CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Alianza para el Gobierno Abierto en México, manifestó su preocupación por los cuestionamientos hechos por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, sobre la existencia de los organismos constitucionalmente autónomos, como el INAI y el IFT.

En un comunicado, firmado por organizaciones como Artículo 19, Fundar y el Observatorio Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, entre otras, consideraron que eliminarlos implicaría un grave retroceso en materia de derechos humanos en México.

“En la conferencia matutina de este jueves 7 de enero, el presidente señaló que prepara una reforma administrativa para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INA) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) pasen a ser parte de secretarías y dependencias del gobierno federal, lo que implicaría su eliminación y pérdida de autonomía”, indicó en un comunicado, difundido por Artículo 19.

En ese sentido, manifestó su inquietud de que el IFT sea absorbido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o la Fiscalía Anticorrupción controlen al INAI.

“Lo anterior resulta preocupante debido a que los organismos constitucionales autónomos cumplen una función de contrapesos al poder frente a las arbitrariedades de las instituciones gubernamentales como de servidores y servidoras públicas”, señaló.

Consideró que estos organismos son y han sido herramientas ciudadanas para ejercer derechos clave como la libertad de expresión y el derecho a la información que permiten el ejercicio de otros derechos, razón por la cual es fundamental garantizar su existencia e independencia.

Desde su perspectiva, delegar las funciones del IFT e INAI representa un retroceso para la democracia y las conquistas ciudadanas, pues convertirían a las instituciones en juez y parte del ejercicio de la transparencia, la cual realizarían de manera discrecional y arbitraria.

El argumento del presidente es que son organismos que “han salido muy caros” para el país, y no se puede entender que la planeación de su desaparición responda a esa razón, pues “son instituciones diseñadas para la tutela de derechos y se concibieron de esa manera para mantener independencia de los poderes sujetos a su escrutinio”.

Además, se afectará a las y los trabajadores de los organismos que se pretenden desaparecer, pues los relevarían personas de la estructura de la administración pública descentralizada, por lo que la decisión, la cual calificó como imprecisa y contradictoria, se pretende acabar con los contrapesos institucionales resultado de décadas de luchas ciudadanas, añadió.

Recordó que la autonomía del INAI no fue una concesión de los gobiernos, sino una conquista llevada a cabo por la sociedad civil organizada en procesos democráticos materializados en las reformas constitucionales de 2007 y 2014.

“Eliminar este organismo sería un atentado contra la transparencia y el derecho al acceso a la información, herramientas clave para que la sociedad pueda tener acceso a toda la información generada por el Estado, lo que se traduce en el ejercicio de un derecho clave para la rendición de cuentas en un régimen democrático”, apuntó.

Destacó que esta decisión contraviene estándares internacionales en materia de derechos humanos, en especial, del derecho a la información.

En ese sentido, instó al presidente a sumar esfuerzos para fortalecer de manera institucional a los organismos  e instituciones del Estado que han sido herramientas indispensables para la ciudadanía y el ejercicio de sus derechos”.

En 2019, la directora de Artículo 19, Ana Cristina Ruelas, criticó al INAI porque, afirmó, ese sistema no es accesible para todos y consideró que hace falta un acercamiento del INAI con los ciudadanos para que se cumpla de manera efectiva el derecho al acceso a la información pública.