CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa por la comisión de delitos fiscales, como defraudación fiscal, facturación falsa y contrabando, no fue del agrado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Así lo plasmó en la conferencia mañanera de este martes al afirmar que con ello “se trata de proteger a los delincuentes de cuello blanco, a los fifis”.

“Estas acciones no le ayudan a la Corte porque no actúan de forma igual con el pueblo raso”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la resolución del Poder Judicial que declaró inconstitucional la prisión preventiva para defraudadores fiscales.

Añadió que “hace falta todavía lograr en otros poderes, como en el Poder Judicial y en la Corte, que se castigue por igual a todos los que cometen un ilícito, y que no esté la justicia al servicio del dinero, de los poderosos”.

López Obrador apuntó que el Poder Judicial está a tiempo de reformarse y aseguró que su actuar no es el mismo cuando se trata de hacer justicia a la sociedad en general.

“Hace falta todavía el lograr en otros poderes como el Judicial, que se castigue por igual a todos los que cometen un ilícito y que no esté la justicia al servicio del dinero y de los poderosos”, indicó.

En la conferencia mañanera, el mandatario anunció que aceptarán el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero criticó la resolución de los ministros encabezados por Arturo Zaldívar.

Al respecto, dijo que anteponer los derechos humanos de las personas que defraudan al fisco va en la línea de seguir protegiendo a la corrupción y apoyar a las minorías.

“Es proteger al que tiene dinero y castigar a quien no puede comprar su inocencia”, sentenció.

Los mensajes de la resolución 

El presidente López Obrador consideró qué hay tres mensajes en la resolución del Poder Judicial.

Para entender el tema, dijo que demuestra que en el país “hay división e independencia” en los poderes como no sucedía en décadas.

“Es muy claro el que los ministros de la Corte actuaron con absoluta libertad, tienen la arrogancia de sentirse libres y esto es la democracia verdadera, es parte de la transformación que se ha logrado”, expresó.

El segundo mensaje, consiste en que hace falta lograr que se castigue por igual a todos los que cometen un ilícito y que la justicia no esté al servicio del dinero y de los poderosos.

Por ello, aseguró que en la SCJN, “no se actuó bien”, argumentando que se afecta el derecho humano y por ello no consideran delito grave y prisión oficiosa para quienes se hicieron millonarios por cometer fraudes fiscales, a través de la alteración de facturas, porque se afecta su derecho humano

“Cuando hay estos fraudes, la Hacienda pública deja de ingresar recursos y afecta los programas sociales y el beneficio de los más desprotegidos”, señaló.

Y el tercer mensaje, dijo, que el gobierno federal va a respetar la decisión de la Corte porque aspira a vivir en un auténtico Estado de derecho.

“Yo sostengo que por encima de la ley debe estar la justicia”, consideró el mandatario y dijo que las diferencias que mantiene con los ministros del Poder Judicial son naturales porque “la democracia es pluralidad.

“Yo creo que todavía es tiempo para que se reforme el Poder Judicial y que lo hagan ellos mismos pero estas acciones no le ayudan a la Corte porque no actúan de forma igual con el pueblo raso”, insistió.

Ayer, con ocho votos a favor y dos en contra, la SCJN invalidó las reformas a la legislación penal realizadas en noviembre del año pasado para castigar con cárcel los delitos fiscales, como el contrabando, la defraudación fiscal y el uso de facturas falsas, en atención a los recursos promovidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y senadores de oposición contra de diversas disposiciones de la de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales y Fiscal de la Federación.

Tras la votación, el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, escribió en su cuenta de Twitter que su voto fue congruente con lo que ha sostenido desde hace años.

“La prisión preventiva oficiosa es inconvencional por ser contraria al principio de presunción de inocencia. Al interpretar la Constitución estamos obligados a hacerlo a la luz del artículo primero constitucional y privilegiar el principio pro personae”, puntualizó.