CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Rumbo las elecciones del 6 de junio próximo, los partidos políticos prometen desde la conversión del Sistema Nacional Anticorrupción en otro organismo autónomo, reestatizar la banca o gravar las operaciones bursátiles, hasta la entrega de una “canasta básica digital” y nuevas reformas electoral, educativa, laboral y energética.

Los 10 partidos políticos consiguieron hoy la aprobación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) a las plataformas electorales con las que competirán entre sí, con las propuestas que impulsarán sus diputados por fuera de los acuerdos de coalición signados. 

Por ejemplo, el Partido Acción Nacional (PAN) promete convertir en dos nuevos organismos autónomos el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y bancarizar toda operación del gasto público para que sea rastreable de principio a fin, además de prohibir el uso de dinero en efectivo en todo nivel de gobierno, los tres poderes de la Unión y organismos autónomos. 

“Todo el gasto público se hará en forma electrónica, con el apoyo de la tecnología blockchain, para que se pueda rastrear en todo momento el destino final de los recursos públicos”.

También ofrece, con sus 124 diputados (en caso de alcanzarlos, por fuera de los 176 candidatos registrados conjuntamente con PRI y PRD en la coalición Va por México), cancelar el financiamiento público a los tres proyectos estrella del gobierno: la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, y restablecer los fideicomisos públicos y transparentarlos.

En el ámbito educativo propone que el Estado pierda el monopolio en la impartición de la educación sufragada con recursos públicos, y plantea crear en la ley “los bonos educativos, para que la niñez y la juventud puedan decidir en qué escuela o Universidad, pública o privada, quieren estudiar, y que sea financiada por el Estado”.

En su plataforma, Morena prácticamente hace una reiteración de propuestas legislativas ya aprobadas: creación de Guardia Nacional, reforma laboral, extinción de fideicomisos y programas de apoyo; el Partido del Trabajo (PT) plantear ir más allá y “recuperar el control estatal de sectores estratégicos (incluida la banca) y de la infraestructura básica”.

Los abanderados petistas, por fuera de su coalición Juntos Hacemos Historia (con Morena y PVEM para buscar juntos 151 curules), impulsarán renegociar la deuda externa para liberar recursos propios, y nuevas reformas electoral, educativa, laboral y energética.

En materia política siguiere que los 10 partidos tengan el mismo financiamiento y acceso a radio y televisión, “establecer el derecho a la libre coalición entre organizaciones con y sin registro”.

En lo educativo, actualizar planes y programas de estudio; estructura y flujos financieros que lo sustenten en el corto, mediano y largo plazos, y en materia energética recuperar “los recursos energéticos --petróleo, gas y electricidad-- y la capacidad productiva de las empresas del Estado”.

En su plataforma, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) plantea que impulsará gravar las transacciones financieras en la Bolsa Mexicana de Valores y entre los bancos, para que paguen “un impuesto de 0.5% de sus ganancias, el cual será destinado a la inversión productiva estratégica, centrada en la soberanía alimentaria, la transición a las energías renovables, a la protección del medio ambiente y a la investigación científica y tecnológica”.

También se propone revisar la reducción de la carga fiscal del Fobaproa-IPAB que absorbe cada año más de 40 mil millones de pesos, ya que la deuda original de 688 mil millones ahora alcanza un poco más de un billón de pesos, y regular la tasa de interés y comisiones bancarias y las que cobran las administradoras de fondos de retiro (Afores) a los trabajadores.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) indica en su plataforma que impulsará un plan anticíclico con apoyos e incentivos fiscales a las pequeñas y medianas empresas para la reactivación económica.

Además, plantea una reforma la Ley de Coordinación Fiscal para que los estados “participen con justicia de los fondos federales”. Empero, propone que “el orden de gobierno que ejerza el gasto deba fiscalizarlo”.

En tanto, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) propone restituir las estancias infantiles, pero ahora llamados Centros de Desarrollo Infantil para población abierta, y no solamente para derechohabientes del IMSS y el ISSSTE.

Como el PAN --que le llama Ingreso Único Universal (IBU) e insistirá en él--, el PVEM propone un ingreso “mínimo vital” para que el mayor número posible de personas “puedan disponer libremente de recursos económicos mínimos para hacer frente a sus necesidades”.

De igual manera, se plantea impulsar la universalización del acceso a las tecnologías digitales y “dotar de una canasta básica digital (al menos una computadora, una tableta o un teléfono inteligente, más una conexión a internet que garantice el acceso habitual al mismo) a los hogares que no puedan adquirirla”.

En la aprobación de las plataformas, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló que en momentos en que el debate político “es diálogo de sordos o intercambio de agresiones” en redes sociales, los partidos deben explicar con amplitud y sustancia su proyecto de país, con polémica y confrontación, pero sin descalificar ni estigmatizar.