CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La Comisión Permanente del Congreso recibió una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar los artículos 116 y 127 de la Constitución, para establecer límites a la remuneración de los integrantes de los organismos autónomos. Las reformas al 116 y al 127 buscan añadir a “las personas de derecho público, órganos y organismos con autonomía” para que sus remuneraciones no sean mayores a las del presidente.

“Se considera conveniente, a fin de dotar certeza jurídica e imponer límites a la discrecionalidad en las remuneraciones de los servidores públicos de las personas de derecho público, así como de los órganos y organismos con autonomía”, se lee en la exposición de motivos que envió el Poder Ejecutivo.

La iniciativa señala que algunos entes públicos dotados de autonomía reconocidos en la Constitución son el Banco de México, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Fiscalía General de la República, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los Tribunales Agrarios y la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, se agrega un transitorio para que las remuneraciones que sean superiores al salario del presidente sean ajustadas o disminuidas en los presupuestos de egresos correspondientes al ejercicio fiscal del año siguiente.

El gobierno federal había anunciado que buscaría blindar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos constitucionales 75 y 127, ante una ola de amparos en contra de la medida.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha concedido suspensiones a la aplicación de la llamada “ley de salarios máximos” a trabajadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), del Instituto Nacional Electoral (INE), del Institutos Federal de Telecomunicaciones (IFT) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La propuesta con la que el jefe del Ejecutivo pretende frenar este tipo de suspensiones fue enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.