CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La crisis económica producto de la pandemia de covid-19 “podría exacerbar los elevados niveles de pobreza y empeorar las condiciones de vida de quiénes ya se encuentran en esa situación”, sobre todo a las mujeres, las personas indígenas, las personas con discapacidad, los jóvenes y las personas mayores, quienes ya sufrían discriminaciones estructurales, advirtió hoy el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En su informe de evaluación de la política de desarrollo social 2020, presentado hoy por José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval, el organismo reiteró su proyección según la cual 10.7 millones de personas podrían caer en situación de pobreza extrema por ingresos como producto de la pandemia, mientras que 9.8 millones enfrentan la posibilidad de caer en pobreza.

Estos datos, subrayó el organismo, representan “un riesgo importante de retrocesos en los logros de desarrollo social de las últimas décadas”, que alejaría todavía la perspectiva de construir un sistema de seguridad social universal.

La pandemia vino a agravar una situación muy precaria para decenas de millones de personas en México: en 2019, el país sufrió un crecimiento negativo, y en el primer trimestre de 2020, los ingresos laborales de la población aún no alcanzaban los niveles previos a la crisis financiera de 2008 --a pesar de los incrementos al salario mínimo--, y la caída de la actividad llevó la tasa de pobreza laboral a 53.1% y a la par llevó a la desaparición de 788 mil empleos registrados entre el IMSS entre enero y septiembre.

El Coneval resaltó que los sectores del turismo, el transporte y el de la alimentación padecieron de golpe la pandemia, y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) consideró que, de todos los países de la región, México registraría la cuarta peor agravación de sus niveles de pobreza por el covid-19.

La pandemia de covid-19 podría provocar una crisis de abastecimiento de anticonceptivos y generar cerca de 200 mil embarazos no deseados en personas adolescentes; también podría afectar el bienestar de la población joven, agudizando los fenómenos de ansiedad y depresión con la interrupción de la educación o el empleo, y la mayor dificultad a encontrar un empleo.

“Los efectos adversos de la pandemia causada por la COVID-19 han sido inmediatos en términos de empleo, disminución de ingresos laborales e incremento de pobreza laboral. Las secuelas que dejará en la dinámica económica van más allá y podrían causar incrementos importantes en la pobreza por ingresos”, vaticinó.

Armando Batra Vergés, investigador académico en el Coneval, observó que la crisis económica vino a golpear México cuando el país se estaba recuperando de la crisis financiera de 2008, y reflexionó:

“La pregunta obligada es: ¿Necesitaremos otros 10 años para recuperar lo perdido en unos cuántos meses? ¿Tendremos otro tiempo o se nos atravesará otra crisis y nos volverá a echar por atrás antes de habernos recuperado? Estamos ante un círculo vicioso, una suerte de síndrome de Sísifo”.

“En términos de bienestar, necesitamos avanzar rápido, necesitamos avanzar bien, y necesitamos avanzar de modo que lo logrado no sea fácilmente reversible”, asestó.

Alejandra Haas Paciuc, Directora Ejecutiva de Oxfam México, planteó por su parte que el problema de fondo sigue siendo la desigualdad estructural que impera en el país, producto de una mala redistribución de la riqueza y de la baja recaudación de impuestos, principalmente a las personas más adineradas.

Subrayó que el gobierno de Argentina se plantea implementar un impuesto de emergencia a las personas más ricas para atender las necesidades de gasto extraordinarias desatadas por la emergencia sanitaria.

Tras criticar la política social de los últimos 30 años, que pese a una amplia inversión pública no revirtió los niveles de pobreza de manera drástica, la activista subrayó que la estrategia implementada por la llamada Cuarta Transformación es insuficiente para “cubrir todo el ciclo de vida de las personas”.

“Hay personas que están fuera de los programas de transferencia y que han sido particularmente afectadas por el covid-19”, lamentó, y reiteró la urgencia de implementar un sistema universal de salud, que implicaría duplicar el gasto en ese rubro –de 2.7% del PIB a por lo menos 5%-- para elevar la cobertura y la calidad de la atención médica, pues en el marco de la pandemia se observó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó tasas de letalidad mucho mayores que las del sistema privado de salud.