CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que el legislador Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo (PT), ejerció violencia política de género en contra de la diputada panista Adriana Dávila Fernández; de no emitir una disculpa pública podría resultar inelegible para un cargo popular en las elecciones del 6 de junio.

Al hallársele responsabilidad, el petista deberá acudir a cursos de sensibilización y, a fin de restablecer la dignidad, reputación y derechos político-electorales de la denunciante, tendrá que emitir una disculpa pública “en la que reconozca la comisión de los hechos y la aceptación de la responsabilidad derivada de las expresiones denunciadas”.

En la sentencia, el legislador fue apercibido de que de no proceder conforme a lo ordenado y emitir esas medidas de reparación, “se le impondrán medidas de apremio, como su inscripción en el Registro Nacional de Personas sancionadas en Materia de Violencia Política de Género”.

De acuerdo con las reformas en materia de paridad total y en contra de la violencia política de género, estar inscrito en ese registro podría ser causal para no obtener el registro de una candidatura a un cargo de elección popular, aunque eso aún estará sujeto a análisis y resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) y eventualmente del TEPJF.

En la sentencia los magistrados rechazaron los alegatos del petista, en el sentido de que sus dichos no estaban dirigidos a la panista, que están amparados en el ejercicio de la libertad parlamentaria y legislativa y que sólo ejerció su libertad de expresión.

Por el contrario, se consideró que Fernández Noroña –quien pasadas las 8 de la mañana de hoy todavía presentó un escrito en su defensa--no acreditó que el evento en el que emitió sus expresiones haya tenido el carácter parlamentario o legislativo, por lo que no lo hizo en ejercicio de su función como diputado.

Tampoco se aceptó el argumento de que no se refirió a Dávila, pues las manifestaciones “contienen elementos de los que se desprende inequívocamente que fueron dirigidos en contra de la diputada” y es infundado que se argumente que se hizo en ejercicio de la libertad de expresión, se determinó por unanimidad.

El ejercicio de la libertad de expresión y parlamentaria en el debate político “y un nivel de crítica más intenso no le da derecho, no le da cobertura a expresiones que puedan constituir violencia política de género, como ocurre en el caso”, se estableció.

Esa violencia “es un hecho inaceptable para la sociedad y es un obstáculo para que las mujeres ejerzan sus derechos políticos con libertad y dignidad”, dijo la magistrada Janine M. Otálora, mientras que el magistrado presidente, José Luis Vargas, consideró que esa conducta es “un cáncer”.

El magistrado suplente Juan Carlos Silva Adaya indicó que los servidores públicos deben cumplir un “principio de sujeción especial a la ley, sus libertades de expresión, manifestación y opinión; se encuentran sujetos a estas limitaciones y no se puede afectar los derechos de los demás, en este caso el de las mujeres”.

Al confirmarse el procedimiento sancionatorio avalado por el Consejo General del INE, en noviembre pasado, se le demandó al legislador la disculpa pública, y como medida de no repetición el denunciado deberá inscribirse y aprobar los cursos en línea de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
 
Este caso se derivó de una reunión el 5 de octubre de 2019 realizada en el Congreso de Tlaxcala –de donde es Dávila-- y en la que el petista dijo: “me comentan que hay una diputada que fue senadora y que está vinculada a este tema y que es más bocona que la chingada, no sé si sea cierto o no, pero en Tlaxcala siguen los problemas, pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca”. 

La referencia del petista fue en relación con la comisión de delitos de trata de personas en los que –según dijo Noroña-- habría participado la legisladora. En los siguientes días el diputado reconoció un error, pero no admitió haber ejercido violencia política en razón de género.

En Twitter, el petista acusó a las autoridades de actuar de manera facciosa: "Hagan lo que hagan y digan lo que digan, nunca he cometido violencia de género. Las autoridades electorales están actuando de manera facciosa e hipócrita buscando minar mi camino y manchar mi trayectoria. Pero será el pueblo quien decida mi destino".