CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– La directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Tania Ramírez Hernández, calificó como “falsa solución” la recomendación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de “prohibir los videojuegos o retirarlos” para evitar el reclutamiento forzado de menores de edad.

Tras la difusión del rescate de tres niños originarios de Oaxaca que fueron contactados por presuntos integrantes de un grupo del crimen organizado a través de una plataforma de videojuegos, la directora de la organización civil dedicada a la defensa de niñas, niños y adolescentes consideró que “ni los videojuegos ni las plataformas digitales son las responsables de las violaciones en contra de los derechos” de las infancias en México.

Apuntó que “estas plataformas son lugares de comunicación, de acceso a la información y expresión de las propias opiniones, que en el contexto de resguardo por la pandemia aumentó la participación y socialización digital”.

Ramírez recordó que en su informe “Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México”, se advierte que los menores son “víctimas permanentes de las desigualdades sociales y económicas y muy especialmente, de la violencia generalizada y armada que toca a la niñez y adolescencia y que los hace vulnerables de caer en las manos de grupos criminales”.

Al destacar que la niñez y la adolescencia “carecen de posibilidades de participación en una sociedad adultocéntrica que les expulsa una y otra vez de espacios de reconocimiento”, urgió a tipificar como delito el reclutamiento forzado “en cualquiera de sus modalidades”.

Para la directora de Redim “investigar y juzgar a quienes realizan estas prácticas contra las infancias tiene que ser una prioridad del Estado y sus autoridades”, toda vez que, de acuerdo a estimaciones de 2020, 145 mil y 250 mil menores entre los cero y 17 años están en riesgo de reclutamiento por parte de grupos delictivos.

De acuerdo a un estudio realizado por Redim y el Observatorio Nacional Ciudadano los menores de Estado de México, Jalisco, Chiapas, Puebla y Guanajuato, “concentran 41.5% de esta población en riesgo”.

Tania Ramírez resaltó que el Estado mexicano “carece de cifras oficiales que permitan dimensionar y dar puesta en marcha de una estrategia para prevenir que las infancias sean víctimas de redes y grupos delictivos, mediante el reclutamiento incluso virtual”, como ocurrió en el caso de los niños oaxaqueños.

La defensora insistió en que “la atención y prevención de las diversas formas de violencia a las que están expuestos niñas, niños y adolescentes, y en especial, ante la violencia armada en México, no puede hacerse desde un enfoque coyuntural como si se tratara de situaciones especiales o particulares”.

Apuntó que la violencia generalizada en el país y que afecta a menores, “requiere ser abordada desde una política pública de Estado y sus autoridades, donde se reconozca el delito de reclutamiento y, sobre todo, a niños, niñas y adolescentes como víctimas de estos delitos y como sujetos de derechos, tomando en cuenta el interés superior de la niñez, conforme lo establece nuestra Constitución”.

Tania Ramírez conminó a dar seguimiento a las acciones de prevención de la violencia emprendidas por la Comisión para poner fin a toda la forma de Violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes (Comprevnna), que coordina el Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), “con un enfoque de derechos humanos que evite criminalizar” a los menores y a sus familias, “víctimas principales de las violencias y desigualdades”.