CIUDAD DE MÉXICO (apro).—Luego de que el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett denunció a la iniciativa privada de “no pagar y no invertir”, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) acusó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de “utilizar el nacionalismo como pretexto para atentar contra el estado de derecho”.

“Con las recientes declaraciones es evidente que el respeto y cumplimiento de las leyes y la Constitución en nuestro país están en grave riesgo y la solución no es que un grupo de personas dicten normas inconstitucionales, sino todo lo contrario, debemos reforzar y consolidar aún más nuestro estado de derecho”, expresó en un comunicado el organismo encabezado por Carlos Salazar Lomelín. 

Agregó, “es un atentado contra el sistema que tantos años nos ha costado construir y contra los preceptos legales que nos protegen de la arbitrariedad del autoritarismo. No vayamos contra la historia de nuestro país que creó y fortaleció el estado de derecho”.

Para el CCE, reformar la ley con base en la ideología y la manipulación de los distintos sectores de la ciudadanía es totalmente inaceptable. “Es una estrategia política que sólo genera, como resultado, el engaño y la división de la sociedad”, atizó.

Sobre las declaraciones de Bartlett, las 12 organizaciones que integran el CCE aclararon que el compromiso del sector privado es y será “siempre con el bienestar de las familias mexicanas y su economía, así como hacer valer el estado de derecho”.

Salazar Lomelín, quien fue empleado de FEMSA, una de las compañías acusadas de aprovecharse de la reforma eléctrica impulsada por el gobierno pasado, detalló las “características esenciales” del estado de derecho:

Imperio de la ley, división de poderes, sujeción de la administración a la ley y al control judicial, derechos y libertades fundamentales para los ciudadanos, y justicia igual para todos.

“El estado de derecho es, entonces, una creación intelectual del género humano, tal vez la más importante de la historia, cuya esencia es proteger al ciudadano del mismo poder que dicta las leyes, evitando así sus posibles abusos”, abundó.

La cúpula empresarial aseguró que “los ciudadanos queremos impedir que desde el Gobierno arbitrariamente se vulneren y se pasen por alto los diques de contención legales, porque entonces sería admisible que cualquiera lo haga o que cualquier ciudadano que considere que una ley no le favorece, la desconozca”.

Asimismo, añadió que el propio Estado de Derecho no es inamovible, y proporciona los medios para defender cualquier idea y proponer las novedades que se quieran introducir en nuestro sistema constitucional.

“Las 12 organizaciones que integran el CCE hacemos un enérgico llamado a respetar el Estado de Derecho e invitamos al Poder Legislativo a emitir un voto sustentado y responsable. No a la provocación y a la polarización, sí al diálogo respetuoso para mantener una industria eléctrica fuerte, sana y competitiva, generadora de empleos y crecimiento en favor del bienestar de México” remató.