OAXACA, Oax. (apro).- A un año y cuatro meses de que la saxofonista María Elena Ríos fue atacada con ácido, por órdenes del empresario prisita Juan Antonio Vera Carrizal, la artista mixteca sigue con miedo y clamando justicia ante la “inacción e incompetencia” de la Fiscalía General de Oaxaca.

Y es que, a pesar de la detención de cuatro personas acusadas de feminicidio en grado de tentativa, entre ellas el autor intelectual Vera Carrizal, ninguno ha sido sentenciado, mientras que el hijo del empresario sigue prófugo. 

Pero, además, ahora pretenden reclasificar el delito, y el fiscal Rubén Vasconcelos Méndez ya no le contesta las llamadas a la víctima.

Es por ello que “hago la invitación al Congreso local de Oaxaca, a los senadores, a que inviten al fiscal general de Oaxaca a comparecer. Nos debe muchas explicaciones y me atrevo a decir nos debe porque ha sido un caso emblemático, muy duro, complejo, triste y doloroso, pero sobre todo emblemático, porque muchas mujeres se han visto reflejadas”.

En entrevista con Aristegui en Vivo, la saxofonista también externó su miedo: “No ha habido una búsqueda adecuada, como fue el compromiso. Y la verdad es una burla que mi familia y yo sigamos viviendo con miedo mientras esta persona, que tiene una orden de aprehensión, ande como si nada”. 

Por esa razón decidió recurrir a los medios, para evidenciar las omisiones de la fiscalía, en espera de que “se pongan a hacer su trabajo”.

Mencionó que el fiscal ya no le toma las llamadas y que si bien se logró la reapertura del caso para que fuera analizado con perspectiva de género, “no se ha hecho absolutamente nada” y el plazo para la acción está próximo a vencer.

Esto, subrayó, deja en evidencia la “falta de empatía” o que existe un acuerdo. “Creo que no soy la única que lo piensa, lo percibe la sociedad en general, que tiene una postura muy similar”.

La saxofonista María Elena Ríos fue atacada con ácido el 9 de septiembre de 2019, situación que le causó daños irreversibles en gran parte de su cuerpo.

Ante la presión nacional e internacional, el gobierno de Alejandro Murat detuvo a tres implicados en el ataque: Ponciano H. Y. (23 de diciembre de 2019) y su hijo Ruvicel H. R. (el 25 de diciembre de 2019), así como Rubén L. C. (1 de abril 2020).

La presión no cesó, hasta que el 6 de abril de 2020 Juan Antonio Vera Carrizal se entregó de manera voluntaria en las instalaciones del Centro de Comando, Control y Comunicación (C4) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.

Tras su aprehensión --proveniente de la causa penal 553/2019 emitida por el juez de Control de Huajuapan de León--, el imputado fue llevado a audiencia ante la autoridad judicial correspondiente con sede en esa ciudad de la mixteca oaxaqueña.

Sigue prófugo de la justicia el hijo del legislador, identificado como “El Gordo”.

Vera Carrizal es acusado de ordenar a Rubén que contratara a otra persona, en este caso a Ruvicel, para vaciarle ácido sulfúrico a María Elena y causarle la muerte, a cambio de 30 mil pesos. 

El caso trasciende a su persona y a su familia y se trata de un caso de todos, dijo Ríos, por lo que demando al fiscal que no se reserve la información. “Sobre todo, que acepte y reconozca la inacción, la incompetencia que ha tenido respecto a mi asunto y que, a pesar de que públicamente se comprometió en repetidas ocasiones, ese compromiso deja mucho que desear”, manifestó en la entrevista con Carmen Aristegui.

Se dijo “muy desconcertada” y “triste” por las mujeres oaxaqueñas que han sido víctimas de violencia y que se encuentran con una autoridad que, lejos de cobijarlas, resulta omisa. “Si (esto ha sucedido) en mi caso, que es demasiado emblemático y conocido, no solamente en Oaxaca sino en la República y en otros países, ¿qué se pueden esperar mujeres cuyo caso desafortunadamente no ha trascendido?”.

Finalmente comentó que en su caso hay evidencia suficiente para responsabilizar al priista Juan Vera Carrizal como presunto autor intelectual de la agresión y a las otras personas señaladas.

“Actualmente está en prisión preventiva. Intentaron tumbar el asunto aminorándolo nuevamente por lesiones, que es una enorme falta de respeto no solamente a mí sino a todas las personas, a toda la sociedad. Lamentablemente persiste, por parte de su defensa, (la idea de) que nosotras somos personas muy vulnerables y que pueden arrebatarnos de un momento a otro la poca justicia que se ha logrado mediante la corrupción”.

Consideró que su caso ha sido “muy corrompido”, porque si bien algunos presuntos responsables están en prisión preventiva, la última orden de aprehensión emitida no se ha ejecutado “porque no se ha querido, es evidente”. En ese sentido, comentó que se ha tratado de comunicar con el fiscal Vasconcelos para preguntarle por qué en Huajuapan de León se ha visto en innumerables ocasiones a su agresor material. “No ha habido una búsqueda adecuada, como fue el compromiso”.