OAXACA, Oax. (apro).- La minera Cuzcatlán, filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines dividió a la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, debido a que tres legisladores operan como gestores para que les otorguen nuevos permisos ambientales y otros presentaron un punto de acuerdo donde piden detener ese proyecto minero por los daños ambientales ocasionados.

El punto de acuerdo fue presentado por los legisladores Armando Contreras Castillo e Irma Juan Carlos, ambos precandidatos de Morena a la gubernatura de Oaxaca, así como de Adriana Bustamante Castellanos, donde exhortan a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de Economía (SE) nieguen los permisos solicitudes y demás instrumentos administrativos y legales, a la empresa minera Cuzcatlán para que no pueda seguir operando en los Valles Centrales de Oaxaca.

De igual forma, piden al gobierno de Alejandro Murat Hinojosa niegue los permisos, además de dar apoyo a las víctimas de los estragos ambientales brindándoles atención médica y la rehabilitación de sus comunidades.

Mientras que a la Fiscalía General de Oaxaca se le pidió que de acuerdo a su competencia y facultades investigue los ilícitos denunciados por las comunidades aledañas sobre el centro de operaciones de la empresa, además de su presunta responsabilidad penal de la empresa minera Cuzcatlán, por los daños ambientales ocasionados.

Además, el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos integrado por 10 comunidades zapotecas, denunció que los legisladores de Morena, Azael Santiago Chepi, Ángel Domínguez Escobar y Yeidckol Polevnsky se han convertido en gestores de la minera y, por consiguiente, favorecen los intereses de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines.

De acuerdo a integrantes del frente, los tres diputados, junto con funcionarios del gobierno de Oaxaca y representantes de la empresa minera extranjera, se han reunido en diferentes ocasiones para presionar a las autoridades federales y otorguen el permiso ambiental “San José”, así como la “actualización de obras y actividades”, ambos del proyecto minero canadiense.

Con ello, dijeron, traicionan al presidente Andrés Manuel López Obrador y al pueblo que les otorgó el voto al ponerse del lado de una empresa transnacional sin importar poner en riesgo a comunidades zapotecas.

Fortuna Silver trata de evitar el cierre de una mina de plata ubicada en San José del Progreso, Oaxaca, ya que su principal autorización ambiental expiró el pasado 23 de octubre, ante ello, la empresa Cuzcatlán ha buscado una extensión del permiso.

Entre las consideraciones del punto de acuerdo, detallan que en San José del Progreso, donde está la mina, 9 de cada 10 personas se encuentra en niveles de pobreza, a pesar de estar cerca del suelo y yacimientos mineros de donde se puede extraer oro y plata.

En 2009 llegó la empresa y el trabajo que realiza es bajo un modelo de minería subterránea. Las obras realizadas por la minera, se encuentra bajo la jurisdicción territorial de los municipios de San José del Progreso y Magdalena Ocotlán.

Destaca que el pasado mes de octubre, a la empresa se le terminó el permiso para operar el proyecto y culminarlo.

Sin embargo, la empresa ha “amenazado a sus trabajadores para que ejerzan presión contra el gobierno, resultando en que 800 trabajadores de la minera se manifestaran en Palacio Nacional para pedirle al presidente Andrés Manuel López Obrador que les conceda el permiso para seguir trabajando.

Apenas el 11 de octubre de 2021, con bloqueos en la carretera federal 175 en inmediaciones de Magdalena Ocotlán y Monte del Toro, el Frente no a la minería por un futuro de Todxs, exigió la cancelación de proyecto minero San José de la empresa Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, por afectar el ambiente de las comunidades de Valles Centrales al construir 75 obras irregulares.

El Frente No a la Minería pidió al gobierno de López Obrador garantizar y respetar los derechos de los pueblos indígenas, porque la minera Cuzcatlán ha violentado la legislación ambiental vigente y los derechos como pueblos indígenas. Ningún proyecto minero debe estar por encima de la ley”, agregaron.

En respuesta, la empresa Minera Cuzcatlán movilizó a sus trabajadores para que cesen los hostigamientos de pequeños grupos opositores a la minería, al tiempo que piden intervención de autoridades para garantizar su derecho a un empleo digno y permanente.

En un comunicado, la Compañía minera mencionó que en sus más de 15 años de presencia en México y concretamente en el estado de Oaxaca, se ha regido bajo un pleno apego a la ley y cumpliendo puntualmente con sus obligaciones fiscales, regulatorias, laborales, ambientales, en las actividades que realiza tanto en San José del Progreso, como en otros municipios aledaños.

Detalló que actualmente protegen los derechos de una planta laboral de mil 200 mujeres y hombres.