MÉRIDA, Yuc. (apro).- La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) manifestó su inconformidad por las declaraciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en torno al caso de la muerte del joven veracruzano José Eduardo Ravelo Echevarría, en las que dio por concluidas sus indagatorias. 

En su carácter de representante de la familia del muchacho, el organismo expresó su extrañamiento por las conclusiones de la FGR sobre esa carpeta de investigación, ya que las pesquisas se encuentran “en una fase preliminar no conclusiva”. 

Y reclamó “la falta de sensibilidad en la forma en la que, sin previo aviso a la familia” de José Eduardo, la FGR dio a conocer la resolución.
 
“La familia de José Eduardo, al igual que cualquier persona que se acerca a una Fiscalía en busca de justicia, merece un trato digno y prioritario en el acceso a la información sobre su caso”, apuntó.
 
Además, exhortó a la FGR a “enunciar qué acciones penales va a realizar en contra de la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) por la probable alteración de evidencias por parte de los funcionarios ministeriales”. 
    
Y recordó que “tanto la tortura como la alteración de evidencias constituyen delitos, impiden el esclarecimiento de los hechos y son obstáculos para el acceso a la justicia de las víctimas, que deben ser erradicadas de manera definitiva”.  

El extrañamiento de la CEAV alude al comunicado que esta tarde emitió la FGR para dar a conocer sus conclusiones respecto al caso de José Eduardo, luego de que en la conferencia matutina, que hoy tuvo su sede en esta entidad, un reportero preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador los avances de la investigación.  

José Eduardo, de 23 años, falleció en agosto pasado en el hospital general Agustín O’Horán de esta capital por las presuntas lesiones que le causaron cuatro policías municipales, a quienes también acusó de violación, pero un juez los liberó porque la FGE no acreditó su presunta responsabilidad. 
    
En su comunicado, la FGR relató que el 18 de agosto la madre de José Eduardo interpuso su denuncia y con ello se inició la carpeta de investigación por la probable comisión del delito de tortura.  
    
Informó que, a partir de ese momento, recabó más de 50 testimoniales; realizó 45 periciales de diversas materias (medicina forense, química, genética, mecánica de lesiones, criminalística, audio y video, e informática, entre otros); más de 35 informes de la Policía Federal Ministerial (PFM), y tres inspecciones ministeriales.  

Además, exhumó el cadáver y se le practicó una nueva necropsia, en la que se concluyó que José Eduardo falleció “por neumonía no relacionada con algún traumatismo recibido durante su detención”. 
    
Aseguró que también se analizaron las videograbaciones de la totalidad de los hechos, desde el momento de su detención hasta su llegada a la cárcel (11 minutos), así como los videos de su estancia en el lugar (24 horas).  

“Del análisis de todos los videos, NO se advierte violación a los derechos humanos o comisión de algún delito. Sólo se advierten maniobras de sujeción respecto de la persona que se resiste al arresto”, destacó, y dijo que todos los videos están a disposición de los ofendidos y lo estarán a disposición del juez competente, en su caso.  
    
Añadió que a través del estudio de la mecánica de lesiones se concluyó que las lesiones causadas a José Eduardo “fueron correspondientes con maniobras de sujeción de una persona que se resiste al arresto y que tardan en sanar menos de 15 días, no poniendo en peligro la vida”. 
    
“Las declaraciones de los testigos son consistentes en señalar que el joven mencionado se resistió al arresto”, agregó. 

También concluyó que los números y colores de la patrulla señalados por el muchacho en la declaración en la que describió las agresiones sufridas “no corresponden a la evidencia, ya que no existen tales uniformes y características”.  

Abundó: “la búsqueda se amplió a todas las corporaciones que operan en la zona conurbada de Mérida, incluyendo policía estatal y municipales de Mérida y Kanasín”. 
    
De igual manera, “a través de periciales en medicina, la situación de salud de la víctima, lo cual se omite por respeto. Se llevaron a cabo también testimoniales de personas que convivieron con él en los meses previos a su muerte”. 

En definitiva, recalcó, la investigación de los hechos “confirmó que NO existió tortura, ni violación sexual, por parte de los elementos aprehensores de la policía municipal”.  

Y reveló: “Lo que SÍ existió fue la falsedad en dictámenes ministeriales; por ello, el 18 de octubre se ejercitó la facultad de atracción, sobre las conductas presuntamente responsables de personal de la Fiscalía General del Estado de Yucatán que falsearon dictámenes periciales y presionaron ilícitamente a testigos, con la finalidad de ejercitar acción penal en contra de policías municipales”.  

Anunció que por ello se está en proceso de judicialización, para ejercer acción penal en contra de tres servidores públicos de la Fiscalía yucateca. Además, advirtió, continúa la investigación “respecto de la posible negligencia médica, por parte de médicos responsables del Hospital General del Estado”.