CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– La Auditoría Superior de la Federación (ASF) asestó un duro golpe a la gestión de Irma Eréndira Sandoval durante su primer año al frente de la Secretaría de la Función Pública (SFP): en un amplio informe de auditoría publicado hoy, el organismo fiscalizador señaló numerosas irregularidades y deficiencias en la estructura encargada de erradicar la corrupción en la administración pública federal.

La relación entre la ASF y la SFP resultó aparentemente muy tensa. El documento plantea que, durante la auditoría, la dependencia dirigida por Sandoval “mostró resistencias al proceso de fiscalización, al no permitir el acceso al equipo auditor a sus instalaciones y archivos, y sus servidores públicos se negaron a comparecer ante la ASF”.

“Se concluye que la posición adoptada por la SFP durante el proceso de fiscalización resultó ser incongruente con la estricta aplicación de los principios de transparencia, rendición de cuentas, y combate a la corrupción y a la impunidad que la propia dependencia federal impulsa en el ámbito de sus facultades”, acusó la ASF.

Según el organismo fiscalizador, la dependencia a cargo de Sandoval se negó en enseñarle un expediente de investigación sobre “presuntas anomalías e incongruencias” en el estado patrimonial de un “líder sindical”, bajo el argumento de que no tenía la información.

Aparte, la ASF señaló a la SFP por cometer “irregularidades y deficiencias” en la contratación de seis funcionarios a altos cargos públicos, pues afirmó que no contaban con los años de experiencia requeridos en los perfiles del puesto, y exhibió que, en todo 2019, la SFP solo realizó 92 investigaciones de evolución patrimonial, una cifra irrisoria en comparación con las 575 mil 834 declaraciones presentadas por los funcionarios ese año.

En otras palabras, la ASF insinuó que, durante su primer año, la SFP no investigó a los burócratas de la llamada Cuarta Transformación, y tampoco dispuso de “una política, lineamiento o metodología que estableciera las bases y justificara la selección de los servidores públicos sujetos a investigación”, pues la mitad de las investigaciones se originaron en notas periodísticas.

La ASF también denunció a la SFP por no actualizar el Registro de Servidores Públicos Sancionados, y por no tener evidencias que muestre sus actividades derivadas de los expedientes generados por las “quejas, denuncias y peticiones ciudadanas por presuntas faltas administrativas en contra de servidores públicos federales”.

Entre sus duras críticas contra la dependencia, el organismo fiscalizador subrayó que la Coordinación de los Órganos de Vigilancia y Control “mostró limitaciones, debilidades, deficiencias y discrecionalidad en los procesos de selección, designación y administración del personal que integró su estructura, aunado a las debilidades y deficiencias que reflejó el Sistema de Evaluación del Desempeño que implementó”.

De manera general, sentenció que la dependencia “no aportó evidencia de los mecanismos establecidos para medir y determinar la magnitud de las faltas administrativas y el nivel de corrupción en las dependencias y entidades de la APF durante 2019, situación que provocó que no se propiciara la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas entre las instituciones federales, ni tampoco el impulso a su papel estratégico de vigilancia y control”.

El organismo fiscalizador también criticó el “informe de fiscalización de la función pública”, que Sandoval presentó con bombo y platillo en febrero de 2020, pues afirmó que el concepto de fiscalización empleado “no se encuentra debidamente fundamentado en el marco constitucional, ni emitido de acuerdo a las previsiones operativas del Sistema Nacional Anticorrupción y del propio Sistema Nacional de Fiscalización”.

En otra auditoría –número 76-DS– la ASF apuntó la “inadecuada regulación, dirección, coordinación, evaluación y seguimiento” de la SFP en su papel al frente del Sistema del Servicio Profesional de Carrera, causadas por las “serias deficiencias” de la dependencia en “todos los subsistemas”, las cuales “podrían poner en riesgo el cumplimiento del objeto” del servicio.

Dicho servicio pretende garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito; sin embargo, según la ASF, a finales de 2019 menos de 1% de los servidores públicos correspondían al servicio; ello, según el organismo, se debió entre otros a que la SFP no implementó “mecanismos innovadores para atraer a los mejores hombres y mujeres”.