CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La International Chamber of Commerce México (ICC México) advirtió que la reforma eléctrica impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador regresará al país por lo menos cuatro décadas atrás en la generación de energía eléctrica.

“Lo que vemos los integrantes de la ICC México es la sincronización de un diseño normativo que por encima de los derechos humanos de quienes lo habitamos, nos conduce a la recarbonización del modelo energético del país y a la dependencia en el corto plazo de modelos más destructivos del medio ambiente, como sería el fracking, para resolver la demanda de petróleo, porque las reservas probadas al día de hoy son apenas para 9.5 años”, destacó en un comunicado.

De acuerdo con el ICC, el problema de reputación internacional para la nación tampoco es un asunto menor, porque provocará incertidumbre y pone en riesgo la confianza de la inversión extranjera directa en México y el consiguiente aislamiento de nuestro país del resto de la economía mundial, al atentar contra el Estado de Derecho por violentar principios constitucionales de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresión en materia de derechos humanos.

“Además de una evidente antinomia, incongruencia y oposición constitucional respecto de aspectos de igualdad, no discriminación, derecho a la salud y a un medio ambiente sano, desarrollo integral y sustentable, prohibición de leyes privativas, retroactividad, seguridad jurídica, garantía de audiencia, impartición de justicia, propiedad privada, libre competencia y concurrencia, proporcionalidad, racionalidad, confianza legítima y competitividad”, detalló.

El ICC, una organización consultiva de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o la Organización Internacional del Trabajo (OIT), advirtió que la reforma busca restringir a sectores afectados la posibilidad de recurrir con medios legales de defensa domésticos, al proponer plasmar esta transformación en el texto constitucional, lo que generará confrontación entre derechos y principios constitucionales.

 No obstante, abundó, se puede anticipar que las empresas analizarán e intentarán acciones legales domésticas e internacionales en contra de la eventual reforma, por la clara antinomia e incongruencia que existe con diversos derechos fundamentales y principios constitucionales.

Agregó que aun cuando tampoco se contempla una expropiación directa para evitar las indemnizaciones, la inanición económica de las empresas y los proyectos mediante la cancelación de los permisos de producción, los contratos de compraventa de energía y de autoabasto celebrados con particulares, así como la cancelación de los Certificados de Energía Limpia (CEL’s), sí constituirían una expropiación indirecta del sector.

Lo anterior porque ponen en riesgo el valor de las inversiones como resultado de actos de gobierno (que incluyen cambios regulatorios en el sector). 

“Es claro que procederá la protección a la inversión contenida en los diferentes tratados firmados por México, e incluso si un país considerara que la violación a los acuerdos es de gran perjuicio para sus inversionistas, podría darse un litigio Estado-Estado, incluyendo la afectación mediante la imposición de aranceles”, alertó.

La ICC México hizo un llamado a los legisladores en el Congreso de la Unión para poner un alto a la iniciativa de reforma constitucional enviada desde la Presidencia de la República, porque –apuntó-- significa no sólo una simple modificación a la Carta Magna, sino quitar a México la visión de modernidad que poco a poco se venía registrando en los más recientes años y en los cuales se habían sentado las bases para entrar al primer mundo en aspectos de manejo del medio ambiente.