CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) instruyó al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, encabezar un acto de disculpa pública y reparar el daño a unas 80 víctimas de los actos de represión policiaca ocurridos los días 4, 5 y 6 de junio de 2020, cuando decenas de personas salieron a las calles para protestar por la ejecución arbitraria de Giovanni López, un joven que fue detenido en Ixtlahuacán de los Membrillos, el 4 de mayo por no portar cubrebocas y que fue entregado muerto a sus familiares un día después.

La recomendación 82/2021 dirigida a Alfaro consideró que autoridades del estado cometieron violaciones a derechos a la seguridad jurídica y legalidad, a la libertad personal, a la integridad y seguridad persona, a la reunión, a la asociación y libertad de expresión de personas que se manifestaron en Guadalajara en junio del año pasado.

La CNDH explicó que las recomendaciones dirigidas a Alfaro Ramírez surgieron del derecho de atracción del organismo tras la difusión en medios de comunicación, de que “varias personas fueron detenidas al manifestarse por el fallecimiento de una persona que se encontraba bajo custodia de policías municipales de Ixhuatlán de los Membrillos”, un municipio conurbado a Guadalajara.

De acuerdo a la investigación del organismo, se acreditó que “personal de la Secretaría de Seguridad de Jalisco incurrió en uso excesivo de la fuerza, al llevar a cabo la detención de las personas manifestantes y en dilación para ponerlas a disposición de la autoridad competente”, e incurrieron en omisión “al no implementar acciones de control de multitudes, ocasionando con ello que se coartara el derecho a la libertad de expresión”.

Asimismo, se evidenció “la responsabilidad de agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía estatal en diversas lesiones infligidas a las víctimas, a quienes además vulneraron sus derechos a la libertad personal al detenerlos de manera arbitraria en las inmediaciones de esa dependencia; así como a la libertad de reunión, asociación y expresión, toda vez que su retención impidió que participaran en la marcha efectuada el 5 de junio”.

En la recomendación se identificaron al menos 80 víctimas, agredidas por al menos 60 servidores públicos de las corporaciones policiacas señaladas.

Por los agravios contra los manifestantes, la CNDH solicitó al gobernador “ofrecer una disculpa pública por las detenciones arbitrarias y agresiones físicas; coordinarse con la Comisión Estatal de Atención a Víctimas par reparar íntegramente los daños causados a quien por derecho corresponda y otorgarles la atención médica y psicológica”.

Al mandatario le pidió que colabore con la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación iniciada por este caso, “aportando las evidencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos; coadyuvar con la Fiscalía Especial en Combate a la Corrupción de la entidad para la integración de las carpetas de investigación correspondientes; además de dar seguimiento a la queja que este organismo autónomo formule ante la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad, a fin de deslinda responsabilidades por las violaciones a derechos humanos cometidas”.

A Alfaro se le instruye a “solicitar la impartición de un curso de capacitación a agentes investigadores de la Fiscalía local sobre seguridad jurídica, legalidad, integridad personal y libertad de reunión, tratándose de manifestaciones, y otro más dirigido a persona de la Secretaría de Seguridad sobre derechos humanos, así como requerir la revisión de sus protocolos de actuación para control de multitudes”.

El documento de la CNDH menciona la muerte de Giovanni López -al que identifica como P1- como detonador de las manifestaciones, pero no abunda en las circunstancias en que ocurrió el  fallecimiento.

Es de destacar que en junio del año pasado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió dos informes relacionadas con el caso, uno de ellos sobre la muerte de López, y otra sobre las manifestaciones de protestas de los días 4, 5 y 6 de junio.

De acuerdo a este último informe, el organismo local consideró que ocurrieron “detenciones ilegales y arbitrarias, retención y desaparición de personas y agresiones violatorias a los estándares de derechos humanos, realizadas por elementos policiales con excesivo uso de la fuerza”.

El informe de la comisión recabó 62 quejas de manifestantes, 45 de ellos detenidos, de estos últimos, 4 son mujeres, 8 menores de edad y 33 hombres, en tanto que los abusos fueron acreditados a personal de la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía estatal.

El informe de la Comisión estatal sobre la muerte de Giovanni López concluye que se acreditó “una ejecución extrajudicial por parte de elementos de seguridad pública municipales” de Ixtlahuacán de los Membrillos.