CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– En su férrea defensa de la Reforma Educativa, el gobierno de Enrique Peña Nieto exhibió su rostro más autoritario.

Para aplacar desde un principio la resistencia magisterial, en sus primeras semanas en el poder el gobierno encarceló por lavado de dinero a Elba Esther Gordillo Morales, entonces poderosa lideresa del frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y la sustituyó por Juan Díaz de la Torre, en septiembre de 2013 desalojó con violencia el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Zócalo capitalino, en vísperas de la ceremonia del Grito de Independencia de Peña Nieto.

En el verano de 2016, el Estado y la CNTE chocaron de nuevo. El sindicato había organizado un paro nacional y una serie de movilizaciones en todo el territorio, incluyendo manifestaciones en la Ciudad de México, para repudiar la “mal llamada” reforma educativa. Las autoridades federales, por su parte, detuvieron a tres líderes de la Sección 22, de Oaxaca, mientras el gobierno federal refrendaba su negativa a negociar la reforma educativa, y usaba la prensa oficialista para atacar a los inconformes.

La tensión llegó a su clímax el 19 de junio de 2016, cuando cientos de agentes de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional federales reprimieron con violencia el bloque a la caseta de Nochixtlán, en Oaxaca, y en algún momento abrieron el fuego contra los civiles, matando a ocho de ellos e hiriendo a 150 más. El movimiento magisterial continuó hasta que sus actores decidieran parar las negociaciones, en agosto, tras considerar que todos habían avanzado en sus reivindicaciones.

Durante ese periodo de tensiones, una agencia del gobierno federal, que parece ser el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), buscó intervenir con el malware espía Pegasus los celulares de decenas de líderes de la CNTE y de los mediadores de las mesas de negociaciones que se llevaban a cabo en la Secretaría de Gobernación (Segob), las cuales eran encabezadas por Miguel Ángel Osorio Chong, su titular, y el subsecretario Luis Miranda Nava, amigo íntimo de Peña Nieto.

En aquel entonces, todos los actores atravesaban luchas internas. En la CNTE, las secciones pugnaban para reivindicar el liderazgo en las negociaciones, mientras que en el gobierno federal, Osorio Chong y Aurelio Nuño, entonces titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), llevaban una pelea subterránea para una eventual candidatura presidencial, y tenían posturas encontradas respecto a la reforma educativa.

Los datos de algunos de los principales líderes de la CNTE salieron entre más de 50 mil registros telefónicos seleccionados por clientes de Pegasus en el mundo fueron analizados por Proceso y otros 16 medios en 10 países, en el marco de la investigación internacional Pegasus Project, coordinada por Forbidden Stories con el apoyo técnico del Security Lab de Amnistía Internacional.

Entrevistas, indagaciones y análisis de estos registros, a los que Forbidden Stories y Amnistía Internacional tuvieron acceso en un primer momento, muestran cómo cada etapa del proceso de lucha de la CNTE del verano de 2016 estuvo acompañada por acciones de espionaje electrónico ilegal, lanzadas desde el gobierno federal, y particularmente en el marco de las negociaciones que se llevaron a cabo después de Nochixtlán.

De hecho, durante aquellas largas pláticas, que llegaron a alargarse más de seis horas en el Salón Juárez de Palacio de Bucareli, y terminar hasta la madrugada, tanto los funcionarios como los líderes sindicales quitaban las baterías de sus teléfonos, ante cualquier riesgo de ser escuchados.

Sin embargo, de poco sirvió para proteger su intimidad: el malware Pegasus permite tomar el control del celular de una víctima –para intervenir una llamada o usar su cámara, por ejemplo-- y descargar su información en un servidor seguro, sin que ella se entere; la información incluye toda la memoria del teléfono, lo que da acceso a los historiales de llamadas y a los sistemas de mensajería SMS y Whatsapp.

México fue el primer país en comprar esta tecnología a la empresa israelí NSO Group; lo hizo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en 2011. En 2014, durante el sexenio de Peña Nieto, lo adquirieron el Cisen y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), entonces a cargo de Tomás Zerón de Lucío, y a partir de ese momento el gobierno mexicano lo utilizó de manera masiva.

Tan solo entre 2016 y 2017, seleccionó en sus plataformas Pegasus los números de más de 15 mil personas en México, entre ellas por lo menos 25 periodistas, más de 100 defensores de derechos humanos, decenas de abogados, sindicalistas, y por lo menos 700 políticos, familiares y particulares, entre ellos los integrantes de la cúpula partidista de aquel entonces.

Muchas actividades de espionaje a periodistas, activistas y opositores políticos fueron lanzadas desde una agenda de gobierno que parece ser el Cisen; agencia que respondía entonces a la Segob, de Osorio Chong, y consideraba a la CNTE –y otros movimientos sociales-- como una “amenaza a la seguridad nacional”, según la Agenda Nacional de Riesgos de 2016 que reveló en su momento la revista Contralínea.

Resulta imposible afirmar que los ataques fueron exitosos y que lograron instalar Pegasus en los teléfonos de sus víctimas, pues en aquel entonces para conseguir la infección se necesitaba que el usuario diera clic en un vínculo malicioso, enviado en el contenido de un mensaje de texto o un correo electrónico.

En respuesta a un cuestionario enviado en el marco de esta investigación internacional, Osorio Chong negó categóricamente que el Cisen haya adquirido Pegasus durante su gestión –lo que contrasta con contratos y comunicados del gobierno actual--, y señaló que “El tema de la CNTE no era un tema de seguridad nacional, y por ende no guardaba relación con las tareas del CISEN. Por el contrario, con la CNTE hubo una intensa actividad de diálogo y negociación, con el objetivo de solucionar los conflictos de manera pacífica y en el marco de la ley y las instituciones. En la misma línea, con el GIEI y los familiares de Ayotzinapa hubo toda la apertura, apoyo y la colaboración para llegar a la verdad de los hechos y castigar a los responsables”.

Este trabajo forma parte de una serie de reportajes que Proceso publicará a lo largo de esta semana como parte del Pegasus Project, los cuales exhibirán la magnitud del espionaje ilegal realizado durante el sexenio pasado.

Diálogo

En mayo de 2016, el movimiento magisterial agarró una fuerza renovada. Aprovechando el Día del Trabajo, la CNTE anunció un paro nacional y una serie de manifestaciones intensas en todo el país para abrogar la reforma educativa para el siguiente 15 de mayo.

Ese día, miles de maestros adscritos a zonas de poca influencia de la CNTE se sumaron al llamado de las secciones más radicales, como la 7 de Chiapas, la 9 de la Ciudad de México, la 14 de Guerrero, la 18 de Michoacán o la 22 de Oaxaca.

La CNTE denunciaba que la reforma educativa era una etapa más en el proyecto neoliberal de Peña Nieto, pues por una parte era “punitiva” contra los maestros --mediante los procesos de evaluación docente, el control de las plazas o el debilitamiento de las escuelas normales-- y por otra parte no atacaba los temas de fondo que hunden la educación pública mexicana desde hace décadas, como la falta de inversión en infraestructura básica, o los contextos de pobreza extrema en que laboran cientos de miles de docentes en el país.

Sin embargo, en la Secretaría de Educación Pública (SEP) y en la Presidencia de la República, la postura era intransigente, con tintes autoritarios: la reforma educativa no estaba a negociación, y las manifestaciones no tendrían ningún éxito.

Como alfil, Juan Díaz de la Torre, impuesto al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) después de la detención de Elba Esther Gordillo, salió el 18 de mayo a declarar que los maestros de la CNTE cometían un “gran error”, que sus manifestaciones “lesionan la imagen del magisterio” y que “no consiguen absolutamente nada”.

Días después de que la CNTE inició su paro nacional y lanzó sus movilizaciones para abrogar la reforma educativa –con tomas de casetas, manifestaciones multitudinarias y plantones en la Ciudad de México--, el gobierno de Peña Nieto inició operaciones de espionaje digital contra sus líderes.

Desde los primeros días de junio, una agencia que parece ser el Cisen trató de intervenir los celulares de Rubén Núñez Ginés, Xochitl Jazmín Ávila Morales y Francisco Manuel Villalobos Ricardez, tres líderes de la sección 22, y poco tiempo después lanzó Pegasus contra los teléfonos de Manuel de Jesús Mendoza y Pedro Gómez Bahamaca, de la sección 7 de Chiapas.

Escasos días más tarde, el 12 de junio, agentes de la División de Inteligencia de la Policía Federal (PF), dependiente de la Segob, detuvieron a Núñez y Villalobos en la Ciudad de México y Oaxaca, respectivamente, y dos días después –el 14-- arrestaron a Ávila Morales, todos por delitos financieros; enseguida, llevaron Núñez y Villalobos a la cárcel de Hermosillo, en Sonora.

Villalobos recuerda, en entrevista con Lilia Saúl –en el marco de esta investigación-- que, a partir de 2015, los líderes de la sección oaxaqueña sufrieron diversas acciones de acoso: “en mi caso, no solo fue la intervención de teléfonos, sino también gente afuera de mi casa, vigilándonos las 24 horas del día, seguimientos directos en las unidades vehiculares en las que veníamos, que venían detrás de nosotros; en las actividades, había personas infiltradas entre nosotros y que seguían nuestros pasos, como si fueran maestros”.

Al enterarse de la detención de dos de sus principales líderes, la Sección 22 de Oaxaca organizó el bloqueo de 37 puntos carreteros, exigiendo la liberación de los líderes, a los que consideraba presos políticos.

Mientras esto ocurría, en la Ciudad de México se llevaban a cabo intensas negociaciones. El 14 de junio de 2016, después de dos semanas de pláticas preliminares, Osorio Chong recibió a una comitiva de la CNTE, junto con una Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN), integrada por reconocidos defensores de derechos humanos, para asumir el papel de mediación.

Estas pláticas se desarrollaban con discreción, mientras la atención mediática y política estaba enfocada en las calles capitalinas, donde a menudo el movimiento magisterial se encontraba con el movimiento de solidaridad con los familiares de los 43 normalistas desparecidos de Ayotzinapa, y en las carreteras del sur del país.

La reunión del 14 de junio entre líderes seccionales de la CNTE y Osorio Chong y Miranda Nava fue la primera de muchas. En aquel entonces, el magisterio disidente llevaba la exigencia común de abrogar la reforma educativa, con particular insistencia en la evaluación docente, y se negaba a que el SNTE participara en las mesas.

Las detenciones de Núñez y Villalobos movieron las piezas dentro del bloque: la Sección 22 perdió poder de interlocución, lo que creó una pugna entre las demás secciones principales de la CNTE –la 7 de Chiapas, la 9 de la Ciudad de México, la 14 de Guerrero, y la 18 de Michoacán--. La sección chiapaneca se colocó poco a poco como la principal fuerza magisterial en el diálogo.

Las mesas de diálogo avanzaban; al tema principal –la reforma educativa-- se fueron sumando peticiones específicas de cada sección en torno a plazas, contratos, criterios y la espinosa cuestión de los pagos, los cuales habían sido modificados por la reforma educativa. Fuera de la atención mediática, Osorio Chong y Miranda resultaron negociadores eficaces, cada quien, con su estilo, pues mostraban cierta apertura a todos los temas, desde la reforma en su conjunto hasta los aspectos económicos particulares.

Pero la violenta represión del bloqueo carretero de Nochixtlán, que derivó en una masacre, cambió las cosas. El 19 de junio, el gobernador Gabino Cué Monteagudo pidió refuerzos del gobierno federal para desalojar a los pobladores que mantenían cerrada la caseta; más de 400 agentes estatales y federales –de la PF y la Gendarmería Nacional-- atacaron a los civiles, quiénes respondieron con piedras y cocteles molotov; en algún punto, los uniformados dispararon con balas, y asesinaron a ocho pobladores.

En un primer momento, la versión oficial estipulaba que los civiles habían disparado antes, pero este argumento nunca quedó probado. En la administración de Andrés Manuel López Obrador, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) calificó los sucesos de Nochixtlán como una “masacre”.

En aquel entonces, el diplomático Jan Jarab llevaba una semana como representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), y mandó de inmediato una comisión para investigar lo sucedido. Si bien recuerda que hubo “violencia de ambos lados”, también insiste en que “queda absolutamente claro los disparos a esta distancia no era una acción de defensa de la policía; eran escasos cientos de metros, y era el tipo de disparo destinado a provocar una herida mortal, y es lo que sucedió”.

Pegasus al rescate

En la Ciudad de México, la represión contra Nochixtlán causó una fuerte ola de indignación. A la par de que organizaciones de derechos humanos acompañaban a los familiares, el movimiento magisterial agarró más fuerza.

Tres días después, el 22 de junio, se llevó a cabo la primera reunión mediática en la Segob entre Osorio Chong y los líderes de la CNTE. Al salir de esta reunión, en la madrugada del día siguiente, gobierno y CNTE anunciaron una siguiente mesa para el 27 de junio, en la que participaría una delegación de familiares de víctimas de Nochixtlán. La CNTE afirmaba entonces que el gobierno mantenía una postura inflexible.

En las calles, con el nuevo impulso de la atención mediática, el movimiento se intensificó. Y justo por estos días, el gobierno de Peña Nieto trató de infectar los teléfonos de decenas de líderes de la CNTE: Adelfo Gómez (sección 7), Enrique Enríquez y Víctor Zavala (Sección 18), Francisco Bravo (Dirección Política Nacional), y otros 20 integrantes del gremio fueron seleccionados en la plataforma Pegasus de la agencia que parece ser el Cisen.

Y no solo los maestros: el gobierno también trató de intervenir los celulares de los defensores de derechos humanos Jorge Fernández Souza, Magdalena Gómez Rivera, Gilberto López y Rivas y Miguel Álvarez Gandara, todos integrantes de la CNUN, y mediadores en las mesas de diálogo entre Segob y CNTE.

En otras palabras: en cuestión de días, el gobierno trató de intervenir los teléfonos de todos los interlocutores de Osorio Chong, con un programa no solamente capaz de “pichar” las llamadas, sino de meterse hasta las entrañas de los dispositivos para espiar mensajes, correos, fotografías, videos, documentos y cualquier otro archivo disponible en el teléfono de los líderes de la CNTE, quienes en ese momento se encontraban en el centro de la agenda nacional.

As bajo la manga

El 27 de junio, Peña Nieto se encontraba de visita oficial en Canadá; en la tarde de ese día estaba prevista la segunda mesa de negociación pública, y frente al primer ministro Justin Trudeau, el mandatario dejó clara su postura autoritaria: tras reiterar que la reforma educativa “no está a negociación”, justificó la represión de Nochixtlán y dejó a entender que volvería a utilizar la violencia para imponer la “tranquilidad social”.

“Este no es el primer evento en que el Estado ha tenido que recurrir al uso de la fuerza pública para mantener el orden y la tranquilidad social, que muy lamentablemente desencadenó el hecho ocurrido en Oaxaca hace poco más de una semana, con la pérdida de vidas humanas”, declaró el exmandatario.

Aquella noche, se llevó a cabo la nueva mesa de negociación; los familiares de víctimas de Nochixtlán fueron atendidos por el subsecretario Roberto Campa Cifrán, y Osorio Chong y Miranda continuaron sus pláticas con los líderes de la CNTE, de la que salieron los líderes denunciando –de nuevo-- que las negociaciones estaban estancadas.

Ante ello, el gobierno operó un cambio de estrategia. Para terminar el asunto a la brevedad, Aurelio Nuño, quien había quedado excluido de las negociaciones, regresó en la escena junto con el SNTE, su as bajo la manga.

Sin razón aparente, escasas horas después de la segunda reunión entre Osorio Chong y la CNTE, el gobierno federal seleccionó con Pegasus los números de Juan Díaz De La Torre y Bernardo Quezada Salas, ambos líderes del SNTE y alineados con la SEP.

De hecho, el SNTE de Díaz de la Torre cobraba cara su lealtad a Nuño: durante su gestión al frente de la SEP, el amigo de Peña Nieto le entregó 13 contratos, que comprometían 2 mil 610 millones de pesos a cambio de que el sindicato realice “acciones de difusión sobre los beneficios y compromisos de la Reforma Educativa” o para el Programa Nacional de Apoyo a la Reforma Educativa, entre otros, como lo reveló la periodista Areli Villalobos en Proceso en enero de 2018.

En las negociaciones entre la Segob y la CNTE, el regreso de la SEP en el tema de la reforma educativa revolvió las piezas: la dependencia y el magisterio disidente sabían que, al no ser ya los interlocutores únicos, tanto la SEP como el SNTE tratarían de sabotear sus resultados para evitar que sus rivales –Osorio Chong y la CNTE-- sacaran provecho político de un eventual éxito de las negociaciones.

El 29 de junio de 2016, la CNTE anunció una “jornada intensiva de lucha de 72 horas”, con más bloqueos carreteros y manifestaciones en todo el país; Osorio Chong, por su parte, sostuvo que la reforma educativa “no está a negociación”, y la situación escaló con una nueva manifestación en la Ciudad de México, hasta la advertencia autoritaria del priista el 1o de julio, cuando afirmó: “el tiempo se ha agotado (…) los bloqueos y las afectaciones deben terminar”.

Por esos días, el gobierno federal había armado un enorme circo mediático, pues afirmaba que los cierres de carreteras creaban una grave penuria de alimentos en ciertas partes de Oaxaca. A pesar de que esto era falso, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), dirigida por José Antonio Meade Kuribreña, puso en marcha un muy mediático “puente aéreo” con aviones militares para llevar alimentos y productos de primera necesidad al Istmo de Tehuantepec –donde no hacían falta--.

El 5 de julio siguiente, el SNTE llevó a cabo una sesión extraordinaria, del cual sacó una lista de 10 “resolutivos” que plasmaban sus supuestos desacuerdos con la misma reforma educativa que había defendido a capa y espada durante meses; la mayor parte de estos resolutivos eran idénticas a las demandas de la CNTE. Acto seguido, Nuño recibió a Díaz de la Torre, y ambos acordaron que la SEP y el SNTE instalarían una “mesa de trabajo” paralela.

El 7 de junio, el SNTE pagó un amplio desplegado en la prensa, donde dio a conocer sus 10 puntos –el mismo día, la SEP otorgó al SNTE dos jugosos contratos de 150 y 140 millones de pesos, para “apoyar” una campaña de difusión sobre los beneficios de la reforma educativa--, y el 14 de julio, el sindicato y la dependencia anunciaron que revisarían la reforma educativa.

En las semanas siguientes se llevaron a cabo las mesas paralelas de negociación, con por un lado la Segob y la CNTE, y por otro lado la SEP y el SNTE, hasta que todos los actores se dieron cuenta que era momento ya de hacer un “corte de caja”: la CNTE ganaba ciertas concesiones en sus secciones principales, el SNTE no perdía representatividad; la Segob presumía cierta calma en las calles y la SEP rescataba su reforma educativa.

El 11 de agosto se llevó a cabo una reunión, en la cual ya se planteó el punto final de las negociaciones; al día siguiente, Núñez y Villalobos salieron libres de la cárcel de Hermosillo, y el 31 de ese mes concluyó formalmente ese capítulo del movimiento magisterial, hasta que se presente una nueva ocasión política.

Del lado de gobierno, las alarmas solo volvieron a prenderse en frebrero 2017, cuando la CNTE presentó ante el Senado una iniciativa ciudadana con 500 mil firmas en la que venía su propia “reforma educativa”: por aquellas fechas, el aparato de espionaje volvió a activarse intensamente, con la selección de más de 30 líderes de la CNTE en la plataforma Pegasus.

Lilia Saúl (OCCRP) participó en la realización de este reportaje.