CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, acusado de cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, esta citado para realzar este lunes la audiencia en el Reclusorio Norte, donde la Fiscalía General de la República (FGR) solicitará la prisión preventiva y si no acude –cómo se lo exigió el juez federal que lleva la causa–, se solicitará la orden de captura en su contra.

Acusado de recibir sobornos provenientes de Odebrecht por medio del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin–, debe estar presente en el juzgado con sede en el Reclusorio Norte, pues hace tres meses informó en sus redes sociales que se exiliaría.

El juez Marco Antonio Tapia Fuerte estableció esta condición, luego de que en agosto pasado se difirió la audiencia tras el alegato de que no tuvo acceso a la carpeta de investigación para garantizar el derecho a una defensa adecuada.

En octubre la diligencia se pospuso por segunda ocasión, cuando el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia aceptó el argumento de la defensa, que señalaba que la FGR apenas le había entregado mil hojas más de la carpeta de investigación, por lo que no había tenido tiempo de analizarlas.

Sin embargo, para esta tercera cita, se estableció que Anaya asistiera o se enlazara vía internet, pero desde territorio nacional y en compañía de su defensora legal.

De acuerdo a la declaración que hizo Lozoya, el panista recibió sobornos por 6.8 millones de pesos para aprobar la reforma energética del 2013, bajo el mandato del entonces presidente Enrique Peña Nieto. 

En la la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/865/2020 que ratificó Lozoya, el exfuncionario señaló que entregó los 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya con el propósito de aprobar la reforma energética; además, refirió que de 84 millones de pesos que dio Odebrecht en sobornos a autoridades mexicanas para el otorgamiento de contratos, “una parte fue entregada a José Antonio González Anaya, José Antonio Meade Kuribreña y Carlos Treviño Medina”.

Según Lozoya, los mencionados “promovieron la continuidad del contrato de Etileno XXI, parte se distribuiría a los senadores del PAN, al PRI o personas que Luis Videgaray me indicase”.

La Fiscalía investiga también a los exlegisladores blanquiazules Ernesto Cordero, excoordinador de la bancada del PAN, y al exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, así como al todavía mandatario de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.