CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La defensa de Rosario Robles Berlanga ofreció a la Fiscalía General de la República (FGR) reconocer su culpabilidad penal en los dos cargos que enfrenta por el delito de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisión, por permitir el presunto desvío de 5 mil millones de pesos del gobierno federal, a cambio de que se reduzca la pena que enfrentaría por dichas imputaciones.

Durante la audiencia realizada de manera virtual, en la que se celebraría la intermedia o de calificación de pruebas, los representantes legales de la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se pronunciaron por poner fin al juicio oral mediante un procedimiento abreviado, es decir, un juicio en el que una persona reconoce su responsabilidad en un delito a cambio de una reducción que le corresponde, hasta de una tercera parte de la que prevé la ley.

Tras escuchar la propuesta de la defensa, los fiscales de la FGR aceptaron consultar con sus superiores jerárquicos, en este caso el subprocurador especializado en Delitos Federales, Juan Ramos López, y con el propio titular de la Fiscalía, Alejandro Gertz Manero, la posibilidad de autorizar el acuerdo, ya que así lo contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

Ante la propuesta de la defensa y la respuesta de la Fiscalía, el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Alejandro Villar Ceballos, suspendió la audiencia intermedia que había arrancado a las 10 de la mañana y reprogramó la misma para el próximo 27 de febrero.

El Consejo de la Judicatura Federal explicó que, al momento de suspender la audiencia intermedia, el juez de Control preguntó tanto a la defensa de Rosario Robles como a la Fiscalía, si ya habían formalizado dicho acuerdo.

Ambas partes respondieron que sólo existía un acuerdo verbal, por lo que el juez de la causa los exhortó a formalizarlo y dio un primer plazo de cinco días para que establezca el diálogo y uno adicional de 15 días para presentar un documento por escrito. Derivado de lo anterior, la audiencia celebrada este día fue suspendida.

Cabe señalar que es la segunda ocasión que el juez aplaza la audiencia intermedia del caso Rosario Robles para que la defensa y la FGR firmen un acuerdo, ya que el 25 de noviembre del año pasado los abogados de la ex jefa de gobierno ya habían solicitado a la Fiscalía que se le otorgara un criterio de oportunidad.

Sin embargo, casi tres meses después, ambas partes no han logrado llegar a un acuerdo.

A Robles Berlanga se le imputa la omisión de no actuar contra un presunto desvío por un monto de 5 mil millones de pesos que se registró en el presupuesto de Sedesol y Sedatu cuando fungió como titular de ambas dependencias.

De acuerdo con la acusación existente, la omisión de Robles fue por no poner un alto a los contratos que sirvieron para ejecutar el desvío de recursos públicos, así como por no reportar dicha irregularidad a sus superiores jerárquicos, es decir, al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y al expresidente Enrique Peña.

La audiencia intermedia es la última oportunidad que tiene la defensa de Robles de no ir a juicio por los dos cargos de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisión que se le imputan a la exfuncionaria por el presunto desvío de 5 mil millones de pesos.

El procedimiento abreviado y el criterio de oportunidad son formas de terminación anticipada de un juicio penal, pero parten de supuestos diferentes y sus consecuencias también son diferenciadas.

En el caso del procedimiento abreviado, el imputado debe reconocer su responsabilidad plena en la comisión de un delito, lo que equivale a declararse culpable, a cambio de una sentencia con una pena mínima y el otorgamiento de medidas cautelares favorables para el acusado.

En cambio, el criterio de oportunidad consiste en que un imputado colabore con la Fiscalía en las investigaciones de delitos más graves de los que se le acusan, imputando exclusivamente a sus superiores jerárquicos por su relación con estos hechos.

A cambio, la FGR puede extinguir o cancelar las causas penales en su contra, por lo que el acusado puede recuperar su libertad de manera provisional y hasta que se concluya su proceso de colaboración.