CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A petición de la defensa, un juez federal aplazó hasta el 31 de enero del 2022 la audiencia de imputación contra el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, por lo que el político queretano podrá pasar las fiestas de fin de año con su familia y sin contratiempos.

La resolución del Juez de Control adscrito al Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, se dio sin la oposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que ya estaba lista para presentar una imputación contra Anaya Cortés, por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho por recibir un presunto soborno para la aprobación de la reforma energética.

Durante la audiencia que duró menos de una hora y que se celebró a través de  videoconferencia, los representantes legales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tampoco se opusieron al diferimiento de la lectura de cargos contra Ricardo Anaya, por lo que el juez resolvió aplazar la comparecencia del panista hasta el año siguiente.

Sin embargo, el juez Fuerte Tapia advirtió en su resolución que la próxima audiencia será presencial con la asistencia de todas las partes, incluida la de Ricardo Anaya, ya que de lo contrario, se impondrá una multa de 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 4 mil 184 pesos.

Además, el impartidor de justicia advirtió a Ricardo Anaya que en caso de no presentarse a la audiencia presencial que tendrá lugar en una sala del Reclusorio Norte, el Ministerio Público de la Federación podrá hacer usos de otros métodos legales para obligarlo a comparecer al proceso.

Esto quiere decir que en caso de Anaya se ausente sin justificación de la audiencia de imputación en su contra, la Fiscalía podría solicitar al juez de la causa que emita una orden de aprehensión en su contra.

Expediente voluminoso

Durante la presentación de los participantes, el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, vestido con camisa a cuadros blanca y azul cielo y usando un cubrebocas quirúrgico también azul, solicitó al juez que le diera la palabra a su abogado defensor.

Con la autorización del juzgador federal, los defensores de Ricardo Anaya, Eduardo Aguilar Sierra y Arturo German Rangel, solicitó el diferimiento de la audiencia por un plazo de 40 días con el argumento de que se necesitaba ese plazo mínimo para concluir la revisión de los registros contenidos en la carpeta de investigación.

Aguilar Sierra explicó que los registros de la carpeta abarcan 137 mil fojas, por lo que sería necesario un total de 284 días para leer el expediente completo dedicando 8 horas diarias al análisis de su contenido.

Cuestionados por el juez especializado en el sistema penal acusatorio, los representantes de la FGR en la audiencia señalaron de manera expresa que no se oponían a la petición de la defensa, por lo que el Ministerio Público Federal respetaría la decisión del impartidor de justicia.

En la misma tónica se expresaron los representantes legales de la UIF y de la Cámara de Diputados, la cual interviene en el carácter de ofendida por el presunto cohecho que habría recibido Ricardo Anaya.

Ante el acuerdo de las partes, el Juez Marco Antonio Fuerte Tapia advirtió que se trata del último aplazamiento de la audiencia, ya que previamente se había cancelado en otras dos ocasiones  (26 de agosto y 4 de octubre) por petición expresa de la defensa para tener acceso a los registros de investigación.

La audiencia se celebró vía videoconferencia con todas las partes transmitiendo en lugares diferentes y la presencia de los medios de comunicación en la sala de audiencias. Enérgico, el juez sentenció que en caso de que Anaya no asista a la siguiente audiencia, la FGR va poder solicitar que se le obligue a comparecer.

Anaya es señalado por la FGR por los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa por presuntamente recibir sobornos para impulsar y aprobar la reforma energética.

 La imputación contra el panista se desprende de la denuncia que presentó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, en contra de 17 exfuncionarios y exlegisladores en el marco del caso Odebrecht y de la fallida, hasta el momento, negociación para construir un criterio de oportunidad con la FGR.

Hasta ahora, solo dos personas, el exsenador del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury, y el propio Lozoya se encuentran en prisión preventiva justificada por el caso Odebrecht. El resto, como es el caso de Ricardo Anaya, ni siquiera han sido imputados de manera formal de algún delito.