Entre los personajes implicados en la trama descubierta por la investigación Pandora Papers figuran amigos y familiares del expresidente Enrique Peña Nieto –que destacan en la escena nacional por su poder político y económico–, como empresarios, contratistas, gobernadores y exgobernadores, así como hijos de funcionarios federales del sexenio pasado.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– Pese al repudio de la población, que se ganó a fuerza de escándalos, el expresidente Enrique Peña Nieto siempre estuvo rodeado por amigos influyentes; algunos tenían mucho dinero, otros mucho poder político y otros acumulaban ambos. Varios de ellos controlaban, paralelamente, estructuras escondidas en el mundo offshore.

Entre esos personajes destacan empresarios que le hicieron favores, como Juan Armando Hinojosa Cantú y Ricardo Pierdant Grunstein; contratistas vinculados al PRI, como Carlos Peralta Quintero, o integrantes del Grupo Atlacomulco, como su primo Alfredo del Mazo, el actual gobernador del Estado de México, y los hijos de su mentor, el también exgobernador Arturo Montiel Rojas.

De igual manera figuran integrantes de su gabinete o familiares, como Enrique Martínez y Martínez –su titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa)–, el hijo de su exprocurador Jesús Murillo Karam, así como dos hermanos de Alberto Bazbaz Sacal, su poderoso titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen).

Pero también existen familiares de su entonces aliado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jesús Sesma Suárez.

Investigación global

Las estructuras offshore de los aliados de Peña Nieto fueron detectadas por Proceso y otros 149 medios en 117 países entre los cerca de 12 millones de documentos analizados en el marco de la investigación internacional #PandoraPapers.

Durante más de un año el ICIJ organizó a más de 600 periodistas en la colaboración más grande en la historia del periodismo, quienes encontraron más de 35 jefes de Estado y 300 funcionarios de alto nivel de una cuarentena de países.

Los #PandoraPapers se suman a algunos de los casos en los cuales los principales aliados de Peña Nieto usaron la industria offshore para presuntas actividades delincuenciales, como su abogado y amigo, Juan Ramón Collado Mocelo, quién utilizó estructuras de papel para enviar más de 120 millones de dólares a sus cuentas escondidas en la polémica Banca Privada d’Andorra (BPA).

Las mismas cuentas tuvieron una historia rocambolesca: la justicia de Andorra las congeló en 2015, el gobierno de Peña Nieto montó una operación de Estado que logró descongelarlas en 2018 y las autoridades del principado volvieron a congelarlas después de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República.

La operación de Estado de la administración de Peña, junto con el modus operandi de Collado para enviar dinero en efectivo a Andorra –mediante casas de cambio en México, vinculadas a su despacho y al banquero Carlos Djemal Nehmad, encarcelado en Estados Unidos por fraude– despertaron sospechas de que los fondos no eran exclusivamente para el abogado, sino también para sus clientes, entre ellos los expresidentes Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari.

Por cierto, entre los millones de documentos de los Papeles de Pandora se encuentran dos millones 185 mil archivos internos del despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), que BPA utilizó para crear estructuras offshore en Panamá para algunos de sus clientes, como un amigo y supuesto prestanombres de Del Mazo.

De hecho, Juan Marc Masson, quien durante años representó BPA en México, aparece como cliente personal de Alcogal.

En la época en que era su amigo, aliado, operador electoral –como coordinador de asuntos internacionales de su campaña a la presidencia de 2012–y posteriormente director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin también usó estructuras offshore en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) y cuentas bancarias en Suiza para recibir sobornos de la empresa Odebrecht y de Altos Hornos de México (AHMSA), parte de los cuales fueron a parar a la campaña del priista, según reconoció ante la justicia.

El rostro del peñanietismo

Entre los innumerables casos de corrupción que caracterizaron el sexenio de Peña Nieto, como los desvíos multimillonarios mediante empresas fantasma, conocidos como la Estafa Maestra, los fraudes colosales a Pemex o los sobornos de Odebrecht, el caso del tamaulipeco Juan Armando Hinojosa Cantú podría quedar como el más emblemático para entender el modus operandi de la administración pasada.

Hinojosa Cantú fue, a la vez, uno de los mayores contratistas de Peña Nieto, con obras por más de 60 mil millones de pesos en el gobierno del Estado de México y en el gobierno federal; al mismo tiempo financiaba la mansión de Peña Nieto y su esposa en Las Lomas, y la de su poderoso secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, en el club de Golf de Malinalco; prestaba sus jets privados al expresidente y sus amigos, y, según Lozoya, triangulaba dinero en efectivo para el mandatario.

La dimensión del personaje en el esquema de poder de Peña Nieto salió a la luz cuando el equipo de investigación de Aristegui Noticias reveló el escándalo de la Casa Blanca, lo que llevó al gobierno de Peña Nieto a crear un incidente diplomático con China, cuando canceló el proyecto multimillonario del tren México–Querétaro, otorgado a un consorcio encabezado por la paraestatal China Railway Construction Corporation en el cual Hinojosa Cantú participaba.

En la denuncia que interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR) en agosto último –para convertirse en testigo denunciante, y evitar la cárcel–, Lozoya aseveró que el empresario era el prestanombres de Peña Nieto, y que el expresidente y Videgaray “impulsaron” a Grupo Higa en las obras de construcción, lo cual funcionó “hasta que estalló el escándalo de la Casa Blanca”.

Abundó: “Después de la Casa Blanca, Juan Armando Hinojosa se dedicó a intermediar entre empresas de construcción, SCT y Pemex. Es de mi conocimiento, por voz propia de Juan Armando Hinojosa, que recibía este tipo de comisiones, que normalmente oscilaban entre 2 y 5% del total del costo final de las obras. Dichos montos eran entregados en efectivo a Juan Armando Hinojosa, y éste, a su vez, los compartió también en efectivo con Enrique Peña Nieto”.

Además, en el arranque del sexenio el tamaulipeco se benefició de una condonación personal de impuestos por ocho millones 695 mil pesos, y su empresa Constructora Teya, por otros 26 millones 124 mil pesos.

Hinojosa Cantú tiene un largo historial en el mundo offshore: Proceso y Aristegui Noticias revelaron en abril de 2016, en el contexto de la investigación global Panama Papers –también coordinada por el ICIJ–, un complejo esquema diseñado por los asesores financieros de Hinojosa Cantú para mover más de 100 millones de dólares escondidos en cuentas bancarias, a nombre de sociedades de papel hacia tres fideicomisos en Nueva Zelanda, abiertos a nombre de su madre y de su suegra, y fundaciones en Países Bajos.

El traslado de las cuentas bancarias se realizó en los primeros meses de 2015, semanas después de estallar los escándalos de la Casa Blanca y de la casa de Videgaray en Malinalco, los cuales no fueron una razón suficiente para que los empleados del despacho panameño Mossack Fonseca frenaran la operación.

Cinco de las sociedades reveladas en los Panama Papers: Noble Advisors Limited, Notable Worldwide Corp., Afrika Ventures Limited, Cabbits Marketing Limited y Starbright Investments Inc. fueron creadas de la mano con el despacho Trident Trust, cuya sede principal se encuentra en las BVI. Estas compañías, a su vez, poseían portfolios en los bancos JP Morgan, UBS, la Deutsche Bank y Mark & Spencer, por un valor calculado en 100 millones de dólares.

Aparte, Hinojosa Cantú creó otra sociedad en abril de 2010, llamada Paradice Services Limited, de la cual puso como accionista a una de sus empresas inmobiliarias, Bienes Raíces H&G. Ese mismo año Hinojosa Cantú celebró un contrato para abrir una cuenta bancaria en UBS Financial Services de Houston, Texas, y en ella indicó que su fortuna neta rondaba los 60 millones de dólares, con un ingreso anual de cinco millones de dólares.

Esa fortuna se disparó tras la llegada de Peña Nieto en Los Pinos: apenas cinco años después sus contadores del despacho D’Orléans, Bourbon & Associates aseveraron a los empleados de Mossack Fonseca que los 100 millones de dólares escondidos en los esquemas offshore representaban “solamente una pequeña parte del portfolio del cliente, y vemos un alto potencial de crecimiento ya que es uno de los hombres de negocios más prominentes de México”.

Hasta el momento, por más incomprensible que sea, Hinojosa Cantú no ha sido sancionado, aunque en febrero pasado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso una denuncia ante la FGR por irregularidades detectadas en la obra del Hangar Presidencial, realizada por Grupo Higa.

La Secretaría de la Función Pública (SFP), a su vez, interpuso una denuncia ante la FGR en 2019, tras percatarse que el expediente de la investigación sobre la Casa Blanca no estaba en los archivos de la institución, pues había sido sustituido por una copia de la versión pública antes de entregar la dependencia al gobierno de López Obrador. En marzo pasado, un juez de control vinculó a tres personas a proceso por ese asunto.

Impuestos

El empresario inmobiliario Ricardo Pierdant Grunstein también echó una mano al expresidente Peña Nieto, su excompañero en la Universidad Panamericana, controlada por la ultraderechista congregación religiosa del Opus Dei.

En marzo de 2014 el empresario de origen venezolano pagó los 29 mil 703 dólares de impuestos de un departamento en una exclusiva torre de Key Briscayne, Florida, de la actriz Angélica Rivera, entonces esposa de Peña Nieto.

De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), al mismo tiempo que Pierdant pagaba los impuestos de la esposa del entonces presidente, no pagaba los suyos en México, pues dejó un adeudo fiscal de más de 2 millones de pesos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), cuyos agentes lo buscaron en una dirección ficticia que el empresario puso en Ciudad Nezahualcóyotl, en la calle de Gaviota –guiño irónico al apodo de Rivera–.

Pierdant, quien fue contratista de la campaña del PRI para el gobierno del Estado de México en 2011, constituyó sociedades de papel en las Islas Vírgenes Británicas entre 2009 y 2012, llamadas Thassos Holdings Limited, Hesperos Holdings Limited y Hamza Developments Limited, cuyos propósitos son desconocidos.

En respuesta a un cuestionario enviado en el marco de esta investigación internacional, el empresario reconoció la existencia de las estructuras offshore, la mayoría de las cuales –precisó– “jamás han tenido actividad ni movimiento económico alguno” y las que sí, “ha sido debidamente reportada a la autoridad fiscal competente”.

En su respuesta, el empresario aseguró que estas sociedades “nada tienen que ver” con el expresidente Peña, su familia o cualquier persona ligada a él.

“He sido un empresario ajeno a la política, con una amplia e intachable trayectoria que avala mi actuar. Tuve la coincidencia de estudiar la carrera de derecho con quien muchos años después se convertiría en el presidente de México, mismo con el que, en efecto, me une una amistad desde entonces, lo que a usted extrañamente parece generarle suspicacias, dados sus cuestionamientos al respecto que me hizo llegar”, abundó.

En 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pidió al sistema financiero mexicano el aseguramiento de las cuentas bancarias de Pierdant, tras determinarle un adeudo fiscal de 2011.

Atlacomulco

Peña Nieto llegó a la gubernatura del Estado de México y posteriormente a la Presidencia de la República de la mano de sus poderosos aliados priistas del Grupo Atlacomulco, un conjunto de familias originarias de ese municipio mexiquense, como la de Peña Nieto, y sus redes de influencias en el mundo empresarial.

Entre sus patrocinadores, el personaje más importante en la carrera política fue su tío y mentor, Arturo Montiel Rojas, quien cuando fue gobernador del Estado de México lo nombró subcoordinador financiero de su campaña electoral, y posteriormente como secretario de Administración.

En agosto de 2005, a unos días de ceder la administración a Peña Nieto, su hijo Arturo Montiel Yáñez creó el Art Saint Trust con Stanford Trust, en Antigua, mediante el cual movió 3.5 millones de dólares de inversiones. La copia del pasaporte de su hermano, Juan Pablo, aparece en la base de datos del despacho Fidelity Services, pero sin otro documento que establezca la creación de una sociedad.

En julio de 2019 el diario El País reveló que Alfredo Del Mazo Maza escondió en 2009 –cuando era presidente municipal de Huixquilucán– una cuenta bancaria en la polémica Banca Privada d’Andorra, junto con otros destacados priistas, como Sylvana Beltrones, hija de Manlio Fabio Beltrones, o Elba Esther Gordillo.

La cuenta bancaria estaba abierta en realidad en nombre de una sociedad de papel, Abeodan Corporation CV, creada en Países Bajos, la cual debían recibir 4.5 millones de dólares de Suiza y fondos de una empresa de Daniel Madariaga, quien aparecía como “amigo y socio” de Del Mazo.

En su reportaje, el rotativo español aseveró que, además de la sociedad holandesa, las autoridades de Andorra investigan algunas compañías de papel adicionales, como Brookside Foundation, creada en Panamá. Dicha sociedad aparece en los Pandora Papers: fue creada por el mismo Madariaga vía BPA, y era administrada por Alcogal.

Además, Fernanda Castillo Cuevas, la actual presidenta del DIF en el Estado de México, y que está casada con Del Mazo, abrió en 2008 cuatro fideicomisos en las BVI, llamados Misigui Trust, Soft White-Land Trust, Three Diamonds Trust y Mosquis Trust, cuyos patrimonios permanecen desconocidos.

Castillo Cuevas y su familia enfrentan un pleito legal con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien acusa a Laura Morán, la abuela de Castillo, de haber asesinado a su hermano Federico Gertz Manero, con quien la señora compartió vida durante cinco décadas. En esta batalla con grandes ecos mediáticos la fiscalía encarceló en octubre de 2020 a Laura Cuevas, la madre de Castillo.

En respuesta a un cuestionario enviado a propósito de esta investigación, Castillo Cuevas indicó que invirtió en estos fideicomisos porque “me atrajeron los rendimientos ofrecidos y la seguridad de ser una institución regulada”, e indicó que “el recurso de estas cuentas fue declarado ante las autoridades correspondientes”. Dijo que uno de ellos, el Mosquis Trust, sigue en litigio, pues eran parte de una estafa multimillonaria realizada por el estadunidense Allen Stanford y su grupo Stanford Financial Group.

Conexiones

Carlos Peralta Quintero, viejo amigo de Raúl Salinas de Gortari, el “hermano incómodo” del expresidente Carlos Salinas de Gortari, también puede ser agradecido con Peña Nieto: durante el sexenio pasado la empresa IUSA simuló competir con la empresa Conymed, de su cuñado Andrés Tort Rivero, y juntas recibieron contratos por más de 12 mil millones de pesos.

El 15 de enero de 2016 el mexiquense, incluso, inauguró una fábrica de paneles solares y una central fotovoltaica de IUSA en el Estado de México, y aprovechó la visita para cubrir de halagos al “ingeniero Carlos Peralta, a su muy distinguida esposa, a su muy distinguida familia”, y saludar su compromiso con la reforma energética.

IUSA, que Carlos Peralta heredó de su padre Alejo Peralta Díaz y Ceballos, fundador del equipo de béisbol de los Tigres, también se benefició de 639 millones 544 mil pesos de impuestos entre 2010 y 2013, principalmente en el arranque del gobierno de Peña Nieto, cuya carrera política creció de la mano del expresidente Salinas de Gortari.

En su página de internet personal, Raúl Salinas de Gortari indicó que ha sido director general adjunto de IUSA entre 2008 y diciembre de 2019, y que desde esa fecha se ha desempeñado como “asesor de la Presidencia de Grupo IUSA”, es decir, de Carlos Peralta.

En septiembre de 2006, Peralta Quintero creó una sociedad de papel en Liechtenstein, llamada Hideaway Enterprises Limited, misma que traspasó en 2015 a las BVI. Esa sociedad de papel era una holding para un yate de 35 metros llamado Moon Goddess, de cinco millones de dólares, comprado vía una filial de Crédit Suisse, en Guernsey.

En 2016, el mismo Peralta creó la sociedad Belliza Services Limited, también en las Islas Vírgenes Británicas, con el propósito de controlar un bien inmobiliario de seis millones de dólares en Florida.

Su hijo, Juan Carlos Peralta del Río, constituyó la sociedad Stargate Partners Limited en las mismas islas, con la que controló bienes inmobiliarios por 2.5 millones de dólares; mientras que su sobrino, Ernesto Peralta Canovas –quien destacó en las noticias en 2014 por golpear a su novia–, fundó en 2004 las sociedades Valver Investments and Holdings Ltd y EP Developments and Properties Ltd., también en las Islas Vírgenes Británicas, con la ayuda del despacho Robert Allen Law, basado en Miami; dichas sociedades fueron creadas para controlar compañías en Florida, que a su vez eran dueñas de bienes inmuebles.

En respuesta a un cuestionario que se les hizo llegar el 30 de agosto de 2021, Carlos Peralta y su hijo Juan Carlos se opusieron a la publicación de la información. Anunciaron que el 28 de septiembre de 2021 presentaron una denuncia por el delito de extorsión e informaron a los periodistas autores de esta investigación que podrán proceder con una demanda civil por daño moral.

El asesor de Peralta, Raúl Salinas de Gortari, también es un amplio conocedor del mundo offshore: en los noventa controló varias sociedades de papel en las Islas Caimán, para concentrar 17 cuentas bancarias en Suiza, algunas de las cuales abrió con nombres falsos, como Juan Guillermo Gómez Gutiérrez y Juan José González Cadena.

El hermano del expresidente Salinas utilizó estas sociedades para negocios en México: recibió, por ejemplo, 50 millones de dólares de Peralta para “impulsar el desarrollo económico de México”, y en 1993 prestó 29 millones de dólares a Ricardo Salinas Pliego para la adquisición de la televisora Imevisión, que posteriormente llamó TV Azteca. Para ese préstamo, Salinas de Gortari utilizó una sociedad de Panamá, llamada Silver Star.

En noviembre de 2016, Jerónimo Gerard Rivero, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari y empresario inmobiliario, también estuvo en pláticas con el despacho Trident Trust para crear una sociedad de papel en las BVI, aunque en los Papeles de Pandora no quedó constancia de que la operación haya prosperado.

En el sexenio pasado, Gerard Rivero controlaba la empresa Infraestructura Institucional (I2), que inyectaba recursos federales a megaproyectos, entre los cuales destacan el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango y la autopista Toluca-Naucalpan, ambos concesionados a empresas de Hinojosa Cantú.

Gabinete

Enrique Martínez y Martínez, exgobernador priista de Coahuila y secretario de Agricultura de Peña Nieto, creó la entidad Jardines del Santo Cristo De Saltillo Trust en las Islas Vírgenes Británicas en junio de 2008, engañado por las promesas de enormes rendimientos del financiero estadunidense Robert Allen Stanford, quien libra una pena de 110 años de cárcel por estafar a cerca de 30 mil clientes mediante esquemas piramidales tipo Ponzi.

“Nuestro interés era invertir en un banco internacional en dólares para protección en caso de una devaluación que nos pusiera en riesgo el cumplimiento de los compromisos contraídos con nuestros clientes e instituciones financieras locales”, comenta Martínez en respuesta a un cuestionario enviado sobre esta investigación internacional.

“Afirmo categóricamente que nunca antes, y por supuesto nunca después de esta amarga experiencia, creamos ni participamos en otras estructuras semejantes”, abunda.

Jesús Murillo Ortega es hijo del exgobernador hidalguense Jesús Murillo Karam, quien como titular de la Procuraduría General de la República (PGR) de Peña Nieto impulsó la desacreditada “verdad histórica” sobre la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa.

En marzo de 2014, ocho meses antes que su padre soltara su desafortunada frase “ya me cansé”, ante las preguntas de la prensa sobre la tragedia, Murillo Ortega creó la sociedad Sweet Land Ltd con su entonces esposa, para invertir en bienes raíces.

Al preguntarle al respecto sobre esta investigación, respondió que “esta corporación en ningún momento llevo a cabo operación, actividad empresarial, comercial, de gestión, financiera o de adquisición alguna, e incluso ni siquiera aperturó (sic) una cuenta de banco e incluso fue disuelta prácticamente desde su inicio, derivado del término de mi vínculo matrimonial con mi entonces socia y pareja”.

Jacobo e Isaac Bazbaz Sacal, por su parte, tienen otro vínculo sanguíneo con un hombre clave de Peña Nieto: son hermanos del poderoso Alberto Bazbaz, amigo cercanísimo de Peña Nieto desde que era procurador del Estado de México, quien durante los primeros cinco años del sexenio fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y en el último año dirigió el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen).

En diciembre de 2007, marzo de 2008 y mayo de 2008 Isaac y Jacobo, quienes encabezan la empresa de seguros Interprotección, crearon tres fideicomisos en las Islas Vírgenes Británicas, llamados respectivamente Sacal Trust, Sacal 1 Trust y Casa Trust con el despacho Alcogal, cuyo propósito no pudo determinarse.

Jacobo, por sí solo, creó el Cmarzam (sic) Trust en Antigua, en el que invirtió cinco millones de dólares. Ninguno de los hermanos respondió a un cuestionario enviado en el contexto de esta investigación.

En el aparato de espionaje de Peña Nieto, mientras Bazbaz estaba al mando de la UIF, Tomás Zerón de Lucio controlaba la Agencia de Investigación Criminal (AIC), desde la cual compró el spyware Pegasus, que el gobierno pasado utilizó para atacar de manera masiva e ilegal los celulares de periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos.

Zerón de Lucio se encuentra en Israel, prófugo de la justicia mexicana que lo busca por varios delitos, entre ellos el de tortura, pero también por el presunto desvío de 60 millones de dólares, operado entre 2013 y 2014 con la empresa Acumen Telecomunicaciones, a la que le adquirió plataformas de intervención de telecomunicaciones en camionetas, las cuales nunca fueron instaladas, según la FGR.

Los dueños de Acumen Telecomunicaciones, Carlos y Bernardo Shapiro Kudler, controlaban entonces una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, creada en 2000 por Bernardo Shapiro, y administrada por el banco HSBC de Miami, la cual fue disuelta en julio de 2018.

Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama, otro gran proveedor de tecnología de espionaje de Peña Nieto –le vendió el spyware Pegasus– también aparece en los Papeles de Pandora, pues registró sus sociedades panameñas KBH Aviation y BS.D High Tec-Supplies Trading con el despacho Alcogal.

Mercenario

Para llegar al gobierno del Estado de México, y posteriormente a Los Pinos, Peña Nieto se hizo del apoyo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), un partido que nació como satélite informal del PRI, y ahora es aliado de Morena, pese a la pésima imagen pública que arrastra, como producto de su historial de corrupción y de violaciones a la reglamentación electoral.

Jesús Sesma Suárez, el líder del PVEM en la Ciudad de México, cuaja perfectamente en este esquema: después de operar durante años para el PRI y Peña Nieto, ahora está alineado con Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

En diciembre de 2020, el diario La Jornada reportó que la Unidad de Inteligencia Financiera había presentado una denuncia contra Sesma tras detectar movimientos inusuales de cerca de 69 millones de pesos, que el político había recibido del empresario poblano Ricardo Heneine Mezher, exdueño del equipo de futbol Puebla, y otros 27 millones de pesos que hubiera recibido su esposa, Guadalupe Paulina Díaz Ordaz Castañón.

Díaz Ordaz es nieta del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, responsable de la masacre del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, e hija de Paulina Castañón, exesposa de Raúl Salinas de Gortari; es socia de tres sociedades creadas en Texas, las cuales controlan cuatro propiedades en San Antonio. Ella, al igual que Guillermo Alejandro Sesma Suárez, hermano del dirigente del PVEM, controlan estructuras offshore.

La primera creó la sociedad Ferrara Mundi, SA, en Panamá en 2015 –de la que el segundo era secretario–, con la finalidad de “ser propietaria de otras empresas” con fondos “personales”. El despacho Alcogal la consideró como Persona Políticamente Expuesta (PEP), dados sus vínculos con Sesma y con el expresidente Díaz Ordaz. Guillermo Sesma, por su parte, creó la sociedad Galileo Skies Ltd en las Islas Vírgenes Británicas en febrero de 2016.

Al día siguiente que La Jornada informara sobre la presunta denuncia en su contra, Sesma Suárez negó de manera vehemente haber recibido o manejado fondos de origen ilícito.