CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la prevalencia del reclutamiento forzado de personas menores de 18 años y la violencia criminal en su contra, Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), urgió al Estado mexicano a tipificar como delito penal el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.

Ramírez explicó que la demanda de la Redim se basa en el incremento alarmante de violencia contra este sector de la población, evidenciado en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, que registró 2 mil 37 homicidios de personas de cero a 17 años, del 1 de enero al 31 de octubre de este año, mientras que en el mismo periodo la cifra de fallecimientos violentos fue de mil 973 personas.

En cuanto a desapariciones, la defensora destacó que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas (RNPDNO) contempla a 4 mil 328 víctimas en el rango de cero a 17 años, registradas como desaparecidas del 1 de enero al 7 de diciembre de este año. Del total, 2 mil 785 son mujeres, de las cuales mil 570 siguen desaparecidas.

Tania Ramírez alertó que en el mismo periodo de 2020 se denunciaron las desapariciones de mil 347 personas de 17 o menos edad, que siguen sin ser localizadas.

Durante la presentación del informe “Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos”, la defensora apuntó que “niñas, niños y adolescentes reclutados son prioritariamente víctimas”, situación que –reconoció-- “no excluye de la responsabilidad penal o de otras formas de rendición de cuentas, pero sí ayuda a promover una lógica de restitución de derechos en la desvinculación, la recuperación física, psicológica y en la reinserción”.

El informe presentado este martes es una secuencia de un primer documento presentado en septiembre, donde se alertó que al menos 150 mil niños y adolescentes estarían en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado, debido a las condiciones sociales en que se desenvolvían.

Ramírez recordó que “el presupuesto de programas enfocados para atender a niñas, niños y adolescentes se ha visto gravemente afectado”, de manera que para el próximo ejercicio fiscal los fondos para apoyar a la infancia “han sido reducidos en un 50%, y así no se puede garantizar el alcance que actualmente tiene ni garantizar que se amplie su cobertura para prevenir el reclutamiento”.

Ante los riesgos inminentes para la infancia y la adolescencia, Ramírez consideró que el Estado mexicano debe aplicar “políticas públicas generales, sectoriales y específicas, tomando en consideración las recomendaciones generales realizadas a México por el Comité de los Derechos del Niño”.

En apego a esas recomendaciones, la Redim propone la tipificación del delito en el Código Penal Federal, toda vez que en la actualidad “el marco jurídico mexicano lo contempla como una de las variantes de trata, por ello requiere una especificación más concreta que pueda asegurar su prohibición”, apuntó Ramírez.

Añadió: “La tipificación del delito de reclutamiento debe estar diseñada para prevenir el delito, ubicarlo como tal y, muy importante, sancionar a las personas adultas que lo realizan”, además de que se propone “incorporar a las Procuradurías de Protección como garantes de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, para que éstas sean las encargadas de velar por el interés superior de la niñez en cada etapa del proceso y así prevenir una revictimización”.

La directora ejecutiva de Redim destacó que ante la situación de vulnerabilidad en que se encuentra miles de niños y adolescentes, “es urgente fortalecer al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), para garantizar la atención adecuada a la niñez en todos los aspectos”, considerando de manera relevante el tema presupuestal.

Por su lado, Elena Azaola, experta en temas de infancia alertó que la militarización de la seguridad pública es parte del problema en el reclutamiento forzado de menores.

Al señalar que en sus investigaciones ha podido recabar testimonios que sostienen que “policías o expolicías militares o exmilitares han sido reclutadores para formar a estos grupos delictivos”, insistió en que “mientras no se modifiquen las políticas de seguridad” no es posible generar confianza.

La investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas) destacó que prevalecen “temas como la tortura hacia estos niños, niñas y adolescentes, una vez que son detenidos y son tratados de la manera que lo hacen”, por lo que es difícil que “vuelvan a confiar en las autoridades cuando son las autoridades las primeras que han violentado la ley contra ellos”.

En la presentación del documento participó la directora de Políticas de Prevención y Atención de Violencias de la Sipinna, Gabriela Polo Herrera, quien respaldó la exigencia de tipificar el delito de reclutamiento forzado y considerar a los menores involucrados como “víctimas de una serie de vulnerabilidades acumuladas”, en tanto que la coordinadora de Diseño, Asesoría y Evaluación de Políticas, Programas y Acciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Josefina Pontigo Granados, alertó sobre las diferencias de género en el reclutamiento forzado de niños y adolescentes.