CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– La defensa de Rosario Robles Berlanga formalizó ante la Fiscalía General de la República (FGR) su petición de poner fin al juicio que enfrenta por el delito de ejercicio ilícito del servicio público - en la modalidad de omisión -, mediante un procedimiento abreviado.

Previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), el procedimiento abreviado implica que la ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) está dispuesta a reconocer su responsabilidad penal o culpabilidad en el delito que se le imputa, a cambio de una reducción de hasta una tercera parte de la pena de prisión que le corresponde.

De esta manera, Robles Berlanga aceptaría que es responsable de los dos cargos que la Fiscalía le imputa por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, en la modalidad de omisión, por no impedir ni reportar a sus superiores jerárquicos el presunto desvío de 5 mil millones de pesos ocasionado por la llamada “Estafa Maestra” en las dos dependencias que encabezó.

En el cierre de instrucción del proceso penal contra Robles, ocurrrido en agosto del año pasado, la FGR había solicitado una pena de 21 años de prisión contra la ex titular de Sedesol y Sedeatu, con el argumento de que se trata de un delito continuado y de que su calidad de servidora pública era una agravante.

El escrito formal de acusación presentado en esa ocasión, señalaba que el delito de ejercicio ilícito del servicio público, previsto en el artículo 214 del Código Penal Federal, contempla una pena máxima de siete años de cárcel cuando el imputado o imputada por razón de su empleo, cargo o comisión y teniendo conocimiento de delitos que pueden afectar el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la administración pública federal centralizada, sea omiso y no informe a sus superiores jerárquicos de esas conductas contrarias a la ley.

En virtud de que Rosario Robles presuntamente incurrió en el delito de omisión en dos dependencias distintas y de manera continuada, Sedesol y Sedatu, la FGR había estimado que se debía aplicar una pena máxima sumando los dos cargos de ejercicio ilícito del servicio público para acumular 14 años de cárcel.

Adicionalmente, se le agregarían siete años de prisión por su calidad de servidora mientras Robles fungió como secretaria de Estado. Es decir, que la pena de prisión contra Robles después de llegar a un acuerdo, podría ser de 7 años.

No obstante, el CNPP también prevé que la FGR pueda ajustar su petición original, reclasificado los delitos, con el fin de ofrecer un beneficio mayor a la imputada.

Dicho ajuste se presentaría en la audiencia a la que convoque el Juez de Control, cuando ambas partes ya tengan negociado los términos del procedimiento abreviado. En su replanteamiento, la FGR podría quitar las agravantes a Robles, dejando la pena máxima en 7 años.

La tercera parte de dicha pena sería de 2 años con 4 meses, permitiendo que Robles recupere su libertad mediante medidas cautelares diferentes a la pena de prisión preventiva.

La posibilidad de que Robles se declare culpable de dos cargos por el mismo delito salió a relucir la semana pasada, fecha en la que se iba a celebrar la audiencia intermedia del juicio que se le sigue a la ex titular de Sedesol y Sedatu.

Ante el ofrecimiento de la defensa, el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Alejandro Villar Ceballos, suspendió la audiencia intermedia que había arrancado a las 10 de la mañana y reprogramó la misma para el próximo 27 de febrero.

El Consejo de la Judicatura Federal explicó que al momento de suspender la audiencia intermedia, el juez de Control preguntó tanto a la defensa de Rosario Robles como a la Fiscalía, si ya habían formalizado dicho acuerdo.

Ambas partes respondieron que solo existía un acuerdo verbal, por lo que el juez de la causa los exhortó a formalizar dicho acuerdo. Con la presentación del escrito formal, ambas partes cumplieron con ese primer plazo.

En los próximos 15 días, la defensa de Rosario Robles y la FGR deberán llegar a un acuerdo que se va a presentar ante el mismo juez de control en una audiencia que se va a celebrar el próximo 27 de febrero.