municipios de implementación, no indican los montos máximos de apoyos extraordinarios y los límites temporales del programa, no especifican mecanismos de coordinación, ni incluyen elementos para “la validación y actualización de la información contenida en el padrón de beneficiarios del programa”.

El organismo fiscalizador también observó discrepancias en el padrón de beneficiarios, falta de seguimiento a las funciones realizadas por los operadores técnicos del programa, y la ausencia de acciones para promover la formación de comités de contraloría.

De manera general, estimó que “el programa presentó deficiencias en su diseño e implementación que implicaron el riesgo de que no logre cumplir, en el mediano plazo, el objetivo de lograr que los sujetos agrarios en localidades rurales con ingresos inferiores a la línea de bienestar rural cuenten con ingresos suficientes para hacer productiva la tierra”.

Segalmex

La ASF también observó graves deficiencias en la gestión financiera del programa de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), dirigido por Ignacio Ovalle Fernández, pues determinó que la dependencia debe aclarar el destino de 3 mil 396 millones de pesos y que “no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”; de hecho, determinó que dicho sistema –otra creación de la Cuarta Transformación– operó en 2019 sin contar con la autorización de su estructura orgánica de las secretarías de Hacienda y de la Función Pública.

El informe de auditoría 283-DS determinó que Segalmex no pudo justificar un diferencial de 516 millones de pesos en un subsidio para cinco operaciones de compra de trigo, tampoco logró explicar la desaparición de mil 496 millones de pesos de maíz en sus almacenes –los cuales estaban en sus registros contables–, y tampoco tuvo las boletas de recepción de 551 millones de pesos de frijol.

Y no solo esto: Segalmex también adjudicó, de manera directa, un contrato por el “servicio integral especializado en apoyo a actividades institucionales” –equivalente a subcontratación de personal–, por el cual pagó 295 millones de pesos a un grupo de empresas sin comprobar la prestación del servicio ni contar con información básica, como las áreas de ubicación del personal o los recibos de nómina timbrados.

Madres trabajadoras

En 2019, el gobierno de López Obrador justificó su decisión de eliminar el subsidio a las estancias infantiles bajo el motivo de que el programa estaba plagado de corrupción; en su lugar, la Secretaría de Bienestar lanzó el Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, que contempló un apoyo financiero directo a las familias.

Sin embargo, en un informe de auditoría de desempeño, la ASF afirmó que el “diagnóstico” que la Secretaría de Bienestar elaboró para justificar la desaparición del programa de estancias infantiles –el cual fue presentado por la subsecretaria Ariadna Montiel– presentó muchas “deficiencias”, y la dependencia no realizó proyecciones financieras ni dimensionó la magnitud del problema que pretendió atender.

De manera improvisada, lanzó la estrategia sin siquiera definir los criterios de acceso al programa, ni mecanismos de supervisión, ni la definición de población objetivo, ni acciones de promoción. Por lo anterior, no pudo acreditar que la incorporación de 210 mil beneficarios del programa se realizó “conforme a los criterios y requisitos establecidos en las reglas de operación”.

Además, la ASF se percató que, de una muestra de 385 expedientes elegidos al azar, el 90% estaba incompleto, por lo cual estimó que más de ocho de cada diez expedientes carecía de al menos uno de los requisitos de adhesión al programa; y señaló que la dependencia no pudo sustentar que “se entregaron los apoyos de manera directa y conforme a los montos previstos, y no se supervisó la operación del programa”.